Las computadoras y agendas del suspendido titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión fueron secuestradas ayer por el juez federal Ariel Lijo, quien lo investiga tras la denuncia anónima que determinó su alejamiento del cargo.
Este trámite judicial es parte de una treintena de medidas de prueba que realizó el magistrado en la causa en que investiga si el ex funcionario está involucrado en el pedido de dinero para permitir maniobras de contrabando.
Lijo pidió, además, el listado de personas que designó Gómez Centurión desde su llegada a la Aduana y los números de los teléfonos celulares que utilizaba, así como los que tenían las personas de su entorno.
Lijo firmó una «orden de presentación» para que agentes de la Gendarmería y enviados del juzgado procedieran a llevarse las agendas personales y computadoras del ex funcionario.
Con ese material, el juez podrá evaluar cómo avanza la investigación para corroborar los términos de la denuncia anónima que llegó al Ministerio de Seguridad y que llevó a la titular de la cartera, Patricia Bullrich, a presentarla en los tribunales, después de consultar al presidente Mauricio Macri.
El juez Lijo había dispuesto, además, analizar las cámaras de seguridad del complejo comercial Buenos Aires Design, de Recoleta, donde supuestamente se habría realizado una reunión entre dos de los denunciados. Pero los voceros dijeron que no se los habría identificado. En las imágenes se ven vehículos, por lo que se busca identificar. mediante las patentes, si pertenecen a Gómez Centurión y al empresario Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias «Cuqui», ex dueño de la empresa de alarmas y recuperadora de autos robados Lo Jack, ambos imputados en la causa por el fiscal Guillermo Marijuan.
El juez quiere cruzar los datos de las llamadas telefónicas recibidas y realizadas por Gómez Centurión y por Barreiro Laborda. Y también las de otras personas ligadas a la investigación, que se encontraban bajo las órdenes de Gómez Centurión en la Aduana.
Gómez Centurión, que gozaba de la confianza del presidente Macri, desestima las denuncias y sostiene que la acusación es una represalia atribuida a «mafias» vinculadas con los servicios de inteligencia por graves denuncias que él había presentado en las últimas semanas.
El funcionario suspendido había señalado que había maniobras con las declaraciones de importación, con los contenedores y en el aeropuerto de Ezeiza con el tráfico de drogas.
La denuncia anónima en su contra contiene conversaciones de Barreiro Laborda donde el empresario, cuyas causas penales procura certificar el juez Lijo, menciona las maniobras de corrupción de la Aduana. Gómez Centurión, un ex comando de Malvinas y ex carapintada, estuvo a cargo de los inspectores municipales en la gestión porteña de Macri. Dijo en los últimos días que Barreiro Laborda era un «informante» sobre el mundo del hampa.
fuente LA NACIÒN
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