ROMA.- “Si la delincuencia atraviesa frontera, lo mismo debería hacer la ley. Pero eso no pasa”. Con palabras claras y simples, el juez Sebastián Casanello , que tiene en sus manos las causas más explosivas del país en este momento – la ruta del dinero K , los Panamá Papers y la tragedia de Time Warp , entre otras-, denunció hoy en el Vaticano la falta de colaboración internacional de los países “centrales o paraísos fiscales” a la hora de entregar información bancaria y financiera en casos de lavado, trata y crimen organizado.
Casanello -que justamente viajará desde esta capital a Suiza para pedir información sobre la causa que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez -, planteó esta preocupación en la segunda y última jornada de la Cumbre de Jueces sobre crimen organizado y la trata de personas en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.

“Tengo acá una carpeta con un montón de rechazos de pedidos nuestros de información bancaria, de transferencias. Por lo general o se invoca la doble incriminación, que es un requisito que no debería estar, o si no, se piden antecedentes de forma interminable”, dijo el magistrado, que como sus colegas compartió su experiencia en la materia.

En una ponencia de trece minutos sobre “La colaboración internacional en materia de criminalidad organizada, del dicho al hecho”, Casanello lamentó que si bien existen los instrumentos para perseguir los delitos en cuestión, a la hora de la colaboración internacional, todo queda en la nada. Y son más las trabas.
“Las organizaciones delictivas buscan ganancias. Así como Pepsi y Coca-Cola compiten entre sí y adquieren mayor eficiencia en su funcionamiento, las organizaciones criminales hacen exactamente lo mismo”, subrayó, al hablar de la trasnacionalidad de la circulación de capitales y el lavado de dinero.

“En el plano de la ley, la gran mayoría de países tenemos estándares muy altos, instrumentos para combatir la criminalidad organizada y para la colaboración internacional. Mi pregunta es si esto se repite en la práctica”, afirmó, lamentando una distinción entre práctica y lo que es la ley, entre formal y real.

Luego de explicar que la colaboración internacional se divide en tres grupos – extradición, medidas de coerción y simple información-, Casanello aseguró que estos “auxilios a veces se convierten en algo imposible”. Y contó que en la mayoría de los casos que tuvo en sus manos, incluso países que son parte del GAFI -el Grupo de Acción Financiera Internacional- “no cumplen con los pedidos de información”. “Por experiencia, esto sucede cuando pido información financiera o de depósitos. Por lo general requieren doble incriminación o piden antecedentes de forma interminable”, lamentó.

“Es preocupante que, como vimos en las ponencias de los demás colegas jueces de otros países, si bien hay consenso en perseguir el crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico, como delitos sumamente graves que lesionan en lo más profundo la libertad de las personas, su dignidad y el desarrollo de los pueblos, cuando de lo que se trata es de perseguir lo producido, depositado en otros países, tales compromisos en los hechos decaen”, criticó. “Lo que en un comienzo entonces era violencia, ultraje, delito, tal como lo dijeron en innumerables oportunidades, una vez invertido en los bancos pareciera que deja de serlo y se transforma en una cifra virtuosa que aumenta el PBI de esos países”, disparó.

Casanello -que mantuvo anteayer una reunión a solas con el papa Francisco , algo que se interpretó como un respaldo a su trabajo-, definió lo anterior como algo “dramático” y “un panorama desesperanzador”. “Por eso creo, humildemente, que hay que llevar a la práctica lo que pusimos en palabras”, concluyó.

 

fuente LA NACIÒN

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