Los testimonios de los seis policías bonaerenses que detuvieron a José López fueron contundentes: hundieron a las monjas del convento de Fátima que ayudaron al ex secretario de Obras Públicas a esconder sus bolsos con casi 9 millones de dólares. Por eso es que ayer el juez federal Daniel Rafecas ordenó indagar por encubrimiento a la hermana Cecilia Inés Aparicio, quien aparece registrada ingresando bolsos con dinero al convento. La monja deberá declarar el lunes 1 de agosto, tras la feria judicial de invierno que comienza el lunes.

Esta es la derivación de la parte más espectacular de la investigación: cuando primero López fue sorprendido revoleando bolsos con dólares por encima de la pared del convento y luego las cámaras de seguridad captaron a las monjas ayudándolo a guardar la plata.

Sin embargo, ayer el juez dio otro paso en el tramo más importante y menos estridente del caso por enriquecimiento ilícito. Citó a indagatoria como sospechoso de ser testafero de López al contador Andrés Galera, acusado además de ser su intermediario en el pedido de coimas por la obra pública. Galera será indagado el miércoles 3 de agosto.

Y también interrogará como sospechoso a Eduardo Gutiérrez, un empresario de la construcción, continuador de Sergio Schoklender en el negocio de la construcción de casas con paneles de yeso, para el plan Procrear. Gutiérrez será indagado el jueves 4 de agosto. El juez Rafecas también citó a declarar a María Amalia Díaz, la mujer de López, acusada de ocultar la fortuna del ex funcionario kirchnerista.

Todas estas indagatorias las pidió el fiscal Federico Delgado, quien se hizo de los videos que muestran a las monjas ayudando a ingresar el dinero al convento. Además, está siendo investigada la hermana Alba Martínez Fernández, de 94 años, que está en cama y utiliza un tubo de oxígeno para respirar. El juez quiere conocer en detalle su estado de salud para saber si colaboró. Por eso, encomendó a doctores del Cuerpo Médico Forense a que la revisen en el convento.

Las declaraciones de los policías que detuvieron a López desembocaron en que Rafecas cite a indagatoria a la hermana Inés. En particular el relato del inspector Pablo Román , que a las 4 de la mañana del 14 de junio tocó el timbre del convento. Estuvo 40 minutos parado en la puerta para que le abrieran, tocando bocina y con las balizas prendidas. Luego se identificó como policía y a pesar de que una de las monjas lo veía desde el interior por una cámara de seguridad, le dijo que no lo podía identificar. Luego le informó a la monja que había una denuncia por el ingreso de un intruso al convento. “Acá no hay nadie”, le respondió la hermana Inés. Además, Román dijo que la monja le pareció reticente y que quería impedir que entraran al monasterio.

El otro relato clave lo aportó la oficial inspector Alejandra González. Dijo que que cuando llegó a la puerta interna, dialogó por la ventana con la hermana Inés, y tras identificarse como policía, la religiosa no le creía, aun cuando había presentado su placa.

Así como estos relatos convencieron al juez, los documentos lo persuadieron del rol que tuvieron Galera y Gutiérrez como testaferros del ex mano derecha de Julio de Vido .

La casa de López en el Dique Luján fue la clave. Galera aparece en los documentos como dueño del terreno donde se contruyó la vivienda. Los registros públicos señalan que se lo vendió al empresario de la contrucción Eduardo Gutiérez, contratista de obra pública, el que a su vez, según los papeles, se la alquila a López.

Pero las evidencias recogidas en esa casa y el testimonio del arquitecto Federico Curcio, que ayer amplió su relato ante el juez, lo convencieron de que en realidad Galera y Gutiérrez actuaron como prestanombres de López que hasta diseñó el gimnasio de la casa que alquilaba.

Con estos nuevos cargos contra López, el juez Rafecas volverá a indagarlo por enriquecimiento ilícito el 5 de agosto.

 

fuente LA NACIÒN

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