La frágil tregua entre el Gobierno y los sindicatos de la CGT se mantiene en pie por dos factores.

El primero, netamente económico: la agilización de algunos reintegros a las obras sociales por prestaciones de alta complejidad y la promesa oficial de distribuir los $ 30.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), la caja en donde se atesora el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores de sus salarios.

El segundo, más político: las tres vertientes de la CGT pretenden concretar el 22 de agosto la reunificación, antes de activar un plan de lucha para reclamar por la caída del empleo y la suba de tarifas y de la inflación, entre otras demandas. Hay que preservar el proceso de unidad ante todo, dicen, casi en bloque, los gremialistas.

Sin embargo, una cadena de episodios acelera la ruptura del acuerdo implícito que hubo a partir del veto presidencial a la denominada ley antidespidos y el ajuste en la economía. Estos son algunos de los puntos que tensan cada vez más el vínculo entre los gremios y el poder:

Inflación y tarifas: en un documento cargado de críticas, la CGT calificó de «indiscriminados» los aumentos y advirtió sobre una «crisis social», la caída del empleo y el alza de la conflictividad judicial laboral. A partir de este diagnóstico, crece internamente la iniciativa de presionar en bloque para reabrir las paritarias, algo que no sería sencillo porque cada acuerdo salarial es particular.
«Si los salarios aumentan 35%, el gas no puede ser 400% más caro», dijo hace unos días Héctor Daer en una entrevista en El Cronista. Este será el argumento de los gremialistas para reabrir los acuerdos salariales u obtener un adicional a fin de año.

Impuesto a las Ganancias: los gremios le enrostran al oficialismo el incumplimiento de la promesa de campaña, en la que Mauricio Macri había planteado la derogación del tributo que pesa sobre los salarios. El Gobierno sólo elevó el piso del mínimo no imponible y se comprometió a modificar por ley las escalas, pero a partir de 2017. Hugo Moyano es el que más cuestiona este ítem por dos razones. La primera, porque casi todos los camioneros son alcanzados por el tributo. Y la segunda, porque él fue uno de los pocos sindicalistas que puso el rostro en la campaña electoral macrista para vencer al kirchnerismo.

La iniciativa oficial, que data del 18 de febrero pasado, excluyó inicialmente de Ganancias a 180.000 trabajadores, según precisó Alberto Abad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sin embargo, la anulación del decreto 1242 de 2013 (que excluía del régimen a los salarios netos inferiores a los $ 15.000) habría sumado a la lista de contribuyentes a 200.000 trabajadores y a más de 100.000 jubilados, según registros de la propia AFIP.

Importaciones: hay sectores de la industria nacional que ya sufren los coletazos de la apertura de las importanciones. Las áreas más afectadas son la textil, metalúrgica y las autopartistas. Para ésta, el Gobierno lanzó un incentivo para capitales nacionales. En realidad, fue una propuesta del opositor bloque Justicialista, que encabeza el diputado Oscar Romero, referente de los mecánicos del Smata.

Antonio Caló, jefe de los metalúrgicos de la UOM, teme por sus 15.000 afiliados de Tierra de Fuego, polo nacional de la industria tecnológica, si el Gobierno habilita definitivamente el ingreso de telefonía celular y computadoras desde otros países. Pero como Caló, hay otros dirigentes en estado de alerta: los hermanos Rodolfo y Héctor Daer monitorean las importaciones en alimentos y medicamentos, respectivamente, y ya advirtieron sobre los riesgos de relegar productos elaborados en nuestro país.

Conflictos y despidos: en la CGT creen también que es momento de poner la guardia en alto porque la conflictividad está en alza. En algunos sectores se mantienen las bajas y suspensiones a pesar de la tregua por 90 días que habían sellado el Gobierno y unos 200 empresarios el 9 de mayo pasado. Por entonces, ese pacto fue rechazado por la central obrera.

Los gremios cegetistas están dispuestos a salir de su letargo porque no quieren perder terreno. Un ejemplo: la pasividad de los estatales de UPCN en su seccional bonaerense les hizo perder afiliados que recurrieron al amparo de ATE, que está nucleada en la CTA.

Las dos vertientes de la CTA siguen de cerca el proceso de reunificación de la CGT y aspiran a coincidir en una misma jornada de protesta, como lo hicieron el 29 de abril último. Si los nexos se afianzan y se apuran los tiempos, los ceteístas Hugo Yasky y Pablo Micheli confían en sumar el apoyo de la CGT a una gran Marcha Federal, como la que se hizo en la década del 90 para protestar contra el gobierno de Carlos Menem. En principio, la Marcha Federal tendrá su epicentro en la Plaza de Mayo y se prevé para el 24 de agosto, dos días después del surgimiento de la CGT unificada.

Puntos en conflicto

Los gremios se quejan por promesas incumplidas

Reclamos

Inflación

En vista de los aumentos tarifarios y el desempleo, la CGT pide la reapertura de paritarias

Impuesto a las ganancias

Reclaman que Macri había prometido la derogación de este tributo y exigen el cumplimiento de la promesa.

Importaciones

El ingreso de productos que antes estaban bloqueados genera descontento en distintos sectores

Despidos

Se mantienen las cesantías y bajas, a pesar de la tregua de 90 días con el Gobierno.

 

fuente LA NACIÒN

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