por Marcelo Bonelli

Mauricio Macri desoyó las sugerencias internas de reemplazar a Juan José Aranguren por una cuestión de fondo: la decisión de acelerar el ajuste de tarifas la tomó a fin de febrero el propio Presidente.

Al promediar el verano el ministro de Energía elevó una propuesta gradualista, que fue primero desechada por la Jefatura de Gabinete. Aranguren propuso un plan progresivo para recomponer el atrasado precio de los servicios. Incluía dos opciones: una recomposición más exigente de dos años y otra más laxa de tres años. La iniciativa se discutió, pero no superó el filtro de los auditores. Mario Quintana y Gustavo Lopetegui la rechazaron y propusieron un ajuste mas drástico.

Eran momentos de tranquilidad para la Casa Rosada y cuando por arrogancia o error de diagnóstico se tomaron como verdad absoluta los informes de los bancos de inversión sobre la –nunca ocurrida– lluvia de dólares, la inmediata reactivación y la caída de precios.

Aranguren discutió, pero perdió la pulseada. Mauricio Macri laudó en favor del ajuste más brusco que propusieron la dupla Quintana-Lopetegui y que después derivó en la ola de reclamos.

Esta fue la historia secreta del tarifazo. El ministro de Energía se alineó y tomó como suya la estrategia del duro “ajuste”. La medida – además –se instrumentó mal. No hubo explicaciones, ni un mínimo trabajo previo para evitar los excesos y las injusticias sobre los sectores sociales más vulnerables.

El “tarifazo” le provocó un desgaste a la Casa Rosada. Ayer el Gobierno estaba pendiente de un pedido a la Cámara de la Plata: hizo una presentación para que se habilite la feria y el conflicto se resuelva antes de que finalice julio.

La cuestión recalentó la interna y todos atacaron a Aranguren. Enfurecido, Rogelio Frigerio dejó trascender su malestar y Alfonso Prat Gay censuró: “Nunca quisimos aumentos del mil por ciento”. Aranguren respondió a ambos en la intimidad: “Ellos quieren hacer carrera política, yo solo un aporte al país”.

La decisión de Macri y la “mala praxis” en la instrumentación del tarifazo le generaron un costo inesperado a la Casa Rosada. A eso hay que sumarle la inflación y la fuerte recesión. La industria cayó un 5% en mayo y la construcción 13% en junio.

El otro error inicial de Cambiemos fue tratar de minimizar la herencia. Jaime Durán Barba sugirió en diciembre omitir el tema, para no generar un clima negativo en la sociedad, como si la gente no padeciera a diario los problemas.

Pero en el movimiento empresario destacan otra cuestión: no está claro aún el rumbo del Gobierno y hay ausencia de un plan económico y de inversiones.

Como anticipó Clarín, Julio de Vido fue otra vez procesado ayer. Se trata del responsable directo del atraso de las tarifas y de la política que generó solo déficit energético. Pero sigue auditando al Gobierno desde la Comisión de Energía, donde está protegido con fueros.

Sin duda los hechos de corrupción más graves pasaron por el Ministerio de Planificación. Ayer la Justicia volvió a poner contra la pared a YPF: tiene que cumplir el fallo de la Corte y en cinco días dar a conocer completo el leonino contrato firmado con Chevron.

El anterior gobierno firmó cláusulas lesivas con la soberanía y el convenio incluye un dato insostenible: las inversiones de Chevron entraron a la Argentina a través de cuentas offshore, cuyos propietarios son varios directores de YPF.

La difusión del contrato –como ordenó la Cámara– pondrá en una situación delicada a varios actuales directores y en especial a Daniel González, candidato frustrado de un sector del macrismo para suceder a Miguel Galuccio. González –de estrecha relación con Quintana y Laura Alonso– fue el director financiero que organizó esa irregular forma de canalizar la inversión de Chevron a través de cuentas offshore.

El juez Claudio Bonadio investiga la millonaria compra de buques de gas, que estuvo a cargo de De Vido y de Axel Kicillof. La Auditoría General de la Nación dijo que importaron 513 barcos con sobreprecios del 20%.

El juez Julián Ercoloni investiga “la cadena de la felicidad” en la obra pública. Se trata de un grupo de empresas que tuvieron privilegios en las licitaciones y a la hora de cobrar, y fueron lideradas por Austral Construcciones.

El magistrado tomará una medida que inquieta a los constructores: después de la feria citara a los “ceo” de todas las empresas que tuvieron acceso a obras viales. Ercolini quiere saber una cosa: cómo funcionaba el sistema y quiénes eran los privilegiados que cobraban al contado y quiénes eran castigados con plazos largos. La medida provoca ruido en la Cámara de la Construcción. Hay un grupo de firmas líderes que pretenden desplazar a Juan Chediak de la presidencia y ubicar a Gustavo Weiss. Sería en los próximos meses. La cuestión es un secreto a voces y se maneja con discreción. A Chediak no lo critican por el pasado sino por el presente.

A comienzo de año las constructoras hicieron un acuerdo con Guillermo Dietrich para cobrar la monumental deuda que dejó Cristina. Un plan de pago que consiste en lo siguiente: cuatro meses de gracia y después ocho cuotas iguales sin interés. Existe una quita importante.

La pelea se armó porque hay versiones de que unas pocas constructoras tuvieron privilegio: aduciendo problemas financieros, cobraron toda la deuda de inmediato, casi al contado.

Macri quiere dejar atrás la pesadilla económica. Su presencia en la Rural tendrá una fuerte significación política para el campo.

Ahora le insisten que el blanqueo será de 60.000 millones de dólares y provocará un efecto: que va a salvar el pésimo año económico.

 

fuente CLARÌN

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