El uso de la base de datos de la Anses para las políticas de comunicación oficial se convirtió desde ayer en una nueva batalla judicial contra el Gobierno.

De acuerdo con los fundamentos de esa resolución, publicada el lunes en el Boletín Oficial, el objetivo es “contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública, destacándose la posibilidad de enriquecerlas, segmentarlas, clasificarlas y normalizarlas, para posteriormente compartirlas con el organismo dador”. Los datos involucrados son nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, CUIT/CUIL, estado civil, fecha de nacimiento, estudios y direcciones de mail.

Las dos presentaciones judiciales del kirchnerismo sostienen que la medida viola el derecho a la intimidad, contemplado en los artículos 18 y 19 de la Constitución nacional, y la ley 25.325, de protección de datos personales.

La denuncia penal, presentada por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, recayó en el juzgado de Ariel Lijo y en la fiscalía de Guillermo Marijuan. Apunta contra Peña; el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el subdirector de ese organismo, Federico Braun, y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco.

La acción de amparo la presentaron el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, y las diputadas Teresa García y Carolina Gaillard. Le tocó al juzgado en lo contencioso administrativo de Liliana Heiland, donde reclamaron la habilitación de la feria para tramitar el expediente.

No es el primer amparo por este tema: anteayer, la abogada Valeria Carreras presentó el primero ante la jueza en lo contencioso administrativo María José Sarmiento. El expediente podría tomarlo su colega Ernesto Marinelli, a cargo durante la feria judicial.

Razones del rechazo

El argumento principal de los diputados es que la ley 25.326, en su artículo 4° inciso 3°, establece que los datos personales “no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”.

Dice la presentación que “con claridad se advierte que el individuo suministra su información personal, como su teléfono o su correo electrónico, a la Anses para ser beneficiario de alguna de sus prestaciones”. Y concluye: “Claramente, se altera la intimidad del sujeto que no brindó esta información para ser molestado o importunado por el Estado. Esto afecta el derecho a estar solo (right to be alone) o a evitar la intromisión en el domicilio y en la vida privada de los sujetos deducido del derecho de privacidad en el sistema anglosajón”.

Otro argumento es que podrían llegar a comprometerse los “datos personales sensibles”, aquellos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual, especialmente protegidos por la ley.

Se basan en que el convenio celebrado entre la Anses y la Secretaría de Comunicación Pública, convalidado por la resolución de la Jefatura de Gabinete, autoriza la suscripción de “actas complementarias” para ampliar la información sujeta a intercambio. “¿Qué datos van a ser incluidos en esas actas? ¿Cómo nos vamos a enterar del contenido de estas actas que no van a ser aprobadas por una resolución? Indudablemente, el convenio tiene una cláusula abierta en una cuestión que debería ser interpretada con el mayor de los cuidados y de la prudencia”, advirtieron.

La denuncia penal agrega una sospecha más. Cabandié y Tailhade sostuvieron que se trata de una “maniobra ilegal planificada con antelación”. Argumentaron que el 21 de enero solicitó en su sitio web la acreditación de datos personales para realizar trámites y que puso énfasis en que eso era necesario para una gestión “más eficiente, rápida y sencilla”. Afirmaron, además, que el verdadero objetivo del Gobierno es usar los datos para “hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones de manipulación de la opinión pública”.

Un gremio de la Anses pidió una marcha atrás

Uno de los cuatro gremios que representa a los 18.000 empleados de la Anses se manifestó ayer en contra del proyecto oficial para compartir la base de datos del organismo. Se trata del Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), que conduce Carlos Ortega.

“Los trabajadores somos los principales garantes de la confidencialidad de los datos que los millones de ciudadanos nos brindan de buena fe a la hora de efectuar un tramite y que ahora no saben con qué propósito van a ser utilizados”, afirmó Ortega. Y llamó a la reflexión a las autoridades del organismo y al jefe de Gabinete “para que revisen esta medida y den marcha atrás con la misma en forma inmediata”. El gremio está alineado a la CGT oficial, que encabeza Antonio Caló, y tuvo como asesor legal al peronista Héctor Recalde.

fuente LA NACIÒN

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