El juez federal Claudio Bonadioallanó ayer las oficinas del Grupo Indalo, del empresario Cristóbal López , en busca de pruebas para la causa en la que se investigan los vínculos comerciales entre la familia Kirchner, López y Lázaro Báez .
Cristina Kirchner y su hijo Máximo, como dueños de la firma Los Sauces SA, están imputados por haber tenido de inquilinas de sus inmuebles a compañías de López y de Báez. La sospecha es que esos alquileres podrían haber sido, en realidad, retornos encubiertos a la familia presidencial a cambio de beneficios en contratos millonarios de obra pública. Eso fue lo que pidió investigar la denunciante, la diputada Margarita Stolbizer. La causa, con dos meses, está dando sus primeros pasos.
Bonadio llegó ayer a las 9 al edificio de la avenida Córdoba 653/657, sede del Grupo Indalo. Participaron del allanamiento gente de su juzgado; el fiscal del caso, Carlos Rívolo, y unos 30 agentes de la Policía Metropolitana. Estuvieron varias horas buscando papeles en el edificio (tiene once pisos) y se retiraron con comprobantes de pago de alquileres y cocheras; recibos de luz y gas (los más nuevos, de 2016) y dos contratos de alquiler. En realidad, un contrato y una prórroga de ese acuerdo, cuyo objeto es un inmueble de la calle Macacha Güemes, firmado entre Los Sauces e Inversora M&S, del Grupo Indalo. Así lo informaron a LA NACION fuentes de la causa que participaron del operativo.
La orden de allanamiento, firmada por Bonadio anteayer, habilitaba «al uso de la fuerza pública» y a «la fractura» de puertas, armarios y escritorios que estuvieran cerrados. Nada de eso fue necesario. El personal de la compañía que recibió al juez puso a su disposición lo que el magistrado le pidió y se comprometió a acercarle más documentos en los próximos días.
«Los abogados quedaron en llevar al juzgado papeles que quedaron pendientes -dijo a LA NACION un vocero del Grupo Indalo-. Colaboramos y vamos a colaborar con la Justicia. Los contratos que se investigan no tienen nada irregular. Está todo a derecho. No tenemos ningún problema en que hagan lo que tengan que hacer.»
Bonadio había ordenado que se analizaran también las computadoras. Un grupo de especialistas de Cibercrimen de la Policía Metropolitana visitó ayer oficinas de la calle Ingeniero Butti, donde están los servidores del grupo, para hacer una copia espejo de su contenido.
En forma paralela a estos operativos, Bonadio había ordenado un segundo allanamiento, que también se hizo ayer por la mañana, en tres inmuebles del complejo Madero Center. El plan era secuestrar toda documentación vinculada con la locación de esos inmuebles desde 2008 en adelante y determinar «quién vive o utiliza esos inmuebles». Para investigar si los inquilinos efectivamente ocuparon los departamentos, el fiscal Rívolo pidió además información sobre los servicios. También, determinar si los precios pactados por los alquileres fueron los de mercado.
La sociedad Los Sauces fue constituida en 2006 por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. De acuerdo con la denuncia, ellos percibieron un total de 20,7 millones de pesos como «adelantos de dividendos» por el cobro de alquileres a firmas de Báez y de López.
Unificación rechazada
El juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner para unificar las causas Hotesur y Los Sauces, donde se analiza el alquiler de propiedades de la ex presidenta a empresarios ligados al kirchnerismo.Carlos Beraldi, quien representa legalmente a Cristina, apeló ayer mismo el fallo con vistas a que la Cámara Federal revierta la decisión. Decidirá la Sala I de ese tribunal.
fuente LA NACIÒN
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