Otro traspié para Lázaro Báez y Ricardo Echegaray . El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart ordenó reabrir una investigación por presunta evasión tributaria de Austral Construcciones tras obtener indicios de que la anterior gestión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le ocultó información para proteger al supuesto testaferro de la familia Kirchner.

La investigación original se cerró en mayo de 2015 con el sobreseimiento de dos colaboradores de Báez: el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y su contador, César Andrés. Pero ahora, a pedido del fiscal Claudio Navas Rial, la investigación se amplió: intentará determinar qué funcionarios y agentes de la AFIP aportaron información sesgada a la Justicia.
López Biscayart ordenó la reapertura del expediente poco después de que el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP, Jaime Mecikovsky, se presentó ante el juez Sebastián Casanello a fines de abril y reveló la protección del organismo a Báez durante años.

“Pese a que el Dr. López Biscayart habría ordenado la fiscalización de la firma Austral Construcciones, lo único que se habría hecho es la compulsa de sus acreedores con la base de facturación apócrifa, no realizándose una verdadera fiscalización profunda sobre la realidad de las operaciones comerciales que declara la empresa como crédito fiscal”, indicó Mecikovsky.
La información sesgada que reportó la AFIP llevó a López Biscayart a concluir que no correspondía avanzar contra Austral Construcciones ni contra Mendoza y Andrés, ya que los montos exigibles por impuestos no superaban el mínimo de $ 400.000 al año fijado por ley para iniciar acciones legales penales.

Según le informó entonces la AFIP a López Biscayart, sus inspectores sí objetaron las declaraciones juradas que presentaron varias empresas de Báez por los convenios firmados con los hoteles de la familia Kirchner; entre ellas, La Estación, Don Francisco, Kank y Costilla y la constructora Loscalzo y del Curto SRL. Verificaron que Austral operó con proveedores de facturas truchas en Bahía Blanca y Rosario, pero por montos bajos, y que Báez había accedido a abonar lo reclamado.
En ese contexto, López Biscayart recordó que la ley “exige que el monto evadido supere los $ 400.000 por tributo y por ejercicio anual, aun cuando se trate de tributos instantáneos o de período inferior a un año”. Y consideró entonces “agotada la investigación” y cerró el caso. La medida se confirmó cuando el fiscal consintió y no apeló.

Diez meses después, sin embargo, Mecikovsky y dos sabuesos de la Regional Bahía Blanca, Carlos Blanco y Silvia Huici, se presentaron ante la Justicia y detallaron qué ocurrió dentro de la AFIP, tanto en aquella ciudad del sur bonaerense como en la Capital Federal. En particular con usinas de facturas apócrifas como Calvento SA y Grupo Penta, y la empresa Constructora Patagónica Argentina, que quedó bajo sospecha.

“Resumiendo -indicaron Blanco y Huici-, se cambiaron las jefaturas a cargo de las fiscalizaciones vinculadas con las facturas «usina» detectadas (disolución de la Dirección Regional), se evitó solicitar información a Austral Construcciones, reteniendo el requerimiento del investigador, se calificó rápidamente a Calvento SA como contribuyente apócrifo (escasas operaciones) y se mantuvo como contribuyente normal a Grupo Penta, con una más que evidente actitud de justificación de las presuntas operaciones realizadas con Austral Construcciones.”

Así, desde la AFIP también se habría ocultado que Grupo Penta le facturó $ 13,4 millones a Austral Construcciones. “No hay constancias de que esto le haya sido informado al doctor Javier López Biscayart”, remarcó Mecikovsky.

Ayer lo reafirmó al testificar ante López Biscayart, el juez al que le habían ocultado esos datos y que ahora también busca determinar la “cadena de responsabilidades” durante la gestión de Echegaray.

Datos ocultos reavivan el caso

El juez Javier López Bizcayart había cerrado en 2015 una causa contra empresas de Lázaro Báez por evasión.

El testimonio de un funcionario de la AFIP, Jaime Mecikovsky, que contó cómo el kirchnerismo protegía al empresario, permitió reabrir la causa.

Ahora, a pedido del fiscal Claudio Navas Rial, se amplió la investigación y además del empresario se analizará la conducta de los funcionarios de la AFIP que debían controlar las empresas de Báez.

 

fuente LA NACIÒN

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