Frente a la maraña de procesos judiciales abiertos, que impiden al Gobierno avanzar con los aumentos de tarifas de electricidad y gas que había planteado, el grupo de ex secretarios de Energía propuso ayer encarar los procesos de “revisión tarifaria previstos en los marcos regulatorios” de esos servicios, lo que supone una reestructuración integral de precios en las distintas etapas.

“Para esas revisiones son necesarias las audiencias públicas. Si fuera necesario y conveniente disponer aumentos a cuenta, los mismos también deberían cumplir dicho requisito; y es lógico que ayudaría a superar el conflicto actual acelerar el proceso de normalización de los entes reguladores del gas y de la energía eléctrica”, que debería encararse “sin demoras” y en un proceso de selección de “los mejores candidatos no alcanzados por las incompatibilidades vigentes”, completa la declaración difundida anoche por los expertos Emilio Apud, Julio César Araoz, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco.

El documento recuerda que el grupo había advertido en distintas oportunidades, desde 2008, la necesidad de remover las distorsiones de precios y tarifas que la política de Cristina Kirchner produjo en el sector energético, sin que se aceptaran las críticas. “Uno de los escollos más importantes a remover es el desastre en los precios y tarifas heredados luego de 12 años de populismo energético”, señala en su introducción. “Entendemos que el sinceramiento tarifario es necesario e ineludible por las consecuencias negativas que provocan a los usuarios en la calidad de la prestación de los servicios públicos que reciben; porque hay insuficiencia en las inversiones y quebrantos en las empresas prestadoras, y por el impacto negativo en la macroeconomía que los subsidios energéticos ocasionan”, agrega.

Su intención, aclaran, es “brindar a las actuales autoridades elementos de juicio adicionales para lograr a la brevedad posible la normalización del sector energético”.

“Crónico atraso”

La resolución del “crónico atraso de las tarifas energéticas”, señalan, es “un tema político de primera magnitud para el nuevo gobierno democrático” de Mauricio Macri. “Y un tema político de magnitud exige siempre para su solución una política de Estado”.

Luego de hacer una distinción entre tarifas energéticas (reguladas por el Estado) y “precios energéticos (“que deben surgir de mercados competitivos y no distorsionados”, enumera las distorsiones que se observan aun hoy:

El precio del crudo desde el segundo trimestre de 2014 está fijado por encima de las referencias internacionales, “con impacto en los precios de los derivados (nafta, gasoil) que también tienen precios locales por encima de las referencias internacionales”.

El precio del gas en boca de pozo “también es un precio administrado y su cotización ha estado por muchos años por debajo del costo de oportunidad que marcan los sustitutos”.

Los precios de la generación eléctrica “han estado soportando costos crecientes debido a la mayor dependencia de la generación térmica”.

Los expertos recuerdan que en 2014 los principales líderes políticos, incluidos la mayoría de los precandidatos presidenciales, firmaron una declaración que proponía establecer “mecanismos consensuados para abordar esta delicada situación en el contexto de una política de Estado”.

El informe afirma que los pasos dados por el Gobierno en el primer semestre del año indican que “las decisiones adoptadas tuvieron como referencia lo firmado” en aquella declaración, “aunque de manera parcial, y sin explorar mecanismos de consenso que hubieran evitado la especulación política cortoplacista”.

Los aumentos de tarifas, en un contexto de atraso sistemático, son “siempre un hecho traumático y desagradable para quienes deben afrontarlos. Mucho más si la población afectada sufre la pobreza y la pobreza extrema”, admiten.

Por esta razón, proponen reducir los subsidios a la energía “no justificados socialmente”, y aplicar una política de subsidios focalizados “para aquellos usuarios vulnerables según indicadores socioeconómicos”, que debe incluir a los consumidores de gas licuado en garrafas.

“Pasar del ‘hoy’ con tarifas muy por debajo de los costos, a tarifas retributivas’mañana’ es un paso gigantesco en nuestro sistema económico con tarifas muy distorsionadas”, le dijo Guadagni a LA NACION.

Al referirse a la instrumentación del ajuste, el documento señala que la recomposición “debe ser gradual y apuntar luego de un período de transición a un set de precios y tarifas que reflejen costos económicos”.

“No hay nada peor para los consumidores y para las empresas energéticas que la indefinición y la judicialización de temas tan sensibles para la sociedad. El congelamiento tarifario implica una indefinición que agrava el problema. La responsabilidad de salir del atolladero es de todos”, expresa. Y concluye: “Afortunadamente hay salida, por eso es hora de concretar los acuerdos políticos requeridos”.

 

fuente LA NACIÒN

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