El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer que un grupo de expertos compare las declaraciones juradas presentadas por el presidente Mauricio Macri entre 2013 y 2015.
Estas declaraciones tienen diferencias y el fiscal quiere saber si se trata de “contradicciones”, tal como sostuvo el denunciante, el diputado del Frente para la Victoria Norman Martínez. Según él, hay incoherencias en cuanto a bienes y valuaciones.

Delgado afirmó ayer que de corroborarse las “contradicciones”, deberá determinar si “son falsas o meros errores” y “si están ancladas en la dificultad de articular los formularios exigidos por el gobierno local con aquellos del federal, como señaló el propio Macri ante la Oficina Anticorrupción”. Esto es en referencia a que en 2013 era jefe de gobierno porteño y sus declaraciones estaban regidas por las normas locales, con formularios diferentes a los que utiliza el gobierno nacional.

Delgado pidió el “análisis comparativo” en un dictamen que presentó ayer en el juzgado federal de Sebastián Casanello. En el mismo escrito, precisó los límites de esta causa contra Macri, que se inició como consecuencia de las revelaciones de los Panamá Papers. Las primeras sociedades offshore mencionadas en esta causa fueron Fleg Trading LTD, de Bahamas, y Kagemusha, de Panamá. Fleg Trading -firma de la que Macri fue director y vicepresidente- apareció en los Panamá Papers. La existencia de Kagemusha se conoció por el registro público de Panamá.

A partir de estas sociedades, la Justicia dio con otras, en principio vinculadas, y también pidió informes en las últimas semanas.
La defensa de Macri se quejó entonces de la amplitud que estaba tomando el caso. Ayer, Delgado rechazó esta acusación y negó que se hubiera ampliado el objeto procesal del caso. Explicó que si creció el número de sociedades que están bajo análisis es porque están relacionadas con las originales. Acompañó su dictamen con un cuadro que da cuenta de los vínculos entre las firmas.

“No sumamos sociedades ni fuimos de pesca: la inspección de la vida social de Fleg y Kagemusha nos llevó a otras personas jurídicas, pero nunca nos corrimos de lo que dijimos: determinar si la «vida social» de las empresas infringió algún tipo penal, para luego discernir cómo funcionó la evolución de las leyes en la materia, extremo que tampoco es sencillo porque desde 1998 hubo cambios bruscos”, afirmó el fiscal.

Con respecto al pedido de comparación, Delgado sugirió que se encomendara la tarea a “los docentes de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA”.

Explicó que es necesario “comprender los métodos [del sistema federal y el local para declarar bienes] y tratar de compatibilizarlos” y que por eso sugería a “profesionales altamente capacitados en metodología”.

Según el fiscal, una vez resuelta esta cuestión se podrá, como pretende el denunciante, analizar el contenido de las declaraciones y determinar a qué juez le tocará investigarlo

 

fuente LA NACIÒN

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