Con un guiño de la Corte Suprema de Justicia y tras la recuperación del juzgado federal de Río Gallegos -controlado durante 12 años por el kirchnerismo-, se reabrieron las causas por la venta a precio vil de terrenos fiscales en El Calafate, entre otras que involucran a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Como juez subrogante de la capital de Santa Cruz, el camarista de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, dispuso recientemente el desarchivo de esas causas y la apertura de un sumario por la actuación de la abogada K Andrea Askenazi Vera como jueza federal suplente de ese distrito. El sumario se debe al hallazgo de “demoras, deficiencias e irregularidades” fundamentalmente en las causas por corrupción contra los K tramitadas en esa juzgado estratégico.

En el sumario, al que accedió Clarín en fuentes judiciales, se destaca que Askenazki había ordenado a sus empleados que las “causas políticas” se las debían entregar en mano a ella, que le podía la sigla de su nombre “AVAD” y luego rotularla como “expediente pasado a secreto”.

La causas más resonante retrasada en el tribunal de Río Galleros era la referida a la compra por parte de Néstor y Cristina Kirchner de terrenos fiscales en El Calafate a 7,5 pesos el metro cuadrado. Kirchner compró 2 hectáreas a 50 mil dólares y las vendió después en más de 2 millones de dólares al grupo chileno Cencosud. En El Calafate, “el lugar en el mundo” de Cristina, no solo los Kirchner sino también otros 50 ex funcionarios compraron tierras fiscales a precio vil.

La denuncia fue hecha en febrero de 2008 por el abogado radical Alvaro de la Madrid quien estimó que si se considera el valor de mercado las tierras vendidas a los K valen unos 300 millones de dólares (Ver pág. 9).

En el “freezer” del juzgado también estaba una denuncia de la actual diputada del Parlasur de Cambiemos, Mariana Zuvic, por cartelización de la obra pública de Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez, que se quedaron con el 92 por ciento de los contratos que otorgaron a la provincia el ex presidente Néstor Kirchner y Cristina.

Otra causa planchada” desde el 2014 es una denuncia contra Ricardo Barreiro, conocido como “el jardinero de los Kirchner”, por incompatibilidad de funciones entre su trabajo en como empleado público, en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), entre otras dependencias, y a la vez ser concesionario de la firma de carga aérea Jet Paq S.A., que depende de Aerolíneas Argentinas.

La misma “mala suerte” tuvo una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans por enriquecimiento ilícito contra los Kirchner: una tasación de las propiedades K no se pudo hacer hasta el día de hoy.

Esta virtual “intervención” del juzgado de Río Gallegos, se logró gracias a que el Consejo de la Magistratura -ahora con mayoría de Cambiemos- nombró como jueces subrogantes de ese juzgado estratégico a los miembros de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Leal, Aldo Suárez y Hebe de Corchuera, quienes se rotan en el cargo cada 60 días mientras se nombra un juez titular.

El último paso para ese nombramiento fue la votación del 31 de mayo en la Magistratura en la que ganó por 8 a 5 con los votos la designación de esas camaristas de Comodoro Rivadavia como subrogantes. Votaron en contra el kirchnerista Héctor Recalde y la jueza Gabriela Vázquez, entre otros, lo que muestra la resistencia K hasta último momento.

Así, con jueces investigando en Comodoro Py y taponado el juzgado de Río Gallegos, se esbozó un operativo de pinzas para investigar a Lázaro Báez y a otros responsables de delitos cometidos en Santa Cruz. El juez Sebastián Casanello sostiene que no puso las irregularidades en las obras públicas como delito precedente del lavado en la ruta del dinero K precisamente porque el juzgado de Río Gallegos había sobreseído o archivado la mayoría en estos años.

Esta jugada para garantizar las investigaciones comenzó el año pasado cuando la entonces mayoría K en la Cámara de Diputados impulsó la creación de una Cámara Federal en el pueblo de Luis Piedrabuena, Santa Cruz, como una forma de absolver en ese futuro tribunal de apelaciones todas las causas vinculadas con la corrupción K cometidas en territorio de esa provincia y correr a la Cámara Federal de Comodoro.

Paralelamente, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, tomó medidas administrativas para que no se constituyera ese tribunal de alzada en Luis Piedrabuena, donde el kirchnerismo pretendía nombrar jueces propios y mandar todas las causas. Luego, la Corte declaró inconstitucional el nombramiento de abogados como jueces subrogantes, que era otra de las formas de “colonización K” de la Justicia.

 

fuente CLARÌN

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