El Gobierno espera que la Corte Suprema revoque la semana próxima la medida cautelar que les impide a las distribuidoras eléctricas aumentar las tarifas en la Capital Federal y el conurbano bonaerense.
Los funcionarios más cercanos al presidente Mauricio Macri entienden que los casos judiciales que el máximo tribunal tiene en estudio son muy endebles y no permitirían a la Corte ratificar la obligación de hacer audiencias públicas, como sí lo hizo con las tarifas del gas, en el fallo dictado el mes pasado.
Después de ese pronunciamiento el Poder Ejecutivo anticipó que también convocaría a audiencias para las tarifas de luz, aunque aún no fijó fecha, a la espera de la evolución del tema en la Corte.
Además, Macri comenzó a dialogar con gobernadores, gremios y partidos, a los que les presentará su propuesta de nuevo cuadro tarifario, de modo que ese programa de aumentos, cuando se presente a la audiencia convocada, ya llegue con un amplio respaldo político.
Por ahora, en la Corte que preside Ricardo Lorenzetti no hay ninguna posición tomada respecto de las tarifas de electricidad.
Por eso, las alternativas que todavía barajan los jueces van desde revocar la cautelar que dictó la Cámara Federal de La Plata hasta confirmarla, pero a sabiendas de que esa medida producirá un efecto muy limitado. «Los jueces se van a pronunciar por sí o por no, pero aún no tienen un expediente para hacerlo ni está claro cómo hacerlo», dicen en la Corte.
En efecto, en el tribunal, en realidad, hay tres grupos de causas. Uno de los amparos había sido planteado ante la justicia platense por un grupo de legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria (FPV) encabezados por Walter Abarca.
En ese primer caso, está vigente una medida cautelar que suspendió el aumento en parte del territorio bonaerense y el alto tribunal tendría algunos reparos. La Corte siempre se negó a reconocerles a los legisladores la legitimidad para presentar amparos, y mucho menos podría sostener que varios legisladores puedan obtener una sentencia con impacto en todo el país. El martes próximo vence el plazo para que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, pronuncie su dictamen, tras lo cual la Corte sí quedará habilitada para dictar un fallo.
En segundo lugar, hay un universo de amparos presentados en distintos juzgados dispersos por el Gran Buenos Aires, pero esos casos todavía no llegaron a la Corte.
Para juntar ese conjunto tan disperso de expedientes y cerrar todos los frentes de conflicto a la vez, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Balbín, pidió a la Corte que haga un relevamiento de todos esos sumarios para que, una vez que dicte un pronunciamiento, pueda hacerlo valer sobre todos. Caso contrario, el Gobierno estaría expuesto a que la Justicia dicte sucesivamente distintos fallos en todos esos expedientes, y el desgaste sería mucho mayor.
Y el tercero de los casos fue iniciado por un grupo de vecinos y por el Cepis -la misma ONG que logró frenar el tarifazo del gas- y es tramitado en el juzgado federal de Marina Forns. Pero este caso no le representa al Gobierno ningún riesgo. Por un lado, porque si bien la jueza quiso darle impacto nacional a la medida cautelar que frenó el aumento tarifario, muchas provincias decidieron no respetar la medida, porque entendieron que la jueza se excedió.
Pero, además, porque la propia jueza, desde un punto de vista técnico, había dictado una medida precautelar y luego no la ratificó con una cautelar posterior. Es decir, dejó caer la cautelar e, insólitamente, envió el caso a la Corte, sin que mediara apelación alguna.
fuente LA NACIÒN
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