A fuerza de prepotencia y contactos con el Estado en manos del kirchnerismo, Omar “Caballo” Suárez llegó a ser director de Marítima Maruba –la única empresa naviera de bandera argentina con presencia en aguas internacionales– en representación de los trabajadores. Fue a raíz de una operación en la que distintos gremios marítimos se comprometían a aportar fondos a cambio de recibir el 20% de acciones de esa empresa. Corría 2010 y todo estaba regado por el relato K de “recuperar la marina mercante de nuestro país”, tal como anunciaban las solicitadas publicadas en aquel entonces. Pero según investigó Clarín, esas acciones nunca ingresaron al patrimonio del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), gremio que manejaba Suárez.

El acuerdo empresario-sindical se concretó vía Mercantes SA. De acuerdo al Boletín Oficial, esta empresa se creó en 2010, bajo la presidencia de Jorge Antonio Suárez –sobrino de “Caballo”, ahora procesado–, secundado por Juan Manuel Medina, quien fuera el tesorero del SOMU. Suscribieron a esta operatoria además del SOMU, Fempinra (Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval que nuclea a una veintena de sindicatos), los Capitanes de Ultramar (CU) y el Centro de Patrones (CP).

Sigamos abriendo cajas chinas. Los balances a los que accedió este diario dan cuenta que los accionistas de Mercantes SA son “Inversiones Ondarprin SA”, cuyo representante era el ex titular del Fempinra , el fallecido Cayo Sotelo Ayala; “Navegante de Mar y Río”, cuyo representante era el ex titular del CP, Juan Carlos Pucci, también fallecido. Consultados para esta nota, los sucesores de ellos dos, Juan Carlos Schmid y Julio Insfrán respectivamente, aseguraron que las acciones de Maruba nunca ingresaron a sus entidades. Las otras dos empresas que también conforman Mercantes SA son “Naves Marinas Argentinas SA” (NMA) que tiene como representante al sobrino de “Caballo” y a Medina; y “Naves Argentinas SA” representada por Gustavo Vilgré La Madrid, quien forma parte de la Comisión Directiva de CU. Ellos no contestaron a las preguntas de este diario.

La intrincada ruta de las acciones muestra otra curiosidad: en el balance de Mercantes SA, cerrado el 31 de diciembre de 2010, esta empresa no registraba actividad. Pero en el de 2011 sumó a su activo una “inversión permanente de $4.224.800” en acciones de Maruba, como única operatoria de ese año fiscal. Tampoco hubo operaciones en 2012, último año en que la firma presentó balances ante la IGJ. Nunca hubo transferencia de acciones.

Sin embargo, para 2013, NMA –que tiene la misma dirección del SOMU en ese entonces, Belgrano 1667– vende esas acciones a dos inversoras: la mencionada Ondarprin y Lazola Inversiones. De acuerdo al contrato, “el vendedor (NMA) es dueño de 25.000 acciones ordinarias” por las que los compradores pagarán “1.800.000 dólares en dieciocho cuotas de 100.000 dólares cada una”. Dato: NMA nunca presentó un balance a la IGJ.

Esta triangulación con la venta de acciones se emparda con la denuncia que en 2012 hizo el secretario de Medio Ambiente del gremio, Alejandro Giorgi, quien finalmente acusó por corrupción a Suárez. Giorgi aseguró en su declaración judicial que “las acciones de Maruba nunca ingresaron al patrimonio del SOMU”.

Clarín consultó por este tema a la intervención judicial del gremio (decidida en febrero por el juez Rodolfo Canicoba Corral), y respondieron que “hasta el momento no hay ninguna documentación con registros de esos ingresos”. Lo mismo dijeron las fuentes judiciales que siguen este caso.

¿Qué dijo Maruba respecto a esta danza de acciones y millones? Optaron por el silencio.

 

fuente CLARÌN

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