El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer 18 allanamientos para investigar si en los últimos meses el empresario Lázaro Báez y su entorno más cercano simularon operaciones para eludir las prohibiciones de mover dinero que les impuso el juzgado.

La sospecha de los investigadores es que los Báez habrían sacado del control de la Justicia al menos unos 10 millones de pesos con estas maniobras.

De los 18 allanamientos, 15 fueron en la ciudad de Buenos Aires y tres en la provincia, en Pergamino, Temperley y Ramos Mejía. Fueron todos en inmuebles que figuraban como vinculados con nueve firmas distintas que habrían sido utilizadas como fachadas. La denuncia que dio origen a esta nueva investigación la presentó la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo oficial antilavado.

Uno de esos domicilios allanados ayer resultó ser el estudio jurídico de Carlos Broitman, hoy abogado de Ibar Pérez Corradi (supuesto traficante acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez), que dijo que nada tenía que ver y que él sólo le subalquilaba un box, dentro de su estudio, a un contador que preside la empresa investigada, Catahu SA.

Otras de las firmas bajo sospecha, alertó la UIF, fueron investigadas en causas penales como supuestas cuevas financieras y algunas tendrían relación con el financista Guillermo Greppi.

Para garantizar el resultado de los operativos, antes de que comenzaran, Casanello dispuso ayer el secreto del sumario.

La denuncia de la UIF que alertó al juez sobre la presunta simulación advirtió que los Báez habían hecho transferencias correspondientes a supuestos servicios cuya existencia nunca se acreditó. La sospecha es que habrían inventado relaciones comerciales con las empresas ayer allanadas. El objetivo: eludir las medidas cautelares que Casanello dispuso para evitar fugas del patrimonio del grupo Báez. La maniobra se realizó a través de la firma M&P, que le pertenece a Martín Báez (50%), Luciana Báez (30%) y el contador César Andrés (20%).

M&P tiene declarado un contrato de gestión de cobro con Austral Construcciones, principal empresa del grupo Báez. Austral declara tener créditos por acreencias con estas sociedades allanadas ayer y M&P recibe entonces dinero de esas sociedades, que gracias a esta operación son fondos que no ingresan a Austral, que está en el centro de la investigación judicial, sujeta a una veeduría y con limitaciones para mover activos.

Las medidas cautelares de protección del patrimonio de Báez y su grupo las ordenó Casanello este año. Fue para asegurarse que a futuro, de corroborarse los delitos que investiga, el dinero no hubiera desaparecido. Algunas de esas medidas fueron levantadas por la Cámara Federal, pero de todos modos los movimientos del grupo empresario se vieron muy restringidos.

Las operaciones bajo sospecha en este tramo de la investigación judicial corresponden todas a este año. Las firmas cuyos supuestos domicilios fueron allanados ayer son Recaudaciones Computarizadas SA, Proydesa SA, Karnix SA, Kargen SA, Dereli SA, Siembra y Comercializacion de Granos SRL, Catahu SA, Xhoris SA y Recasur Argentina SRL.

Pagos millonarios

Según informaron a LA NACION fuentes que conocen el resultado de los operativos, durante los allanamientos se secuestraron documentos que vinculan algunas firmas con M&P y constancias de pagos millonarios recibidos por esta empresa. Además, en algunos de los domicilios se hicieron de copias del contenido de las computadoras.

En cuanto al estudio de Broitman, en la calle Sarmiento al 1100, la Justicia llegó allí porque la Unidad de Información Financiera había advertido que figuraba como sede fiscal de la firma Catahu SA, una de las sospechadas. Broitman recibió a los agentes y les dijo que él nada tenía que ver, que le subalquilaba una pequeña oficina -un box- dentro de su estudio al contador Gastón Bequet, el presidente de Catahu. Broitman les entregó copia del contrato de subalquiler.

Ayer, el abogado le dijo a LA NACION: “Fueron a buscar a un contador que tenía un box. No fue allanado mi estudio. Yo desconocía totalmente esa empresa. De mi oficina no se llevaron nada. No trabajo en nada con ese contador.”

Además de los 15 operativos de Capital Federal hubo uno en Ramos Mejía, uno en Pergamino (en el kilómetro 1.5 de la ruta 32) y otro en Temperley. Los investigadores revisarán ahora las pruebas reunidas en todos estos procedimientos.

Prueban que Casanello no estuvo en Olivos

La Policía Federal presentó ayer un informe oficial y definitivo en el que concluyó que el juez federal Sebastián Casanello no estuvo en la quinta presidencial de Olivos en septiembre del año pasado, como había dicho el empresario Lázaro Báez para librarse del magistrado que lo mantiene procesado y detenido por lavado de dinero

El informe entregado a la Cámara Federal sostiene que ninguna de las medidas de prueba realizadas determinó que el juez hubiera ingresado en la desidencia presidencial ni se hubiera reunido con la ex presidenta Cristina Kirchner como dijo el empresario. Con esta información es más que probable que la Cámara ratifique a Casanello en el caso contra Báez y su familia.

 

fuente LA NACIÒN

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