La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó ayer a la petrolera YPF que entregue en un plazo de cinco días hábiles toda la documentación del acuerdo que firmó a mediados de 2013 con la multinacional Chevron para explotar el yacimiento Vaca Muerta.
Con la feria judicial que comenzará a las 13.30 de hoy, YPF podrá demorar el cumplimiento de la orden judicial hasta los primeros días de agosto. Pero ya no podrá presentar otro recurso de apelación, ya que la Corte Suprema confirmó en noviembre de 2015 que debía entregar esos documentos.
Con la firma de los jueces Clara Do Pico, Rodolfo Facio y Carlos Greco, la Sala I de la Cámara adelantó, además, que no tolerará más presentaciones «dilatorias» y «desleales» de YPF. Comunicó que ordenará el secuestro de la documentación si la petrolera intenta otra jugada procesal y denunciará ante la Justicia penal a sus responsables por el delito de desobediencia.
«Teniendo en cuenta que el pronunciamiento por el que la Corte Suprema hizo lugar a la demanda fue dictado el 10 de noviembre de 2015 -han transcurrido ya más de ocho meses- y la confirmación de la decisión que aquí se decide, YPF SA deberá cumplir con la entrega de la totalidad de la documentación requerida en el plazo establecido por la señora jueza de primera instancia», marcó la Cámara.
De ese modo, los camaristas rechazaron el último intento de YPF por evitar que vea la luz el contrato que firmó con Chevron, como el ex senador nacional -y actual diputado provincial socialista- Rubén Giustiniani reclama desde 2013.
En YPF indicaron ayer, ante una consulta de LA NACION, que acatarán la orden judicial, aunque durante los últimos tres años abogó por mantener el contrato bajo llave, ya que sostiene que incluye secretos industriales y otros detalles confidenciales, cuya difusión podrían afectar su posición en el mercado y su relación con otras petroleras.
El objetivo de Giustiniani es muy distinto, según remarcó al concluir la última audiencia pública previa a la sentencia de la Cámara, hace dos semanas. «No queremos perjudicar a YPF, sino no repetir errores que llevaron a actuar con poca transparencia», explicó el ex senador, cuando se trata, «del futuro del yacimiento Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo del mundo».
El legislador socialista recordó, además, que YPF buscó impedir la entrega del contrato con Chevron a pesar de la orden explícita de la Corte Suprema que lo dispuso hace ocho meses. Ese fallo, remarcó Giustiniani, «es muy claro y explícito: habla de que el derecho de acceso a la información no es del Estado sino del pueblo».
«Entregue una copia»
Durante la gestión de Miguel Galuccio , sin embargo, YPF sólo accedió a entregar una copia del contrato a la Justicia. Pero solicitó en el mismo acto que algunos tramos se mantuvieran reservados porque podrían «comprometer secretos industriales, técnicos y científicos».
«El carácter de confidencialidad de estos términos es de práctica habitual en la industria y forma parte de todos los contratos comerciales que cualquier compañía petrolera realiza en el curso normal de sus operaciones», planteó entonces la petrolera argentina.
Ayer, sin embargo, los integrantes de la Sala I de la Cámara concluyeron lo contrario. «Una recta inteligencia del pronunciamiento de la Corte Suprema no puede llevar sino a la conclusión de que al hacer lugar a la demanda acogió, indudablemente, la pretensión del demandante [por Giustiniani]. Y esa pretensión consistió en el reconocimiento de su derecho a que YPF SA le entregue una copia íntegra del contrato involucrado».
«Debe recordarse que, de acuerdo con un principio cardinal elaborado por la Corte Suprema -añadieron los camaristas-, la observancia de las decisiones judiciales ha de ser fiel y estricta, de modo que se concrete su leal acatamiento por parte de todas las personas alcanzadas por ellas».
Según reveló la nacion en noviembre de 2014, Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su «entera satisfacción» para que comenzara a traer capitales al país.
Las exigencias de Chevron resultaron efectivas: las «condiciones suspensivas» o «precedentes» que delineó en las negociaciones con YPF terminaron incorporadas en un decreto y en una ley neuquina, en un decreto presidencial y en la flamante ley de hidrocarburos que aprobó el Congreso con el objetivo de alcanzar la soberanía energética.
Desde la empresa señalaron entonces a LA NACION que las reformas normativas que se sancionaron a partir de ese acuerdo con Chevron no generaban derechos exclusivos para esa petrolera, sino que crean el marco necesario para estas y futuras inversiones en exploración.
Los documentos que reveló entonces la nacion mostraban algo más. YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos y el Atlántico Norte para que los US$ 1240 millones anunciados de inversión para Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes: la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador.
fuente LA NACIÒN
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