“Fue increíble. Teníamos todo arreglado para que desalojaran y diez minutos antes del plazo convenido llegaron los gendarmes. Nadie sabía nada, menos mal que no hubo víctimas”, relató a LA NACION un alto funcionario bonaerense en referencia al violento operativo, el miércoles 24, en la autopista Buenos Aires-La Plata, tomada durante horas por piqueteros de la CTD Aníbal Verón y Barrios de Pie.

La confesión del funcionario dejó en evidencia la grieta que sacude al oficialismo en relación con el siempre esquivo control de la calle. Mientras el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, sostiene la vigencia del protocolo antipiquetes y propone aplicar sanciones inmediatas a aquellos que corten calles y accesos, otros sectores del gabinete y las administraciones de María Eugenia Vidal (provincia de Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (ciudad de Buenos Aires) se inclinan por soluciones de “consenso” que eviten la confrontación.

La tensión de aquella y otras manifestaciones violentas generaron un debate que aún no se ha saldado del todo en el seno del Gobierno.

Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, sostienen que para controlar piquetes y cortes se debe seguir el protocolo antipiquetes y proponen aplicar sanciones inmediatas
Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, sostienen que para controlar piquetes y cortes se debe seguir el protocolo antipiquetes y proponen aplicar sanciones inmediatas. Foto: Gobernación bonaerense
Aquella batahola del miércoles en plena autopista, en la que las fuerzas federales utilizaron balas de goma y los manifestantes dañaron vehículos mientras agredían a los automovilistas, dejó algunos detalles sin contar.

Según pudo saber LA NACION, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; su par provincial, Santiago López Medrano, y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, monitoreaban el precario acuerdo alcanzado con los piqueteros, que incluía un desalojo pacífico de la autopista (bloqueada totalmente) a las 15. El teléfono de la gobernadora Maria Eugenia Vidal permanecía abierto. “Podía haber salido mal si alguien se golpeaba en la carrera, o si alguien se excedía en el procedimiento. No pasó nada, pero se actuó en un lugar sin jurisdicción”, afirmaron desde la sede gubernamental de La Plata.

Desde la Casa Rosada apoyaron el accionar de Bullrich y la Gendarmería. “Los grupos que estuvieron en la autopista violaron todas las reglas: no avisaron que iban a cortar, no dejaron un carril libre, tuvieron problemas con los autos que circulaban”, afirmaron desde la jefatura de gabinete. Y agregaron: “Hay una fantasía generada que supone que esta situación se puede arreglar de un día para otro. Va a llevar tiempo”, agregaron desde el equipo del jefe de gabinete, Marcos Peña.
En territorio bonaerense, la política de Stanley (apoyada por la gobernadora Vidal) se basa en la necesidad de generar confianza con los movimientos sociales a fin de morigerar el tono de sus demandas. Pero en este caso también se vieron sorprendidos por la virulencia del reclamo. “Nuestro capital político es la cercanía, el de ellos es el conflicto”, reconoció a LA NACION Matías Kelly, funcionario del Ministerio de Desarrollo, a cargo del diálogo con las organizaciones sociales. Desde ese ministerio reconocieron que el diálogo, que incluye a notorios dirigentes como Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Daniel Menéndez (Barrio de Pie), no alcanzó en esa oportunidad.
“Queremos diálogo, sí, pero tenemos un límite, no puede ser que vengan a tomar mate al ministerio y al otro día corten una calle o se instalen en algún lugar sin siquiera avisar”, afirmaron cerca de Stanley. Bullrich, en ese punto, tiene otra postura: anunció el día del corte de la autopista que iniciaría acciones legales contra los manifestantes por “robos, destrozos de bienes y ataques a los automovilistas presentes”. En su Twitter, dejó un mensaje claro: “Lo advertimos y lo hicimos. Liberamos la autopista con @gendarmeria. Denunciaremos penalmente a todos los que cometieron delitos”, escribió la ministra.

La situación planteada en la provincia de Buenos Aires se da, con asiduidad, en la ciudad de Buenos Aires. También allí se plantearon, en más de una oportunidad, distintas posturas entre la Casa Rosada y la gestión de Rodríguez Larreta. “La diferencia entre ellos y nosotros es que a la provincia esto le ocurre de vez en cuando, a nosotros nos pasa casi todos los días”, afirmaron cerca del jefe de gobierno. Ayer, de hecho, cooperativistas cortaron la mayoría de los puentes que unen Puerto Madero como “previa” de su participación en la Marcha Federal contra el Gobierno, sin que nadie los desaloje.

El ministro de Justicia porteño, Martín Ocampo, polemizó más de una vez en estos meses con Bullrich por el control de los piquetes, más allá del acuerdo al que llegaron en mayo para traspasar la policía a la órbita porteña. La relación entre ambos mejoró en las últimas horas, cuando firmaron un convenio para el traspaso de los fondos destinados a la jubilación de policías federales transferidos a la ciudad. “A Ocampo le conviene no aparecer, no generar tensiones ni grandes conflictos para acelerar los cambios que lleva adelante. Bullrich, en cambio, piensa en instalar cada día un tema vinculado a la seguridad en los medios”, afirmaron desde la sede porteña de Parque Patricios.

¿Cómo se resuelven estas diferencias? Nadie duda en la Casa Rosada que Bullrich tiene el aval del presidente Mauricio Macri, más allá de las críticas en voz baja a su estilo de alguno de sus compañeros. Pero ni Vidal ni Rodríguez Larreta tienen previsto por el momento aplicar el protocolo que prevé desalojar las manifestaciones por la fuerza salvo en casos muy puntuales.

“El debate va a seguir, porque los piquetes, manifestaciones y acampes también van a seguir”, afirmaron en Balcarce 50.

 

fuente LA NACIÒN

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