Por primera vez en el año, el gobierno de Mauricio Macri dejó a un lado los argumentos técnicos y judiciales que había defendido con vehemencia para priorizar la vía política con vistas a destrabar los aumentos de la luz y el gas, que están frenados por los tribunales y amenazan con hacer inviable al sistema energético.

Quien transmitió el golpe de timón fue el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que ayer anunció, en declaraciones a Radio Mitre, que su cartera convocará a audiencias públicas para explicar los pormenores de los aumentos que otorgó a los generadores de electricidad y a los productores de gas.

Fuentes cercanas a la Rosada dijeron a LA NACION que se harán audiencias públicas según lo que dictan las leyes de los marcos regulatorios para debatir sobre los precios mayoristas de la luz y del gas. Uno de los expositores sería el propio Aranguren. “También habrá espacio para las asociaciones de consumidores y cualquiera que pida la palabra”, se informó. Como hay que convocarlas con 20 días de antelación, las reuniones se harían hacia fines de este mes.

En octubre, en tanto, se concretarán las audiencias públicas relacionadas con la remuneración de las áreas de transporte y distribución.

El Gobierno está dispuesto ahora a dar explicaciones pese a que, según su interpretación, no era necesario ni figura en ninguna parte de la legislación que regula a ambos sectores. Ese era justamente el principal argumento que habían esgrimido tanto Aranguren como otros ministros para justificar la suba de tarifas sin pasar por las audiencias públicas.

La convocatoria, cuyos detalles se conocerán en una inminente resolución del ministro, apunta a tender puentes con la Corte Suprema, que deberá definir en los próximos días si convalida las decisiones de los tribunales de menor jerarquía que frenaron los aumentos o le da luz verde al Gobierno para implementarlos.

“En los próximos días la vamos a convocar para informar sobre el estado de situación de generación de electricidad y su precio, y el gradualismo en los aumentos”, explicó Aranguren ayer en relación con las audiencias públicas, que también se extenderían al gas. En ese caso, puede que se hagan varias, dado que el Gobierno regula el servicio en todo el país.

Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, agregó que las audiencias públicas “serán para explicar el tema técnico que está detrás de los aumentos. No serán las audiencias que pidió la Cámara Platense [que frenó los incrementos del gas]. El Ministerio de Energía sostiene que cumplió con la normativa”.

La falta de audiencias previas a los aumentos fue el punto más cuestionado. Aunque la administración de Mauricio Macri insiste en que no incumplió los marcos regulatorios de ambos sectores porque en la práctica retomó el plan de incrementos que debía aprobar el ex presidente Néstor Kirchner, pero nunca concretó, los jueces y los críticos así se lo reclamaron. Un caso alcanza de muestra: la semana pasada, la jueza federal Martina Forns suspendió los aumentos de luz en todo el país y mencionó como su principal argumento la falta de audiencias públicas previas. Sostuvo que había al menos 50 jueces en todo el país que, a través de sus fallos en contra de los incrementos, pensaban de la misma manera que ella.

Anteayer, el grupo de ex secretarios de Energía, entre los que se cuentan varios especialistas que hoy tienen cargos en el Gobierno, hicieron el mismo reclamo. “La situación heredada al 10 de diciembre de 2015, y que aún hoy no ha sido modificada, es que se desconocen muchos costos que condicionan la elaboración de un tarifario que recupere los costos del sistema en los segmentos de transporte y distribución. Para conocer esos costos y fijar las tarifas reguladas se debe convocar a los respectivos procesos de revisión tarifaria previstos en los marcos regulatorios de gas y electricidad. Para esas revisiones son necesarias las audiencias públicas”, sostuvieron en un documento.

Aranguren aseguró ayer que está en riesgo el sistema. Sostuvo que en el bimestre mayo-junio, el 87% de los usuarios recibió facturas por menos de $ 500 y precisó que, a pesar de las subas, la cobrabilidad en ese período fue del 78 por ciento.

“La gente ha pagado porque reconoce que existe un problema”, interpretó. “Hay que recomponer los cuadros tarifarios protegiendo al más débil para que aquellos que pueden paguen por lo que consumen. Sería muy grave que la Corte no avalara el aumento”, agregó, y sostuvo que retrotraer al cuadro tarifario anterior le implicaría un costo al Estado de 22.000 millones de pesos (más de 1460 millones de dólares).

Un cambio de estrategia obligado

Audiencias públicas

El Gobierno hará audiencias para informar sobre los aumentos de tarifas y moderar el descontento que despertó la medida.

Corte Suprema

La administración Macri considera que es una alternativa para facilitar una decisión del máximo tribunal, que autorizaría así las subas de luz y gas.

Medidas cautelares

Aunque el Gobierno dice que no eran necesarias, los fallos en contra de los aumentos cuestionan la falta de audiencias previas.

 

fuente LA NACIÓN

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