Un cocinero que prueba su comida para que no sea envenenado, un doble para cuidarlo ante un posible atentado, vidrios blindados en su celda para evitar un asesinato… Cuarenta días después de su llegada a la Argentina, Ibar Esteban Pérez Corradi podría quedarse ahora sin los beneficios del programa de protección de testigos.

La Justicia y el Ministerio de Seguridad evaluaron ayer la posibilidad de enviar al único sospechoso de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez al penal de Ezeiza, lejos de las medidas de extrema seguridad implementadas desde su arribo al país, informaron fuentes oficiales a LA NACION.

Mientras tanto, Pérez Corradi espera. No ingiere alimentos desde hace siete días, confiaron sus allegados. Toma agua y té. Su familia tampoco lo visita en su celda. “Está muy preocupado por la situación”, dijeron quienes lo frecuentan. Desde la Justicia dijeron que no tienen conocimiento sobre el cambio en la alimentación del detenido. “No está en huelga de hambre”, aclararon desde Seguridad.

Su relación con la jueza María Romilda Servini de Cubría atraviesa su peor momento, cansada ya de las contradicciones y las “lagunas” en su relato, que despiertan desconfianza. Hace un mes que su indagatoria está interrumpida, pese a que solamente resta un último capítulo y las preguntas de la jueza y del fiscal Juan Pedro Zoni. Una vez que termine su indagatoria, la Justicia deberá definir su situación procesal. Su defensa presentará el lunes un nuevo escrito para adelantar parte de su declaración.

¿Cómo determinarán si deben enviarlo al penal de Ezeiza? Autoridades judiciales y funcionarios del Ministerio de Seguridad evaluarán en los próximos días si la vida de Pérez Corradi corre riesgo. El narcotraficante no apunta a enemigos argentinos, sino a miembros de la mafia árabe de Ciudad del Este (Paraguay) para la que supuestamente trabajó en el tráfico de drogas durante sus cuatro años en ese país.

El trámite -detallaron fuentes oficiales- podría demorar dos semanas. Mientras tanto, el narcotraficante permanecerá detenido en el edificio Centinela, como parte del programa de protección de testigos, tal como acordó antes de ser extraditado.

Horas después de ser detenido en Foz de Iguazú, Pérez Corradi declaró ante la justicia de Paraguay que trabajó para la mafia árabe de Ciudad del Este. Según la investigación realizada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Mohamed Khalife era el financista de una banda -que integraba el argentino- que cocinaba drogas sintéticas para después venderlas a un grupo narco brasileño.

La relación entre Pérez Corradi y Khalife se tensó tras su detención. El argentino sostuvo que la mafia árabe realizó distintas amenazas contra su familia, mientras que Khalife sostuvo ante LA NACION que Pérez Corradi lo extorsionaba con acusarlo ante la justicia a cambio de dinero.

Más allá del enfrentamiento, la justicia paraguaya encontró documentación del grupo terrorista Estado Islámico en un domicilio que frecuentaron Pérez Corradi y su mujer para obtener una cédula de identidad falsa que le permitiera moverse en la clandestinidad. Sus abogados sostienen que, tras su detención, Pérez Corradi quedó enemistado con la mafia árabe y argumentan, entonces, que su vida está en riesgo.

Colaboración

“Vamos a pedir la colaboración de fuerzas de seguridad extranjeras en la Argentina porque la vida de Pérez Corradi corre peligro a los efectos de cuestiones vinculadas al terrorismo internacional”, dijo Carlos Broitman.

Su defensa no descarta, incluso, prestar colaboración con Estados Unidos en materia de terrorismo internacional, ya que -aseguran- Pérez Corradi podría facilitar “información “muy valiosa” sobre la logística de estos grupos en la Triple Frontera.

Antes de que Pérez Corradi se escapara de la Argentina, Estados Unidos había realizado un pedido de extradición tras detectar que el narcotraficante había intentado traficar oxicodona a ese país. Su abogado se reunió la semana pasada en Estados Unidos con autoridades judiciales para analizar la situación de Pérez Corradi.

Boudou, a juicio oral y público

El fiscal federal Jorge Di Lello tiene previsto pedir hoy la elevación a juicio oral y público del ex vicepresidente Amado Boudou al acusarlo de querer apoderarse de la imprenta Ciccone, que fabrica billetes.

El juez Ariel Lijo cerró la investigación y quiere elevar el caso a juicio oral. Pero Di Lello se opuso porque insiste con indagar en esa causa al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Finalmente, la fiscalía pedirá que Boudou y el resto de los acusados sean juzgados, pero dejando a salvo la necesidad de que en la instrucción de la causa el juez Lijo siga profundizando sobre la actitud de Echegaray en el caso Ciccone.

Para el juez evitó una maniobra delictiva, pero para el fiscal Echegaray favoreció las intenciones de Boudou. Esta causa se suma a otras investigaciones que enfrenta el ex vicepresidente.

 

fuente LA NACIÒN

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