La Iglesia mostró ayer una fuerte preocupación por el escándalo del monasterio de General Rodríguez y decidió extremar recursos para asegurar la transparencia en todas las donaciones que recibe.

En ese sentido, los veinte obispos que integran la comisión permanente del Episcopado coincidieron en que es necesario dar “señales claras en favor de la transparencia en el manejo de fondos y la rendición de cuentas”, reveló a LA NACION una fuente episcopal.

En contraste con la dispersión y los débiles controles existentes, los obispos consideraron como modelo apropiado el protocolo que aplica Cáritas -una de las organizaciones que gozan de mayor confiabilidad-, mediante normas estrictas que impiden aceptar fondos con orígenes dudosos o con sospechas de estar involucrados en operaciones de lavado de dinero.

A través del protocolo, por ejemplo, Cáritas “no recibe cualquier dinero, examina de dónde vienen los fondos”, explicó a LA NACION su presidente, el obispo Oscar Ojea, al confirmar la preocupación de la Iglesia

El protocolo que existe hoy en Cáritas no se extiende a todas las donaciones que recibe la Iglesia, a través de las distintas instituciones y diócesis de todo el país. Su aplicación, por ejemplo, tal vez hubiera evitado el escándalo del monasterio de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, donde la excesiva cercanía que el fallecido obispo Rubén Héctor Di Monte y la madre Alba, superiora del convento, mantenían con el centro del poder del kirchnerismo terminó perjudicando a la Iglesia.

“Hay una preocupación por extremar las normas de transparencia, especialmente cuando se reciben donaciones del Estado, e incluso de los empresarios”, dijo monseñor Oscar Ojea.

La necesidad de aportar mayor transparencia en el manejo de los recursos se ajusta a las directivas del papa Francisco, quien hace dos meses pidió a los directores del programa Scholas Occurrentes que devolvieran una donación de $ 16,5 millones del gobierno de Mauricio Macri en una carta en la que les advertía sobre el temor de que “empiecen a resbalar en el camino hacia la corrupción”.

Tras el resonante escándalo de las monjas de General Rodríguez, incluso, algunos obispos ya comenzaron a frenar la recepción de fondos. Por ejemplo, a fines de junio, el obispo de Rafaela, monseñor Luis Fernández, rechazó la donación de $ 400.000 otorgada por el gobierno de Santa Fe para financiar las obras de refacción de una parroquia.

La reunión del Episcopado, que concluirá hoy con el tratamiento de otros temas, fue encabezada por su presidente, monseñor José María Arancedo, junto con los vicepresidentes, el cardenal Mario Poli y el arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, y el secretario general y obispo de Chascomús monseñor Carlos Malfa.

Los proyectos de Cáritas

En medio de la inquietud episcopal por la transparencia en la administración de los fondos, los obispos avanzaron en el visto bueno de dos iniciativas de Cáritas destinadas a poblaciones vulnerables, que requerirán asistencia financiera.

Uno es la creación de centros barriales para la atención de jóvenes afectados por el consumo de drogas, que se realizarán a través de cooperativas y la colaboración financiera de organismos internacionales. Y el otro es la ejecución de programas de autoconstrucción y mejoramiento de viviendas para familias pobres, que se gestionarán mediante convenios con la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, que conduce Marina Klemensiewicz en el Ministerio del Interior.

“Todo se enmarca en la preocupación de la pobreza. Las adicciones y la falta de viviendas se dan principalmente en barrios vulnerables y nosotros intentamos responder a las necesidades de la gente”, explicó el obispo Ojea, al insistir en que la transparencia es un elemento central en esos procesos. Desde 2004. Cáritas participó en el plan de construcción de 5307 viviendas, por un monto de $ 662 millones, con el modelo de autoconstrucción, que se ajustó a los controles rigurosos del protocolo.

También el obispo de Jujuy, monseñor Daniel César Fernández, exigió recientemente que todos, en el Estado y en la Iglesia, estén obligados a rendir cuentas. “Como obispo, soy administrador de los bienes de la Iglesia. Tengo que saber que debo rendir cuentas. Y es importante que todo funcionario público sienta que siempre va a tener que rendir cuentas”, expresó, al hablar en su diócesis.

Los controles de la Iglesia no se limitan a lo económico, sino que también apuntan a definir con más claridad la responsabilidad que tienen las autoridades eclesiásticas sobre las asociaciones privadas de fieles constituidas en distintas diócesis, como es el caso del monasterio de la madre Alba.

Algunos obispos plantearon en la reunión de ayer su inquietud por los riesgos de politización de la festividad de San Cayetano, a partir de la marcha de organizaciones sociales que partió el domingo del santuario de Liniers. Hubo coincidencia, en tanto, en el diagnóstico del Papa sobre los índices de desocupación.

Los casos más recientes

El ex funcionario kirchnerista José López intentó ocultar bolsos con US$ 9 millones en el monasterio de Fátima, de General Rodríguez. Les dijo a las monjas que era una donación

Francisco ordenó a los directores de Scholas devolver la donación de $ 16,5 millones del Gobierno y expresó su temor de que “empiecen a resbalar en el camino hacia la corrupción”

El obispo de Rafaela rechazó una donación del gobierno de Santa Fe por 400.000 pesos.

 

fuente LA NACIÒN

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