El lobby está comúnmente asociado a la corrupción y el gobierno de Mauricio Macri dice que quiere cambiar esa concepción. Para eso, buscará abrir el debate en las próximas semanas con el fin de impulsar un proyecto de ley de gestión de intereses que amplíe, complete y difunda los registros de audiencias de la mayor cantidad de funcionarios posibles.
El proceso está a cargo de la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que conduce Marina Carbajal y que depende del Ministerio del Interior, conducido por Rogelio Frigerio . Se trata de la misma subsecretaría que tiene a su cargo la gestión de los pedidos de acceso a la información que, al igual que el registro de audiencias, están previstos en el decreto 1172, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2003.

A pesar de que ya existe una obligación para los funcionarios dispuesta en ese decreto, la nueva administración considera que es muy limitada. Por eso, el objetivo es convertirla en ley para que sea más abarcativa y que genere una mayor presión entre los funcionarios -y el resto de los participantes de las audiencias- para brindar la información.
“La idea es encontrar los mejores mecanismos que nos garanticen estandares éticos altos de comportamiento, tanto en los funcionarios como en los gestores de intereses”, señaló Carbajal a LA NACION.

El registro de audiencias hoy está vigente y es de acceso público, pero la información sobre los encuentros que mantuvieron funcionarios de los gobiernos kirchneristas es escasa. Ejemplo: en sus 12 años al frente de la Secretaría de Obras públicas, el ex número dos de Julio De Vido , José López , registró sólo 35 audiencias. Un detalle: en varias figuran representantes de la Iglesia, como el hoy fallecido monseñor Rubén Di Monte, que encabezaba el polémico monasterio de General Rodríguez.
Según el plan del organismo, los registros deberán convertirse en una costumbre para que quede asentado públicamente quiénes participan de las reuniones, cuándo se hicieron y hasta de qué se habló, todo siguiendo un código de ética y comportamiento determinado.

Asimismo, el registro deberá ser firmado por los funcionarios, pero también por los otros asistentes, sin importar quiénes sean. Si un funcionario se reúne con el titular de una ONG, deberá quedar asentado. Si se reúne con el presidente de una empresa multinacional, también. “Sin duda va a necesitar un cambio cultural. El sector privado también se tiene que hacer cargo”, indicó Carbajal.

En el mientras tanto, la subsecretaría trabaja junto al Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra, en la actualización de la plataforma donde por ahora deben registrarse las audiencias, que estará disponible en Internet.

En todos los poderes

La norma vigente, además, se limita a las áreas dependientes del Poder Ejecutivo. El plan es que eso se extienda a todos los poderes del Estado. Y es allí donde se prevé que el debate sea más intenso, especialmente en el Congreso, donde hay registro en la historia argentina de casos de lobbies escandalosos, como el que ocurrió durante el debate de la ley de patentes, en 1996. El proyecto, impulsado por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo generó una fuerte influencia de laboratorios extranjeros para rechazar el proyecto.

“El congreso debería ser incluido, visto que es el lugar central donde se realizan estas actividades. Es un tema delicado y la sociedad se tiene que concientizar primero sobre la necesidad de aceptar que es lícita la gestión de intereses. No se tiene que estigmatizar la relación entre lo público y lo privado como lobby, que tiene una connotación muy negativa”, sostuvo Carbajal. Y agregó: “La gestión de intereses no está mal. Lo que está mal es el delito. Este es un momento en el que la sociedad está siendo consciente y eso es bueno para empezar a discutir esto”.

El proyecto está en su etapa preliminar y aún debe definirse qué nivel de exigencia se buscará aplicar. En Estados Unidos, por ejemplo, la gestión de intereses es común, legal y su regulación es muy estricta en caso de que no se cumpla. En el Reino Unido, en tanto, existe la autoregulación,

Sin embargo, según la subsecretaria, “pasar de la nada a un sistema hiperregulado tampoco sirve”. Por lo pronto, mientras se conforman las mesas de trabajo para dar forma al proyecto, la subsecretaría ya difundió entre los funcionarios un video animado que les explica cómo se trabaja con el registro de audiencias y que completarlo es su obligación.

 

fuente LA NACIÒN

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