El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido deberá presentarse hoy a prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py en la causa en la que se investigan presuntos delitos en el manejo de más de 200 millones de pesos de fondos públicos destinados al programa de construcción de viviendas por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

De Vido fue citado a las 10 por el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, el mismo magistrado que el jueves pasado ordenó la detención de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, y que al día siguiente le concedió la eximición de prisión solicitada en su nombre por un abogado.

Luego del revuelo de la semana pasada, en el juzgado comenzarán a analizar cómo y cuándo se le tomará declaración indagatoria a Bonafini, lo que no ocurrirá hoy, según dijeron fuentes judiciales a Clarín. Lo más probable es que el juez se traslade a la sede de la Fundación, pero previamente la defensa de Bonafini debería presentar un certificado médico que indique que no puede trasladarse ella a Comodoro Py.

De Vido será indagado por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta, que prevé penas de hasta seis años de prisión. Es por 206 millones de pesos que estaban destinados a las obras de las viviendas pero que habrían sido desviados a través de “cuevas” financieras.

El ex ministro de Planificación ya se encuentra procesado en tres causas por presunta comisión de delito en el ejercicio de las funciones públicas que tuvo durante los tres gobiernos kirchneristas. Además es investigado en varias causas más en las que también puede llegar a ser procesado.

El primer procesamiento de De Vido fue firmado por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por la llamada “tragedia de Once”, el accidente que provocó 52 muertes por el mal estado del servicio del ex ferrocarril Sarmiento. La decisión de Bonadio ya fue confirmada por la Cámara Federal y la querellante Oficina Anticorrupción pidió que el ex funcionario sea llevado a juicio oral y público.

El segundo procesamiento fue dictado por el juez Sebastián Ramos por la no renegociación de los contratos con los concesionarios de los servicios de transporte público. En este caso los delitos analizados son abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Y el tercer procesamiento fue firmado por el juez Julián Ercolini en la causa en la que ordenó detener al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por presunto delito en la compra de trenes usados a España y Portugal durante el gobierno del fallecido Néstor Kirchner.

 

fuente CLARÌN

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