Como consecuencia de una nota de Clarín del domingo pasado que reveló que habían borrado el registro de entradas a la Quinta de Olivos unos días antes y después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini ordenó ayer una batería de medidas para identificar cuáles fueron los teléfonos fijos y móviles que utilizó la ex presidenta Cristina Kirchner en ese período. Se trata de la primera vez que Palmaghini investiga a Cristina, aunque sea por un tema colateral, en la causa por la muerte violenta de Nisman. La batería de medidas incluye hasta la agenda pública de audiencias de la ex presidenta.

La orden de Palmaghini abarca a la ex presidenta, al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al ex canciller Héctor Timerman; al ex secretario general de la Presidencia y ex titular de la AFI, Oscar Parrilli y su segundo Juan Martín Mena; al ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, a los diputados Andrés Larroque y José Ottavis; al ex jefe del Ejército César Milani y al piquetero ultra K Luis D’Elía. Incluye además los nombres del referente de la comunidad iraní Jorge Khalil y el líder de la organización Quebracho, Fernando Esteche. El pedido a la Jefatura II de Inteligencia del Ejército esconde la sospecha de que Milani le haya proveído un celular “seguro” a Cristina por afuera de los números que tenía asignados oficialmente para eludir eventuales investigaciones judiciales. La sospecha se sustenta en que la ex presidenta se apoyó en el “aparato de inteligencia paralela” de Milani antes de echar a Stiuso -el hombre fuerte de los K hasta ese momento- en diciembre del 2014. El Ejército tiene prohibido por ley hacer inteligencia interna. Cristina desconfiaba de Stiuso porque estaba en contra del pacto con Irán.

La magistrada dispuso también que la medida alcance a aquellos que habían sido denunciados por Nisman como parte del supuesto encubrimiento a favor Irán, como el ex juez Héctor Yrimia a quien el fiscal muerto vinculó con un sector de la ex SIDE que querían plantar una pista falsa en la causa AMIA.

Tras conseguir estos números, Palmaghini podría solicitar un informe de entrecruzamiento de llamadas, algo que hace tiempo viene solicitando el abogado de la madre de Nisman, Sara Garfunkel, Pablo Lanusse.

Esta búsqueda de pruebas se relaciona con otra información que Clarín reveló en exclusiva en enero pasado sobre el intenso y sospechoso tráfico de comunicaciones telefónicas que mantuvieron el 18 de enero del 2015 Stiuso, el ex director de Reunión Interior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Fernando Pocino y Milani, doce horas antes de que se supiera de la muerte de Nisman.

Las comunicaciones constan en un informe de la división Fraudes Bancarios de la Policía Federal que pidió la ex fiscal Viviana Fein . El mismo informe destaca que entre estos teléfonos antes no había cruces de llamadas los fines de semana.

Esas conversaciones telefónicas fueron descubiertas gracias a que el fiscal federal Carlos Stornelli declaró que habló con Nisman horas antes de su muerte y que su celular tenía llamadas con un teléfono celular a nombre de Silvia Tomalini, la ex mujer de Pocino. Stornelli y Pocino fueron compañeros de estudios en la facultad de Derecho de la UBA y mantienen una relación de amistad.

A pedido de Lanusse, la magistrada también solicitó que le sean enviados los registros originales y los videos de cámaras de seguridad de ingreso y egreso de la Quinta Olivos entre el 11 y el 20 de enero de 2015 y las filmaciones de los movimientos interiores de la residencia presidencial. Es por la nota de Clarín del domingo pasado que reveló la falta de esas planillas de ingresos del libro de guardia (Ver aparte). El borrado del libro de guardia podría deberse a la necesidad de ocultar a Milani entrando y saliendo de Olivos, especuló una fuente judicial. Pero para que no quedan dudas de su determinación, Palmaghini pidió los nombres de todos los miembros de la Agrupación Seguridad de Inteligencia de la Presidencia que tuvieron ese registro en las manos para averiguar quién fue el responsable de suprimir páginas enteras del libro de guardia. “Siempre que se borra una huella, es porque se esconde un delito”, dijo la fuente.

 

fuente LA NACIÒN

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