El anuncio de una resolución sobre el uso de la base de datos de la Anses para mejorar la comunicación oficial introdujo al gobierno de Mauricio Macri, en un nuevo conflicto político y, paradójicamente, comunicacional, que lo dejó a merced de severas críticas de varios dirigentes de todo el arco de la oposición.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, debió aclarar ayer que «no hay una vocación de utilización política o electoral» en la resolución 166 – E/2016, publicada anteayer en el Boletín Oficial. Esa norma aprobó un convenio mediante el cual la Anses cederá su base de datos a la Secretaría de Comunicación Pública para enviar información segmentada a los ciudadanos. La misma secretaría firmó un convenio idéntico con el PAMI, pero aún no fue homologado y no está vigente. Según el jefe del Gabinete, esos convenios están permitidos en la ley 25.326, de protección de datos personales.
«Se hizo para comunicar muchas cosas, como el reintegro del IVA, y llegar a más audiencias», dijo a LA NACION el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, que instrumentará la medida y depende de Peña. «Se hará más eficiente la comunicación. Se llega a más gente, de manera segmentada, y sin gastos en publicidad», agregó. La Anses permitiría acceder a información, no confidencial ni sensible, para contactar personas a través de redes sociales y del correo electrónico. Así se generaría un ahorro en las campañas publicitarias por medios de comunicación.
«Quiero que quede bien claro y llevar tranquilidad. Vamos a compartir solo datos de contacto como teléfono, mail o dirección postal, ningún dato más», afirmó el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso.
Entre las incertidumbres que despierta el proyecto sobresalen qué tipo de uso se le dará: qué mensajes se enviarán, quién ejercerá la autoridad de control, cómo se ejecutará el convenio y el uso que le podrían dar los gobiernos que sucedan al actual. El defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, planteó que el uso de datos personales debería tener el control de la defensoría nacional y que hasta tanto se verifique su utilización, «el Estado se abstenga de hacer uso de dichos datos».
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Peña se puso a la defensiva y dijo que «de ninguna manera habrá uso de información confidencial o que vulnere la intimidad de ningún ciudadano». Dijo que «el objetivo no tiene que ver con la comunicación política o propagandística: es para mejorar el vínculo con los ciudadanos» y que «no se pretende vulnerar la intimidad, ni perseguir ni espiar».
La resolución 166 E/2016, firmada por Peña, dispuso la aprobación del convenio marco de cooperación entre la Anses, que dirige Basavilbaso, y la Secretaría de Comunicación Pública, que conduce Grecco y depende del jefe de Gabinete.
El acuerdo, que tiene una duración de dos años y puede ser renovable, dispone que la secretaría debe «mantener informada a la población a través de las redes sociales, medios de comunicación electrónicos y hasta con llamados telefónicos o la conversación persona a persona para lograr un contacto individual e instantáneo».
Asimismo, se considera imprescindible la «identificación, evaluación y análisis de las problemáticas de interés en cada localidad» del país y se propone «segmentar, enriquecer y normalizar» los mensajes, que serán «de utilidad pública y de relevancia».
Explica que «no violenta la ley 25.326 de protección de datos personales porque la cesión de datos se hace entre dependencias del mismo Estado» y porque «los datos no son sensibles, especialmente protegidos ni afectan la intimidad y el honor de las personas». Además plantea que «se mantiene el secreto profesional» bajo penas de sanciones por faltas graves o denuncias penales.
La información compartida
Los datos que aportará la Anses son nombre, apellido, DNI, Cuit/Cuil, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de los empadronados.
La diputada Camaño consideró la polémica medida del Gobierno como «un error grave» porque «bajo ningún punto de vista se puede disponer de datos indispensables que tiene el Estado nacional». En tanto, Tundis advirtió que la administración de Mauricio Macriutilizará el convenio para «hacer campaña política», teniendo en cuenta las elecciones legislativas del año que viene.
El peronista Depetri señaló, por su parte, que «se va a usar la Anses para propaganda pública y electoral». Su par Andrés Larroque, jefe de La Cámpora, afirmó que el acuerdo «viola la ley de datos personales». Además, el secretario general de Libres del Sur, Humberto Tumini, alertó que la resolución «roza la ilegalidad» y que «Macri no tiene demasiados pruritos a la hora de apropiarse del Estado y usarlo para sus intereses».
fuente LA NACIÒN
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