José López tiene cita con la Justicia esta semana. Otra vez será trasladado desde la cárcel de Ezeiza hasta los tribunales de Comodoro Py 2002, donde hoy lo indagará el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por otorgar fondos públicos para que las Madres de Plaza de Mayo realizaran el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos.
López enfrenta allí acusaciones de malversación de caudales y fraude pues se sospecha que parte del dinero que con su firma envió el Estado a los municipios para la construcción de las casas sufrió desvíos y terminó en los bolsillos de Sergio Schoklender , de su hermano Pablo y de integrantes de Madres de Plaza de Mayo. Por eso el jueves será indagada la presidenta de esa organización, Hebe de Bonafini .
López llegará a los tribunales preso y así se irá. Su abogada Fernanda Herrera pidió ayer su excarcelación. Sostiene que no dejó su defensa, aun cuando ensaya para participar en el programa de TV «Bailando por un sueño», y que su poder para representar al ex funcionario kirchnerista no fue revocado, por lo que sigue comprometida con la defensa de su cliente.
Ante la solicitud, el fiscal Federico Delgado se opuso y dictaminó que López debe seguir detenido. Hoy resolverá el juez Daniel Rafecas , quien rechazará la solicitud de excarcelación y determinará que López permanezca tras las rejas.
Delgado aludió a los riesgos de liberar al procesado y juzgó que pueden «hacer fracasar la investigación». Recordó que López fue detenido cuando estaba «intentando asegurar la impunidad del hecho escondiendo las pruebas del delito», lo que dijo que pudo apreciarse con mucha nitidez.
Inspección judicial
Por otra parte, Rafecas ordenó realizar hoy una inspección judicial a la casa donde López declaró que vivía al momento de ser detenido, en la madrugada del 14 de junio.
Delgado pidió un análisis de llamadas entrantes y salientes de cuatro teléfonos celulares hallados en esa casa, en la que López vivía con su esposa, María Amalia Díaz, imputada en la causa pero aún no indagada. También se solicitó un informe de llamadas entrantes y salientes desde líneas fijas de una oficina ubicada en Lavalle 1300, en la Capital, y de la casa de dique Luján.
El fiscal Delgado escribió que el procesamiento de López por enriquecimiento ilícito, «sumado a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que fue detenido, revela con nitidez que estaba intentando asegurar la impunidad del hecho escondiendo las pruebas del delito».
«Por lo tanto, allí estriban los riesgos procesales que pueden hacer fracasar la investigación y que sólo se pueden evitar mediante la medida cautelar personal», consideró Delgado en su dictamen.
Herrera, abogada de López, había pedido a la Justicia su excarcelación «bajo cualquier tipo de caución». La defensora hizo la presentación a primera hora en el juzgado de Rafecas, pese a que el viernes pasado había anunciado en Twitter que renunciaba a la defensa tras haber sufrido «sensaciones de acoso sexual de parte» de López.
Rafecas había procesado con prisión preventiva al ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo por el delito de «enriquecimiento ilícito» y le embargó sus bienes por 200 millones de pesos. A la vez, había dispuesto extraer copias de todo lo actuado para que se investigue en forma paralela a López por presuntos delitos de corrupción, en el contexto de la causa que lleva adelante el juez Julián Ercolini por supuestos sobreprecios en contratos de obra pública entre 2003 y 2015.
Robo en la casa de Tigre
Un chapista vecino de José López entró en la casa del ex funcionario en Tigre y se llevó una TV y una guitarra eléctrica. El joven, de 21 años y domiciliado en Villa La Ñata, fue imputado por el delito de hurto, dijeron fuentes policiales a la nacion.
Todo se inició cuando se recibió una llamada en el 911 que advertía de un posible robo. La policía encontró en la casa de un vecino una guitarra eléctrica y un aparato de TV de pantalla curva de 55 pulgadas que serían de López.
El sospechoso intentó explicar que encontró todo tirado en el patio de su vecino. La policía dio intervención al fiscal Mariano Magaz, que comunicó lo sucedido al juez federal Daniel Rafecas, a cargo del caso por enriquecimiento ilícito.
fuente LA NACIÒN
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