Tras el fallo adverso de la Corte Suprema, el Gobierno le puso números al aumento en la tarifa del gas que espera aplicar a partir del 1º de octubre próximo, luego de las audiencias públicas que realizará el 16 del actual. La propuesta contempla una suba promedio del 203% para los hogares en comparación con la tarifa actualmente vigente, pero por debajo del incremento en torno al 325% que había dispuesto a partir del 1° de abril, lo que había despertado rechazo en ciertos sectores y fue finalmente anulado por el máximo tribunal.
El plan oficial, además, contempla un esquema de aumentos escalonados en el precio del gas que paga la demanda residencial que conducirá a la eliminación total de los subsidios a partir de 2019, salvo en la Patagonia, donde se extenderían hasta 2022. Esa iniciativa, además, implicará la aplicación de dos aumentos por año hasta la finalización del mandato de Mauricio Macri. De esa manera, considera el Gobierno, está respondiendo a las exigencias de previsibilidad que le reclamó la Corte.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, presentó ayer los lineamientos del nuevo plan en una reunión con periodistas. Si bien consideró que la propuesta podría incluir nuevas recomendaciones, sostuvo que contempla las críticas que se le hicieron a la anterior, la mencionó como “superadora” y aclaró que contiene los lineamientos más importantes de las tarifas que se aplicarán a partir de octubre. Eso se debe a que la audiencia pública del gas será un espacio para escuchar todas las voces que quieran hablar sobre el tema, pero no son vinculantes. Es decir, el Gobierno tiene la obligación de realizarlas, pero no de alterar su propuesta.

 

“Mañana [por hoy] vamos a tener otras cuatro reuniones con sindicatos de la energía, con líderes de la oposición y con legisladores. Después de haber hecho consultas, consideramos que esta propuesta es abarcativa. Creemos que es superadora de la propuesta anterior, luego de haber leído el fallo de la Corte”, explicó el funcionario. Y agregó: “Los contribuyentes estamos subsidiando 81% del consumo. A esto aportan incluso los que no tienen acceso a la red de gas”.

Los usuarios que menos consumen sufrirán los aumentos más fuertes. Un cliente denominado R 1, que utiliza un promedio de 56 metros cúbicos (m3) al año sufrirá un aumento de 237%, en comparación con la suba del casi 300% que contemplaba el aumento original para esa clase de consumo. Recibirán una factura mensual de $ 107 sin impuestos, por lo que deberían desembolsar aproximadamente un 25% más que ese número.
Un usuario de demanda intermedia sufrirá en promedio un aumento de 176% y tendrá una boleta promedio de $ 371 por mes también sin impuestos, en comparación con la suba de 235% que intentó aplicar el Gobierno a principios de año.

Entre los usuarios de mayor consumo, que habían sufrido una suba de 174%, el aumento se limitará al 122 por ciento. Su factura mensual rondará los $ 953.

Entre los comercios continuará rigiendo el tope del 500%, contra la suba de casi el 700% que había dispuesto el Gobierno en abril. Entre los de menor consumo, que explican un 99% de la demanda en ese rubro, tendrán una factura promedio mensual de $ 488.

Los nuevos cuadros tarifarios contemplan un golpe de timón en al estrategia original del Gobierno. Los números finales surgen de mantener los aumentos de tarifas para los sectores de transporte y distribución de gas, a cargo de empresas con TGN, TGS, Gas Natural Fenosa, Metrogas y Camuzzi, pero achicar sustancialmente el precio del gas en boca de pozo (lo reciben las petroleras que producen el recurso), que bajará entre un 20% y un 30% en comparación con los valores de abril, según el tipo de cliente y de cambio que se tome.

Hoy el precio del gas promedio en boca de pozo en el país es de US$ 1,25 por millón de BTU, según números oficiales, un valor que obligó a erogar el año pasado subsidios por más de US$ 5000 millones porque el Estado cubría un 82% del costo del gas.

En abril, el Gobierno intentó llevar ese valor a US$ 4,72, algo que le impidió la Justicia. El valor de octubre será de U$S 3,42. Implica que el Estado seguirá subsidiando un 52% el gas. Ese número aumentará dos veces por año, hasta que en octubre de 2019 debería llegar a los US$ 6,78 (el número al que se estima se pagará la importación de LNG), con lo que el fisco no debería poner plata para subsidiar el gas. En la Patagonia eso ocurriría recién en 2022.

Otro de los objetivos del plan es disminuir las asimetrías de precios entre distintas regiones del país. Según Aranguren, para un consumo de 1500 metros cúbicos por año “un cliente patagónico paga $ 10, en Buenos Aires se pagan $ 158 y en el Norte, $ 265. Este tipo de inequidades se deberían resolver en la Revisón Tarifaria Integral”.

Un giro tras el revés judicial

El nuevo cuadro tarifario del gas que propondrá el Gobierno prevé un aumento promedio del 203% y no del 325%, como era inicialmente

Este nuevo esquema tarifario, que será escalonado hasta 2019, es el que se presentará en la audiencia pública convocada para el 16 del actual

A partir de 2019, el Gobierno pretende eliminar totalmente los subsidios, salvo en la Patagonia, donde de extenderá hasta 2022

 

fuente LA NACIÒN

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