El Gobierno casi agotó los fondos disponibles para subsidiar la luz

El plan económico del Gobierno está cada vez más atado a los designios de la Corte Suprema, que el jueves próximo podría decidir sobre la validez de los aumentos en los servicios de electricidad y gas que se anunciaron en la primera etapa del año, pero luego fueron suspendidos por la Justicia. Sucede que, según los números oficiales, la administración de Mauricio Macri ya agotó casi todos los fondos disponibles para subsidiar la electricidad, la factura más importante que tiene que pagar en términos de transferencias de recursos del fisco a sectores económicos.

En otros términos: incluso si se aplican los aumentos anunciados por el Gobierno, es muy probable que la Casa Rosada deba aumentar los recursos destinados a cubrir la diferencia entre el costo real de producir la electricidad y lo que pagan los distintos usuarios (se estima que hoy equivale a un tercio del valor anterior).

Pero esas transferencias serían sustancialmente mayores si no prospera el aumento, situación que obligaría a revisar algunas variables clave de la economía, como la emisión monetaria y la inflación, o el nivel de endeudamiento previsto por el Poder Ejecutivo.

Los últimos números del Ministerio de Hacienda muestran que el presupuesto tiene $ 73.428,45 millones disponibles para subsidiar la luz en 2016, bajo el programa denominado Formulación y ejecución de la política de energía eléctrica. De ese total, hasta el 31 de julio se emitieron certificados de pago por $ 67.755,75 millones, poco más del 92% de los fondos disponibles, cuando aún faltan cuatro meses y medio para que termine el año.

En el lenguaje de los especialistas en la contabilidad presupuestaria, se trata de una sobreejecución de los recursos, porque si se emplearan de manera cronológica se tendría que haber utilizado casi un 70% de los fondos.

Por una gran diferencia, el programa destinado a transferirle recursos al sistema eléctrico es el que muestra un mayor uso de los recursos. Por caso, Aerolíneas Argentinas, también escasa de fondos y con un alto grado de ejecución, empleó el 80% del dinero disponible para todo el año, según el presupuesto.

A esta altura del año pasado, el kirchnerismo había utilizado una cantidad similar de recursos para los subsidios energéticos ($ 59.304,16), de manera que el Gobierno redujo en términos reales el gasto en esa área. Ese logro podría resultar efímero si la Corte fallara en contra de los aumentos.

El Gobierno tiene alternativas limitadas para cubrir el rojo imprevisto que abriría la marcha atrás total de los aumentos: aumentar la emisión, que tiene consecuencias directas sobre la inflación, o tomar deuda para financiar el sostenimiento del sistema.

Una fuente oficial de trato frecuente con Mauricio Macri señaló que ninguna de esas alternativas está realmente en estudio por los técnicos de la Casa Rosada. La apuesta apunta a que la Corte avale los aumentos o, cuanto menos, deje la puerta abierta para que eso ocurra en el futuro cercano.

Hasta esta semana, sin embargo, nada le garantizaba al Gobierno que el máximo tribunal le fuera a dar por completo la razón sobre las subas de la luz y del gas. Por eso había ensayado algunos mecanismos con vistas a enviar señales que allanen el camino. El más importante fue la convocatoria a audiencias públicas, un requisito que si bien la Casa Rosada considera que no era necesario a esta altura del proceso, se sabía que era bien visto por los jueces.

Fausto Spotorno, del estudio Orlando J. Ferreres, estima que si la Corte rechazara los aumentos el Gobierno volvería a implementarlos, pero de otra manera. Por ejemplo, con audiencias públicas previas. «Aun así, va a tener que aumentar las partidas para atender los subsidios de los últimos meses, que son los más importantes por las bajas temperaturas», estimó. Y apuntó otro dato: una parte sustancial del aumento de las tarifas no está orientada a reducir las transferencias del Estado al sector, sino también a darles algo de rentabilidad a las empresas.

Con la marcha atrás de los aumentos, la mejora en los números de las compañías de servicios públicos, como Metrogas, Gas Natural, Edenor y Edesur, o de las relacionadas con ellos, como las transportadoras Transener (electricidad), TGN y TGS (gas), también quedó postergada. Se trata de una amenaza directa sobre la calidad del servicio.

Anteayer, la distribuidora Edenor le informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que perdió $ 1185,50 millones en el primer semestre por «la decisión judicial de frenar el aumento de la tarifa». Y advirtió que la empresa podría encaminarse hacia «una eventual disolución». Advirtió: «Esta situación llevaría a la sociedad a encontrarse sin ingresos operativos suficientes, lo que, de mantenerse en el tiempo, impediría en el corto plazo hacer frente a los gastos de operación, los pagos de la energía eléctrica y/o los pagos relacionados al plan de inversiones», destaca la empresa.

Los recursos presupuestados

Es probable que los fondos disponibles no alcancen

$ 67.755

Millones

El Gobierno ya emitió certificados de pago por ese monto hasta el 31 de julio

92%

de lo previsto

Lo disponible para subsidiar la luz en 2016 es de $ 73.428,45 millones

70%

Es lo que debería haber sido ejecutado

Según especialistas, se trata de una sobreejecución de recursos, ya que si se hubieran aplicado los subsidios de manera cronológica el porcentaje de ejecución a esta altura del año debería ser del 70%

fuente LA NACIÒN

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