CÓRDOBA.- Diferentes referentes de gobiernos provinciales coincidieron en que el plan de viviendas sociales Sueños Compartidos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, era manejado por el entonces secretario de Obras Públicas José López. Pero insistieron en que el ex ministro Julio De Vido “nunca pudo desconocer lo que pasaba”.

Plantearon a LA NACION que todas las gestiones por vialidad, recursos hídricos y vivienda se hacían ante López, mientras que De Vido se ocupaba básicamente de transporte, energía, subsidios y cuestiones políticas. Pero ninguno le quitó responsabilidad política al ex ministro.

En el escrito que De Vido le presentó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que lo había citado para que explicara el desvío millonario de fondos estatales entregados a la fundación de las Madres de Plaza de Mayo, dijo que él no era el encargado de controlar qué se hacía con la plata y que era López quien estaba involucrado en el proceso.

“La actuación del ministerio fue canalizada directamente por la Secretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Vivienda”, plantea en el escrito, donde también sostiene que no participó “en forma personal ni funcionalmente”.

Uno de los municipios involucrados es Rosario, cuyo intendente durante aquellos años era el actual gobernador santafecino, Miguel Lifschitz, quien deberá declarar en la causa. Apenas fue citado, dijo que está “predispuesto” a dar toda la información para contribuir con el esclarecimiento del caso y aseguró que en la municipalidad nunca se manejó dinero: “Nos limitamos a hacer controles de obra y a elevar informes técnicos”.

En diálogo con LA NACION, el concejal radical Jorge Boasso recordó que fue Sergio Schoklender el que se presentó en el Concejo Deliberante de Rosario para informar sobre el convenio que “kirchneristas y socialistas presionaban para aprobar” para la construcción de unas 400 casas en el llamado “Barrio Toba”.

“Después, ante los incumplimientos en la obra, Lifschitz acordó con la Nación que la terminaría una empresa provincial -continuó-. Los actores siempre fueron el gobierno central, la municipalidad y las Madres. Todos mencionaban al Ministerio de Planificación; entiendo que la figura de López estaba subsumida en De Vido.”

El gobernador santafecino insiste en que en 2009, cuando apareció la primera denuncia “contra los hermanos Schoklender, inmediatamente cortamos todo. El gobierno nacional era el que pagaba directamente a la fundación de las Madres”.

En Córdoba nunca hubo Sueños Compartidos, pero el esquema que describió De Vido es el mismo que graficó un informe de la AGN para las obras que financió Obras Públicas al Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder), que tenía al kirchnerista Eduardo Accastello como líder. El ex intendente de Villa María salió a aclarar que los municipios no cotizaban las obras y que toda la responsabilidad era de López.

“Nación empezó a saltar a los gobernadores y a negociar directamente con los municipios para garantizarse su lealtad”, apuntó un ministro misionero. El ex gobernador de esa provincia Maurice Closs también debe declarar en la causa.

La diputada nacional chaqueña Marta Terada afirmó a LA NACION que cuando Jorge Capitanich, como gobernador, les presentó Sueños Compartidos -que para esa provincia incluía 1228 viviendas, cinco hospitales y 23 centros de salud- enfatizó que era “un paquete que bajaba desde la Nación vía Planificación, pero que se manejaba en forma directa con la Fundación Madres de Plaza de Mayo; era Schoklender el que venía a las obras y a cobrar los cheques”. Subrayó que Capitanich creó una unidad especial para el manejo de los fondos, para que no pasaran por el Instituto de la Vivienda: “Repitieron la misma matriz y forma de manejo en todo el país; De Vido no puede echarle la culpa a un subalterno”.

 

fuente LA NACIÓN

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