La demora en la aplicación de los aumentos en las tarifas de gas, que el Gobierno lanzó en abril pasado, tendrá una consecuencia inesperada para los usuarios: deberán pagar el servicio una vez cada 20 días para compensar el tiempo en el que dominaron las indefiniciones.
Aunque habrá variaciones según los casos, sólo así los usuarios podrán llegar a fin de año sin grandes deudas con las distribuidoras, como Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi, que, a su vez, enfrentan problemas por la falta de recaudación.
El mayor ritmo de emisión de boletas en la última parte del año ocurrirá cualquiera que sea la decisión que tome la Justicia respecto de los aumentos, debido a que muchas de las facturas enviadas están regidas por un cuadro tarifario que luego fue modificado por el propio gobierno.
El tema se trató ayer en una reu-nión multitudinaria de la industria en el Enargas, el ente que regula el sector. El desafío burocrático es tan impensado que ese organismo deberá publicar una resolución que permita a las empresas modificar el esquema de vencimientos, dado que, de lo contrario, la operatoria sería ilegal.
Los atrasos en la facturación comenzaron en abril, pero se fueron ampliando hasta que hace dos semanas la Cámara Federal de La Plata dispuso la anulación del aumento de tarifas en todo el país.
Entre el 7 y el 8 de este mes todas las empresas suspendieron la confección y el envío de las boletas a sus clientes.
Antes incluso de eso, las distribuidoras tuvieron problemas con usuarios que protestaron porque recibieron facturas abultadas, presentaron recursos de amparo o pidieron la refacturación del servicio.
Además, el Gobierno modificó dos veces en el año el cuadro tarifario que lanzó en abril. En junio dispuso que los aumentos de gas se limitarían a un 400% por encima de la misma factura del año pasado, a igualdad de consumo.
El anuncio no calmó los ánimos en línea con las expectativas oficiales y las disputas continuaron tanto en la arena política como en la Justicia.
Así, a comienzos de este mes se rectificó y aplicó una suba del 400% sobre la tarifa final, más allá de cuál haya sido el consumo en cuestión.
El ida y vuelta oficial, así como la proliferación de medidas en contra en la Justicia, entorpecieron el cronograma de facturación de las empresas.
Las facturas de los clientes residenciales y los pequeños comercios vencen cada 60 días en promedio (puede haber algunas modificaciones por feriados). Con esa periodicidad las empresas miden y procesan los consumos, un procedimiento que aún se hace de manera manual.
La suba de tarifas que se anunció en abril mantuvo la lectura del medidor y la facturación bimestral, pero dispuso que cada período será dividido en dos partes iguales, que conformarán también dos talones de pagos de la nueva factura.
Tras la intervención de la Justicia, la mayoría de las distribuidoras dejaron de emitir las facturas según el cronograma que tenían establecido, por lo que se empezaron a acumular atrasos.
Problemas en las empresas
Si bien los casos son distintos según las provincias, las empresas comenzaron a tener problemas para cobrar a partir del período marzo/abril, el primero que se facturó con aumentos que el propio Gobierno anuló días atrás.
Las normas del sector gasífero sostienen que no se le puede facturar a un usuario el período en curso y, en paralelo, lo adeudado en una segunda factura, sino que tienen que ser consecutivas.
Si la Justicia definiera la cuestión de tarifas a principios de agosto, las facturas deberían emitirse con una separación mínima de 45 días para poner al día la emisión de boletas. En ese caso, el usuario debería abrir su billetera cada 20 días para pagar cada uno de los dos talones que vienen en la factura.
La demora en la cadena de pagos del gas cobró un grado de institucionalidad importante anteayer, cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, respondió a una consulta periodística: «Hasta que no se resuelva el fallo, no hay que pagarlas».
El Gobierno hizo presentaciones ante la Justicia Federal de La Plata, pero espera que la Corte Suprema defina la cuestión. El presidente Mauricio Macri se reunió la semana pasada con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, por lo que se descarta que avalará el aumento.
Las indefiniciones llevaron a una situación paradójica. La semana pasada, la empresa Camuzzi Gas del Sur, concesionaria del servicio en la Patagonia, decidió refacturar sus servicios a los valores anteriores al 1° de abril sobre la base del viejo cuadro tarifario, para garantizarse el ingreso de dinero, aunque le resulte escaso.
Hasta que la Justicia se defina, el usuario tiene al menos tres alternativas para decidir qué hace con la factura: no pagarla, abonarla en su totalidad o hacerlo parcialmente. Cada posibilidad entraña consecuencias diferentes.
Crédito caro para Albanesi
El Grupo Albanesi se convirtió ayer en la empresa local que más caro se financió en el mercado global desde que el país dejó atrás el default. El holding, que controla 8 generadoras de energía en el país, colocó entre inversores un bono por US$ 250 millones a vencer en 7 años, pero debió convalidar una tasa del 9,875% anual para acceder a esos fondos. En el mercado creen que la empresa pagó el costo de operar en un sector que aún no tiene definidos sus precios, lo que dificulta a los analistas estimar su flujo de ingresos a largo plazo.
fuente LA NACIÒN