El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que el ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar “Caballo” Suárez vaya a juicio oral y público por haber interrumpido el paso de buques en cinco ocasiones.

La fiscalía le pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que envíe a juicio al sindicalista por el artículo 190 del Código Penal, el cual prevé penas de dos a ocho años de prisión al que “a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave”.

Se le imputa haber privado a los buques cargados de combustible del servicio de remolcadores para poder ingresar a puerto.

Las extorsiones fueron denunciadas por la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos y las empresas Vessel SA y National Shipping.
El fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsó el juicio del gremialista, recientemente amplió la acusación contra Suárez como jefe de una asociación ilícita y lavado de dinero lo que determinó que el juez Canicoba Corral dispusiera una ampliación de su procesamiento y dictara un pedido de captura en su contra.

Suárez, un sindicalista muy polémico, fue el martes pasado a los tribunales a ponerse a disposición y quedó detenido en la puerta del juzgado de Canicoba Corral.

Las extorsiones “estarían relacionadas con la negativa de algunas compañías a realizar donaciones, liberalidades y otras contribuciones monetarias que serían ilegítimamente exigidas por el SOMU con el pretexto de campañas de capacitación para sus afiliados. De este modo, el dinero obtenido sería ingresado a la Fundación Azul, del sindicato, y, desde allí, derivado a la empresa Marítima San Jorge”, argumentó Pollicita.

En cinco casos se dio por probado que Suárez extorsionaba a las empresas para dejarlas operar. Incluye buques metaneros que, desde 2008, empezaron a descargar gas licuado en el puerto de Escobar y cuya cuenta final pagaba Enarsa.

Suárez además transfería fondos entre empresas relacionadas con él y su entorno: San Jorge Marítima, en la que el SOMU tiene 20 % de las acciones, recibió millones de dólares por cursos de capacitación.

A su vez la empresa facturaba por cursos de inglés supuestamente tomados por los marineros para que pudieran embarcar en buques extranjeros, pero esas clases nunca se dieron.

La sospecha es que se montó un grupo de firmas destinadas a sacar dinero del sindicato a través de San Jorge Marítima y que esa jugada escondería maniobras de lavado de activos, por lo que enfrenta un nuevo caso.

 

fuente LA NACIÒN

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