En un inesperado giro, un amplio espectro de la oposición, encabezado por el kirchnerismo, forzó en el Senado la introducción de modificaciones al proyecto de ley que regula el derecho de acceso a la información pública, lo cual demorará la sanción de la iniciativa ya que deberá volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados.
A pesar de que todos los discursos destacaron la necesidad de que el país tenga una norma de estas características -fue aprobada en general por unanimidad de 59 votos-, el oficialismo debió ceder ante la presión de más de 40 senadores que lograron imponer su criterio para modificar el texto que había aprobado la Cámara baja.
Uno de los cambios sustanciales introducidos por el Senado es la inclusión en los alcances de la obligación de brindar información ante una requisitoria ciudadana a las empresas con participación accionaria estatal mayoritaria, como YPF.
Éste fue uno de los reclamos formulados por la neuquina Lucila Crexell (MPN) y se impuso a pesar del rechazo del oficialista Federico Pinedo (Pro-Capital).
«Si se elimina la excepción las empresas van a tener que abrirle toda su información a sus enemigos», destacó. «¿Qué queremos, matar a las empresas con participación estatal mayoritaria?», preguntó, indignado, el presidente provisional del Senado.
El kirchnerismo, por su parte, logró imponer una cláusula que obligará al director de la Agencia de Información Pública, que crea la iniciativa, a tener acuerdo del Senado.
Además, el kirchnerismo removió del texto la incompatibilidad para ejercer ese cargo a quienes hubieran ejercido cargos políticos electivos en los cinco años previos.
Un proyecto, tres poderes
El proyecto regula el derecho al acceso a la información pública, extendiéndolo a los tres poderes del Estado. En la actualidad, rige un decreto del gobierno de Néstor Kirchner (1172/03), que sólo alcanza al Poder Ejecutivo.
Serán sujetos obligados la administración pública nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa; el Consejo de la Magistratura. También, las empresas y sociedades del Estado y las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
El proyecto establece que estarán obligados a dar información en un plazo perentorio de 15 días, y también incluye a concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, partidos políticos, sindicatos, universidades y las entidades privadas que reciban aportes del Estado.
Queda exceptuada de esa oblicación la información clasificada como reservada o confidencial o secreta por razones de defensa o política exterior, información que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero, los secretos industriales, comerciales, financieros y científicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad.
En caso de denegatoria, los interesados en ejercer su derecho de acceso a la información podrán interponer un recurso administrativo.
La tarea de administrar los pedidos de la ciudadanía estará a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo.
En ese punto, el kirchnerismo logró imponer la designación de su titular con acuerdo del senado, pero fracasó en su intento de hacer que el organismo dependiera del Congreso y que el director fuera un representante de la oposición.
La Agencia tendrá entre sus funciones la de asesorar a la ciudadanía sobre la tramitación de una solicitud de información. Además, coordinará el trabajo de los responsables de acceso a la información pública designados por cada jurisdicción.
Además, deberá impulsar las sanciones administrativas para los funcionarios que no cumplan con lo establecido por la norma.
Los funcionarios que no se atengan a lo establecido por la norma cometerán una falta grave sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera caberle conforme a los códigos Civil y Comercial y Penal.
En otro de sus puntos, el proyecto crea un Consejo Federal para la Transparencia, órgano que estará integrado por un representante de cada una de las provincias y otro por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y será presidido por el director de la Agencia. La función de este organismo será coordinar las acciones en materia de transparencia.
fuente LA NACIÒN
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