Un día después de la marcha atrás parcial en los aumentos del gas, el Gobierno pasó en limpio las cuentas: considera que se ahorrará este año $ 78.000 millones en subsidios a la energía, el transporte y el agua, los principales motores que movilizan el déficit fiscal. Dicho como porcentaje del producto bruto interno, como se suele medir el rojo del Estado, la administración de Mauricio Macri espera terminar el año con una participación con un gasto en subsidios de 3,3 puntos del PIB, en comparación con los 4,3 puntos que se llevó en el último año de la gestión kirchnerista.

Son números que satisfacen a quienes tienen voz y voto en la conducción económica, desde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sus asesores Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay y el propio presidente Mauricio Macri.

Un funcionario de consulta permanente de Macri justificó en diálogo con LA NACION el optimismo por la mirada paciente con la que el Gobierno enfrentó las subas tarifarias. Esgrimen entre los argumentos el cambio cultural que debieron enfrentar. “Antes del aumento de tarifas nadie en la Argentina pensaba en el costo de la energía o en el consumo. Ahora sí. Para nosotros es positivo. Tenemos que lograr un cambio de régimen tarifario en cuatro años que nos puede implicar dar cuatro pasos para adelante y dos para atrás. Si es necesario, como en este caso, lo haremos”, completó.

El primer aumento de tarifas, que comenzó a regir en abril de este año, implicaba que la demanda comenzara a pagar un 90% del costo del gas. El resto seguiría corriendo por cuenta del Estado. Con los anuncios del lunes pasado, que le ponen un tope de 400% a la suba de gas sobre la boleta en comparación con el mismo período del año pasado, la demanda pagará un 70% de los costos, según cifras oficiales.

Desde el punto de vista de las cuentas públicas implica que el Gobierno deberá arrojar al consumo poca más de $ 11.000 millones que tenía ya se había metido en el bolsillo para moderar el rojo fiscal, cuyo resultado es uno de los cimientos más importantes de la estabilidad económica.

Pese a los cambios en las tarifas, Macri y sus colaboradores creen que este año el déficit fiscal terminará en 4,8% puntos del PIB. Quien lo hizo público ayer fue Prat-Gay. Dijo que cuando anunciaron esa meta fiscal para este año, no se preveían “aumentos de tarifa de gas superiores al 400%”. Por lo tanto, los cambios no afectan el objetivo fiscal.

Incluso quienes tienen miran los números con anteojos de economista antes que de político creen que la aplicación de las nuevas tarifas está en línea con lo que esperaba el Gobierno en diciembre del año pasado. Un colaborador de Macri lo puso en estos términos: la propuesta de Cambiemos es cambiar de modelo económico sin crisis. Con una economía estancada en los últimos cuatro años (si bien hubo años de crecimiento, se compensan con los que registraron retrocesos) y un fuerte ajuste de los precios relativos en dos planos (las tarifas y la devaluación), aplicar una receta de ajuste ortodoxo hubiese sido un error político y económico”.

Los funcionarios intentan imprimirle una mirada productivista a la cuestión del gas, antes que fiscal. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, lo dijo anteayer: más allá de los gastos del Estado, el país tienes riesgos de quedarse sin el gas que necesita para sostener la economía.

El Gobierno estima que la Justicia no frenará este año los aumentos. Ayer presentó un recurso extraordinario ante la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, con lo que ganó tiempo hasta que la cuestión sea resuelta por la Corte Suprema. Salvo una denegación, nada puede suspender el nuevo cuadro tarifario en el corto plazo.

Los aumentos de transporte, por su parte, no despertaron grandes sobresaltos en la oposición política ni en los consumidores, al igual que los de agua. Los números de Aysa le dieron a Lopetegui una grata sorpresa, desde el punto de vista oficial, en los últimos días: pese a los aumentos, la morosidad en los pagos de sus clientes está en niveles similares a los que marcan sus datos históricos.

Se postergó la reunión por el presupuesto

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso postergó el tratamiento del DNU 797/16, que aumenta en más de $ 100.000 millones el presupuesto para asistir al sistema previsional y el plan de inversiones en obra pública para los próximos cuatro años.

La reunión, que estaba prevista para las 17, se pospuso hasta después del receso legislativo, en la primera semana de agosto. “Anteayer tomamos conocimiento de que varios legisladores estaban imposibilitados de concurrir, y se decidió actuar de la misma manera que en otras circunstancias, posponiendo el tratamiento. No hay nada raro”, dijo a la nacion Luis Naidenoff, senador formoseño (UCR) y titular de la comisión.

La norma, publicada el 22 de junio pasado, fue firmada por la vicepresidente Gabriela Michetti, y por 13 ministros. El texto tiene como fecha el 16 de ese mes, cuando Mauricio Macri se encontraba de viaje en Colombia.

 

fuente LA NACIÒN

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