Había sido investigado y sus oficinas allanadas en 2009 en la causa Skanska. Mantuvo durante años un perfil bajo, mientras era señalado en el mundillo de la obra pública como el “operador” del Ministerio de Planificación. Ayer, el contador Andrés Galera debió volver a defenderse en los tribunales de Comodoro Py, tras ser imputado como supuesto “testaferro” de José López.

Aconsejado por sus abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, Galera se negó a responder preguntas del juez federal Daniel Rafecas y reclamó la nulidad de la imputación que pesa sobre él por indefinición del hecho. Presentó un escrito en el que admitió conocer “socialmente” a López, pero negó haber actuado como prestanombre para que el ex funcionario ocultara parte de su patrimonio.

Galera está imputado como “propietario aparente” del lujoso chalet que López ocupaba en Tigre. En los papeles, el marplatense fue dueño del terreno hasta mayo de 2010, cuando lo vendió -con una casa a medio hacer- al constructor Eduardo Gutiérrez. Éste, a su vez, terminó de construir la mansión y se la alquiló a López.

Para el juez Daniel Rafecas y para el fiscal Federico Delgado, la hipótesis es que todo fue una simulación para que López ocultara que era el verdadero dueño de la propiedad. Durante una inspección ocular al chalet, la Justicia encontró pruebas (planos, notas, mails) con indicaciones del ex secretario de Obras Públicas y de su esposa sobre cómo querían diseñar la casa, a pesar de figurar como meros inquilinos.

Nacido en Mar del Plata, Galera tuvo su centro de operaciones en una oficina del microcentro porteño, pero en el último tiempo había trasladado sus negocios a España. Debió volver semanas atrás cuando quedó involucrado en la causa por enriquecimiento ilícito de López, un expediente que se aceleró tras la madrugada del escándalo en el convento de General Rodríguez.

Un proyecto frustrado

En su escrito, ayer Galera detalló el rol que tuvo en las operaciones en torno del chalet de Tigre. Tras autodefinirse como “contador” y “constructor”, señaló que compró el terreno baldío con salida al río Luján el 22 de mayo de 2008. Dijo que su proyecto era construir una casa familiar, pero que su esposa no estuvo de acuerdo con la ubicación geográfica del lugar, por lo que tomó la decisión de desprenderse del inmueble.

Según declaró el contador, inició la construcción de una casa para “revalorizar la propiedad” y obtener una ganancia con la operación. Es allí donde mencionó el rol de López. “Por esas fechas, el ex secretario de Obras Públicas y su esposa, María Amalia Díaz, a quienes yo conocía socialmente desde un tiempo antes, tomaron conocimiento de la existencia de dicho terreno y de mi interés de desprenderme del mismo”, se limitó a describir Galera.

Sobre el rol del matrimonio López en el diseño del chalet, agregó que Díaz estuvo en contacto con el arquitecto de la obra, aunque no tomó decisiones sobre ésta.

El contador aseguró que “por distintas razones, principalmente económicas”, no concretó la venta del inmueble a López. En 2010, dijo Galera, “se presentó la posibilidad de vender el emprendimiento a Eduardo Gutiérrez, dueño de la constructora Grupo Farallón”.

Al ser indagado en la Justicia la semana pasada, Gutiérrez dijo que fue Galera quien, en un hotel de la avenida Córdoba, le ofreció el chalet a medio hacer. Además, aseguró que el marplatense le dijo en aquella reunión: “José [por López] está interesado”.

Galera aseguró ayer que, tras venderle el inmueble a Gutiérrez, no tuvo más “noticias” sobre la propiedad y que desconocía las circunstancias por las que López se vinculó con la casa. Gutiérrez, por su parte, había dicho que al terminar de construir la casa se la alquiló al ex funcionario, “con opción de compra”.

La transacción, sin embargo, nunca se concretó en los cinco años que López habitó la casa junto con su esposa.

Zamora apuntó a Planificación

El senador nacional y ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora aseguró en la Justicia que “no tuvo ninguna vinculación” con la “contratación y ejecución” del plan de viviendas Sueños Compartidos.

Dijo que si hubo irregularidades no ocurrieron en su provincia. Mencionó que las autoridades nacionales “condicionaron” la obra y “determinaron” que debía hacerse a través del plan Sueños Compartidos.

Zamora fue indagado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi como sospechoso. Concurrió con su abogado, Ricardo gil Lavedra, quien presentó un escrito y contestó preguntas del magistrado.

 

fuente LA NACIÒN

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