Durante los tres primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet, el gobierno chileno decidió manipular las estadísticas oficiales. El índice de precios fue recortado a la mitad -se cambiaron sus valores y se sustituyeron productos que tenían fuertes aumentos por otros con subas más moderadas- con un único objetivo: licuar los aumentos de salarios. Ese período nunca fue revisado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de ese país para evitar reclamos judiciales o indexación de salarios y contratos en forma retroactiva. Sólo en 1987 una investigación de una organización no gubernamental informó sobre la falsificación de la realidad.

Casi 34 años después, la historia se repitió, pero en la Argentina. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner encomendaron al entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ocultar la naciente inflación desde 2006. En enero de 2007 comenzó un proceso que duró nueve años y que destruyó -violentamente- todo el sistema estadístico nacional y dejó al país sin cifras sobre la suba de precios, el crecimiento económico, el intercambio comercial, el desempleo y la pobreza.
Bajo la administración Macri, el nuevo Indec advirtió ahora que no habrá una reconstrucción oficial del bache estadístico que el kirchnerismo dejó al país. Sin embargo, cinco fuentes de diferentes sectores (académicos, privados y oficiales) reconocieron a la nacion que, desde fines del año pasado y comienzos de este, se trabaja en silencio en un plan para revisar -con objetivos académicos y no oficiales- parte de las estadísticas falsificadas por los Kirchner. La plataforma principal será la prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA) y se trabajará en coordinación con varias consultoras privadas.

El proyecto fue motorizado por la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA. No nació del rectorado, que, sin embargo, otorgó libertad de acción al proyecto académico. A fines de 2015, aun sin las elecciones presidenciales resueltas, la casa de estudios dictó un seminario para discutir la credibilidad de las estadísticas oficiales. Con el nuevo gobierno, el proyecto avanzó con por lo menos dos reuniones este año entre profesores de la FCE y cuatro prestigiosas consultoras que en los últimos años recabaron información de base sobre precios con trabajo de campo.
El director del Indec, Jorge Todesca, dio su aval. Ya había advertido al comienzo de su gestión que no habrá reconstrucción hacia atrás de las estadísticas. Rearmar el índice de precios derivaría en millonarios juicios de los tenedores de bonos indexados. En cambio, sí se reconstruyó el dato del PBI. Esa tarea puede complicar sólo a las anteriores autoridades: por truchar los datos se pagó a los tenedores de cupones PBI un 25% más que lo que correspondía. En tanto, en el Indec reafirmaron que los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (pobreza y desempleo son los principales datos que se desprenden de allí) no pueden ser revisados porque es “imposible sustituir los datos”.

Algo genera alivio: desde 2010, la Universidad Católica Argentina (UCA) mide la pobreza, la indigencia y el desempleo. La semana pasada, Todesca rescató esos datos en conferencia de prensa y felicitó a sus técnicos por haber llenado el agujero que había dejado el Indec de Moreno.
Por esos fundamentos la reconstrucción académica de ese bache se focalizaría principalmente en los precios. El organismo estadístico avala esa tarea, como así también dos ministros del gabinete de Mauricio Macri, según pudo saber la nacion. Incluso esta era una idea que daba vueltas dentro de la Fundación Pensar, ya antes de que Macri ganara las presidenciales. “Todavía no hay presupuesto ni nada, pero hay un aval”, contó una fuente que trabaja en el proyecto. “La idea es tener los números de referencia, principalmente para la academia, ya que hay mucha inquietud por parte de los investigadores con las estadísticas públicas de ese período”, agregó.

Las consultoras privadas que trabajan en el proyecto son cuatro. Ninguna trabaja directamente con el Gobierno. Incluso una de ellas asesoró al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, y otra nació bajo la órbita de referentes massistas. “Siempre tuvimos vocación de ayudar. Pero pusimos un par de condiciones, ya que vamos a abrir nuestras bases de datos. Pedimos además que todo lo que se haga después sea público y sirva a todos”, contó un economista jefe de una consultora. En otra de las consultoras también reconocieron contactos, pero dijeron que el proyecto se enfrío.

“La idea es tomar buena información de base recolectada durante esos años, que todos provean esos datos, enchufar precios que no estuvieran podridos y completar los agujeros. En eso podemos aportar las consultoras, pero también algunas direcciones provinciales de estadísticas”, agregó.

Al cajón

No es la primera vez que las universidades trabajan sobre la información que elabora el Indec. En 2009, el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, creó el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), en donde estaban la UBA y las universidades de Tres de Febrero, Rosario, Tucumán y Mar del Plata. A fines de 2010, concluido su informe, Boudou tardó tres meses en recibir el documento, aunque nunca aceptó reunirse con los decanos. Sus conclusiones pedían declarar la “emergencia institucional” en el Indec y declaraba que el IPC “no era creíble”. Fue cajoneado por el kirchnerismo, que prolongó la manipulación cinco años más.

 

fuente LA NACIÒN

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