El Consejo de la Magistratura aprobó ayer por unanimidad el pedido de auditoría a los juzgados federales de Comodoro Py pero también del resto del país formulado por una docena de entidades vinculadas a la Justicia para determinar los motivos por los cuales las causas de corrupción demoran tanto tiempo.

La solicitud del grupo de ONGs lideradas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) fue votada afirmativamente por los once miembros presentes del Consejo de la Magistratura, incluido el bloque kirchnerista, que tuvo dos ausencias: la del diputado Héctor Recalde, presidente de su bloque en la Cámara baja, y la de la senadora santacruceña Virginia María García, quien se retiró del salón antes que se votara este tema.

De esta manera, se auditarán todas las causas por casos de corrupción iniciadas después de 1996 no sólo en los tribunales de Comodoro Py sino también en todos los juzgados federales penales de todo el país, de acuerdo con el texto de la resolución votada ayer.

La llamada “auditoría de relevamiento y gestión” se hará sobre “los juzgados y demás tribunales federales con competencia en materia penal de todo el país respecto de la tramitación de un conjunto de causas judiciales” en base a un parámetro definido en la misma resolución.

Esto es, las causas caratuladas con los delitos que comúnmente engloban los casos de corrupción en el que “haya sido imputado un funcionario público nacional” y en el que “haya existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal”.

El relevamiento incluirá “el número total de causas iniciadas” entre 1996 2016, “con indicación de la cantidad anual respectiva y discriminadas por juzgado, recursos humanos con los que cuenta el tribunal, técnicos y tecnológicos afectados al trámite de las mismas”, los “delitos objeto de investigación”, la “fecha de inicio de cada causa”, la “fecha y el modo de culminación”, el “plazo promedio de las causas culminadas, con el detalle correspondiente a cada juzgado”.

Respecto de las causas en trámite se relevará su número total, “con el detalle correspondiente a cada juzgado”, los tipos de delito investigados, la fecha de inicio de la causa, su número de expediente, “carátula y radicación de origen”, la fecha del requerimiento fiscal, delegación a la Fiscalía (si la hubo) y la “fecha y la cantidad de personas citadas a indagatorias”, además de “la fecha de celebración de esas indagatorias”.

También, si los hubiera, las fechas de los procesamientos, “con detalle de la cantidad de personas imputadas y si se encuentran en prisión preventiva”, la “fecha y cantidad de eximidos y/o excarcelados”, la “fecha y cantidad de autos de falta de mérito” y sobreseimientos y prescripciones”.

Además se autorizó a recabar la fecha de elevación a juicio de las causas, el pedido fiscal respectivo, la cantidad de recursos planteados durante la instrucción, el tiempo que pasó el expediente en las cámaras de apelaciones, y la fecha “del último acto de impulso procesal”, entre otros pasos de los juicios.

Para ello se encomendó la tarea al Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación y se le pidió prioridad a los casos que hayan motivado denuncias contra los jueces en el Consejo de la Magistratura.

 

fuente CLARÌN

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