Juan José Aranguren recibió un llamado de atención del propio Gobierno. La Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Ministerio de Justicia, le aconsejó que se desprenda de sus acciones en Shell. El organismo de control elaboró una serie de recomendaciones para que el ministro de Energía evite un conflicto de interés.

En un dictamen de 85 páginas al que accedió LA NACION, también le requirió que se abstenga de tomar intervención en cuestiones vinculadas al Grupo Shell, que incremente la publicidad y transparencia de sus medidas y que evite utilizar información privilegiada para cuestiones no oficiales. El ministro, que en su descargo había pedido desestimar la denuncia, fue notificado de la resolución el viernes pasado y ahora deberá decidir qué hace.

La situación de Aranguren, que fue CEO de Shell hasta junio de 2015 y aún conserva $ 16 millones en acciones de esa petrolera, es una de las controversias que más pesan sobre los hombros de la gestión de Cambiemos. Se trató, también, del caso más sensible para la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

La OA elaboró el dictamen tras cinco meses de análisis y basó su veredicto en el “deber de prudencia”, un concepto previsto en el Código de Ética en la Función Pública. Es decir, el principio por el cual los funcionarios “deben inspirar confianza en la comunidad”. El organismo pretende así marcar una posición que se transforme en un caso testigo para otros funcionarios de distintos rangos que estén en una situación similar.
Para la OA, Aranguren no incurrió en ninguna incompatibilidad en los nueve meses que lleva de gestión, ya que -consideró el organismo- no tomó ninguna decisión que afecte directamente a Shell. Pero hacia adelante le pidió tomar recaudos.

En principio, por el “deber de prudencia”, le recomendó al ministro “que se desprenda de su participación accionaria en la empresa Royal Dutch Shell o adopte alguna medida patrimonial”. Así, podría venderlas o colocarlas en un fideicomiso ciego, como hizo Mauricio Macri con parte de su patrimonio.
El organismo también se pronunció sobre la situación de Aranguren como ex CEO de Shell, cargo que ocupó hasta el 30 de junio del año pasado. En ese sentido, puntualizó que la ley de ética pública (N° 25.188) indica que eso no configura un conflicto de interés en sí, sino que sólo implica que debe abstenerse de intervenir respecto de la empresa en cuestión.

Por eso, si en el futuro el funcionario tiene que tomar alguna medida relacionada particularmente con el Grupo Shell, deberá pedirle al Presidente que designe a otro ministro para la tarea. En cambio, “no tendría vedado adoptar medidas que incidan en general sobre la actividad del sector”.

Cuando en junio Aranguren presentó su declaración jurada y dio a conocer que tenía $ 16.326.051 en acciones Royal Dutch Shell PLC clase A, sus colaboradores señalaron a LA NACION que el ministro no tenía en sus planes desprenderse de esos papeles. Adujeron que cuando el Ministerio de Energía tuvo que tomar alguna decisión puntual sobre Shell, las resoluciones fueron firmadas por sus subsecretarios. Sin embargo, la OA pidió que sea el Presidente quien decida qué funcionario resolverá esas cuestiones.

La OA analizó en particular el caso de las licitaciones que hizo Cammesa en abril pasado, cuando la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista le adjudicó la contratación de siete barcos de gasoil (de los ocho licitados) a la empresa Shell Western Supply.

En ese momento, el propio ministro solicitó ser auditado, a través de una carta a Alonso y al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Dictamen

En su dictamen, la OA concluyó que “no surge ninguna intervención del ministro de Energía” en la etapa de selección de proveedores de gasoil. De todos modos, le pidió a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que haga un análisis más minucioso del caso para evaluar cómo fue el procedimiento interno.

El camino hasta llegar a esta resolución le demandó a la OA varios meses. El organismo explicó los pasos que siguió desde que el caso fue denunciado, el 16 de marzo pasado. Tras elaborar un informe inicial, durante abril y mayo el organismo solicitó documentación a Shell, al Ministerio de Energía y a Cammesa. Entre principios de junio y mediados de julio, el trámite entró en una impasse, ya que el juez federal Luis Rodríguez pidió los expedientes para incorporarlos a la causa que instruye contra Aranguren por negociaciones incompatibles con la función pública.

El 4 de agosto, el ministro presentó su descargo. Dos semanas después, el informe técnico fue concluido y elevado a la dirección de asuntos jurídicos del Ministerio de Justicia.

En su descargo el ministro de Energía le manifestó a la Oficina Anticorrupción: “Mi decisión de aceptar el cargo no obedece sino al propósito de aportar mi experiencia al equipo de gobierno en miras del bien general de nuestro país. (…) No he obtenido en ello ningún beneficio personal indebido. Por el contrario, busco cumplir con las responsabilidades de mi cargo observando estrictamente los principios de transparencia y rectitud. En este sentido, me abstengo de intervenir en todas las cuestiones particulares de Shell”.

Además, aseguró que la incidencia que tienen las operaciones de la filial argentina en las acciones de la petrolera angloholandesa es “ínfimo e insignificante” y pidió que se desestime la denuncia.

 

fuente LA NACIÒN

Comments

comments