Cuando en agosto se reanuden las sesiones en el Congreso, el Gobierno buscará concretar la reforma del Ministerio Público Fiscal. Pero no de cualquier forma: intentará hacerlo con amplio apoyo opositor. Y no sólo porque quiere asegurarse su aprobación. Para la Casa Rosada es clave que el proyecto con el que se busca acotar el poder de la procuradora Alejandra Gils Carbó tenga un amplio consenso ya que, estiman, será la señal política para que la funcionaria siga los pasos del ex juez federal Norberto Oyarbide, quien para evitar el juicio político decidió presentar su renuncia.

La relación con Gils Carbó no transita sus peores días, dicen en el Gobierno. Pero remarcan que el mensaje de Mauricio Macri de garantizar una Justicia independiente no es compatible con la permanencia de la jefa de los fiscales en su cargo. Y recuerdan que meses atrás el propio Presidente meses dijo, ante la consulta de Clarín, que la funcionaria ya debería haber presentado su “renuncia” por ser “militante de un partido político”.

Referente de Justicia Legítima, la agrupación judicial kirchnerista, a Gils Carbó se la acusa de haber presionado a fiscales que avanzaban en investigaciones contra ex funcionarios K. Y, aunque en el Ministerio de Justicia admiten que en los últimos meses no ha incurrido más que “en alguna travesura” técnica, afirman que su tema es “un caso cerrado”. “Va a ser por las buenas ó por las malas”, aseguran en el edificio de calle Sarmiento. Por “las buenas” implica que la procuradora inicie los trámites para obtener su jubilación una vez que se apruebe la reforma. “Pese a su militancia, no deja de ser una procuradora de la Nación, todavía está a tiempo de irse en buenos términos, como hizo Oyarbide”, explican.

Pero señalan que, en caso de que insista con su postura de resistir en su cargo, cuentan con razones suficientes para impulsar su juicio político. Y que la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió se relame para avanzar a fondo en su contra -presentó un pedido para enjuiciarla el mes pasado- en lugar de acotar sus poderes y fijar un mandato de cinco años para su cargo, tal como prevé el proyecto que antes del receso parlamentario ya comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados.

En rigor, en el Gobierno conceden que ese proyecto servirá más como golpe de efecto que para forzar su salida ya que -como dijo el ministro de Justicia Germán Garavano al anunciarlo- no “prevé la retroactividad” por lo que su mandato comenzaría a correr una vez sancionado; y además, si se lo propone, la procuradora, que asumió en 2012 y hoy tiene mandato “vitalicio”, puede embarrar el terreno y plantear su inconstitucionalidad, lo que demoraría su aplicación.

De las diversas modificaciones que ya se hicieron sobre el texto original, concesiones a la oposición para evitar que la reforma quede virtualmente paralizada, se desprende la estrategia. La idea es que sea un proyecto que, más que al Gobierno, represente a todo el arco político, incluido al peronismo “dialoguista” que hasta diciembre acompañó a Cristina Kirchner y que, más atrás en el tiempo, puso en su cargo a Gils Carbó. “Cuando vea que detrás del proyecto hay gobernadores y legisladores del PJ, va a terminar de entender el mensaje”, dicen. En otras palabras, creen que la procuradora no podrá ignorar que se trata del fin de ciclo de su sostén político en el Congreso. Y que no tardará en actuar. Para evitar que sea “por las malas”

 

fuente CLARÌN

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