Luego de la vergonzosa detención del ex secretario de Obras Públicas kirchnerista José López mientras dejaba de madrugada casi 9 millones de dólares en un convento del Gran Buenos Aires, las justicias provincial y federal ordenaron ayer trece allanamientos llevados a cabo en diversas propiedades relacionadas con el ex funcionario. López será trasladado hoy a primera hora a los tribunales federales de la avenida Comodoro Py para ser indagado en una vieja causa por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

Los allanamientos se llevaron a cabo en dos propiedades alquiladas de la ciudad de Río Gallegos que figuran en la declaración jurada de bienes de López e incorporada a la causa que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito, otros tres terrenos sin construir en la localidad turística santacruceña de El Calafate y tres más en Tucumán en igual condición, una caja de seguridad en un banco porteño, y un departamento y una oficina en Capital Federal.

Los otros dos allanamientos fueron llevados a cabo en su casa del Tigre, junto al río Luján y en el convento de General Rodríguez donde había sido detenido ayer a la madrugada mientras intentaba dejar allí casi 9 millones de dólares en bolsos que descargaba de su camioneta. En su casa la Policía encontró otros US$ 2.500 mientras que en la caja de seguridad del Banco Patagonia se habrían hallado otros Us$ 70.000.

Representado por la mediática abogada Fernanda Herrera, López se negó a declarar ayer por la tenencia del arma cuyo permiso tenía vencido y que llevaba al momento de ser detenido y también por el origen de los millones de dólares contablizados por la Policía Bonaerense. Hoy será trasladado a los tribunales de Comodoro Py para declarar como acusado ante el juez federal Daniel Rafecas por presunto enriquecimiento ilícito, pese a los intentos de su defensora por demostrar que no está en sus cabales.

La indagatoria había sido pedida por el fiscal Federico Delgado luego de conocerse la detención de quien fuera secretario de Obras Públicas de la Nación desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2015, es decir durante los tres períodos de gobiernos kirchneristas. Esa investigación abarcará todo su desempeño en la administración pública nacional, según resolvió ayer la Cámara Federal de Casación Penal al rechazar un planteo de López contra una decisión de Rafecas y Delgado.

“Un Estado que no se rigiera según la Justicia se reduciría a una banda de ladrones”, escribió al camarista Alejandro Slokar al redactar el fallo de la Casación y citar a San Agustín. Slokar, identificado con la agrupación Justicia Legítima, fue avalado por los otros dos integrantes de la Sala II de la Casación Penal Federal, Angela Ledesma y Pedro David.

Herrera no podrá representar hoy a López ante el juez Rafecas ya que no está matriculada en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Fuentes judiciales dijeron a Clarín que el ex funcionario kirchnerista gestionaba un nuevo abogado defensor luego de haber tenido sucesivamente en esta causa a Diego Pirota y Carlos Gustavo Frasquet, ya alejados del caso.

A pedido del fiscal Delgado, ayer Rafecas decretó la inhibición general de los bienes de López, como así también los que figuren a nombre de su esposa y de su suegra, María Amalia Díaz y Lucía Corvalán de Díaz, respectivamente. Ellas también están imputadas en la causa, como es usual en los casos de familiares de funcionarios o ex funcionarios investigados por el delito de enriquecimiento ilícito.

Rafecas también dispuso la inmovilización de los fondos de las cuentas bancarias de esos tres imputados. Pese a que la vieja causa abierta por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans tiene 23 cuerpos de expedientes, el juez no había encontrado elementos para llamar a indagatoria a López hasta su vergonzosa detención del martes a la madrugada.

“Hace varios años que la causa se inició por la denuncia de Ricardo Monner Sans. Estábamos con suerte dispar, con un expediente que estaba en una meseta, con idas y venidas y muchos planteos. La realidad no para de improvisar y el hecho de ayer (por anteayer) ha simplificado la parte del enriquecimiento y transformó ese proceso en una simple cuenta entre lo que declaró y lo que se encontró”, dijo ayer Delgado a Radio Vorterix en referencia a la detención del ex funcionario “in fraganti” y con la plata de presuntos actos de corrupción.

La “simple cuenta” mencionada por el fiscal es, efectivamente, muy fácil de hacer. En sus declaraciones juradas de bienes, el ex número dos del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado Julio De Vido había declarado bienes por unos dos millones de pesos. Pero la Policía Bonaerense constató anteanoche que tenía casi nueve millones de dólares.

 

fuente CLARÌN

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