El futuro de Ricardo Echegaray como presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) está en manos de dos jueces de la Cámara Federal que esta misma semana podrían provocar que el ex funcionario kirchnerista vuelva al cargo o siga suspendido en sus funciones.

Es que el ex titular de la AFIP del gobierno kirchnerista fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio, merced a una denuncia de Alfonso Prat-Gay, actual ministro de Hacienda. Bonadio lo procesó porque, cuando estaba al frente de la AFIP, supuestamente violó secretos e instigó a sus funcionarios a señalar a Prat-Gay como integrante de una red dedicada a que grandes empresarios con cuentas en Suiza evadieran impuestos.
Es un asunto menor, comparado con los otros, pero era la medida que esperaban en la AGN para activar su salida del organismo. Aunque Echegaray apeló esa decisión y está bajo análisis de dos jueces de la Sala I de la Cámara Federal, que en los últimos años falló más cerca de los deseos del kirchnerismo.

De los tres jueces que tenía la Sala I sólo quedan dos: Eduardo Freiler -a quien el macrismo quiere ver lejos de su cargo- y Jorge Ballestero.

El tercer juez, Eduardo Farah, que era suplente desde hacía casi una década, renunció a esa suplencia hace dos semanas y sólo actúa como titular en la Sala II de la Cámara Federal.

Sólo se pronunciaría en el caso Echegaray si sus dos ex colegas Freiler y Ballestero no se pusieran de acuerdo, dijeron a LA NACION fuentes con acceso al tribunal.

La Sala I ya hizo una audiencia en la que el abogado de Echegaray, Carlos León Arslanian, y el de Prat-Gray, Alejandro Carrió, presentaron sus argumentos a favor y en contra del procesamiento del ex hombre fuerte de la AFIP. Ahora la resolución está en manos de la Sala I, que podría pronunciarse esta semana.

Si le dieran la razón a Echegaray ,podría volver a su cargo, pues no sólo fue suspendido como titular de la AGN con la firma de las autoridades de la Cámara de Diputados y el Senado, sino que una jueza en lo contencioso administrativo federal lo suspendió en sus funciones al hacer lugar a una medida cautelar. Es que la ley es clara cuando dice que el titular de la AGN no puede tener causas pendientes con la Justicia.

El juez Bonadio procesó a Echegaray porque dijo que Prat-Gay integraba una red que facilitaba la evasión fiscal. Se basó en información confidencial que envió el gobierno de Francia, a partir de los datos que aportó un ex ejecutivo “arrepentido” del banco HSBC de Suiza.

Esos datos revelaban que el actual ministro de Hacienda era apoderado de Amalia Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Amoedo para manejar cuentas de ambas en el HSBC de ese país europeo.

Echegaray, por su parte, decía que esa cuenta no estaba declarada y, por eso, la AFIP lo denunció. En ese tiempo, Echegaray lo acusó por los medios. Sin embargo, la AFIP para entonces ya tenía datos de que el contenido de la cuenta estaba declarado, con lo que Echegaray estaba al tanto de que era falso que el funcionario macrista fuera integrante de una “plataforma facilitadora para la evasión”. Por eso lo procesó y esta semana se decide su futuro judicial y político.

Otras causas

Echegaray, además, enfrenta otras causas: el juez federal Ariel Lijo prepara su indagatoria en el caso Ciccone, donde está a punto de ir a juicio oral el ex vicepresidente del kirchnerismo Amado Boudou.

Asimismo, el juez federal Julián Ercolini lo indagará por pedido del fiscal Gerardo Pollicita por no reclamarle al empresario del juego cercano al kirchnerismo Cristóbal López unos $ 8000 millones en impuestos impagos a los combustibles. El juez federal Sebastián Casanello, en tanto, analiza si actuó como protector del empresario Lázaro Báez, al evitar investigarlo.

En tanto, Sergio Torres estudia cómo el ex recaudador fiscal incrementó su patrimonio.

 

fuente LA NACIÓN

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