El Consejo de la Magistratura recibe cada vez más denuncias contra jueces: en 2015 hubo 194 presentaciones para pedir que un magistrado fuera sancionado o removido; en lo que va de 2016, ya hubo 275.
Ningún otro año, de 2011 en adelante, había registrado tantas denuncias como las que se radicaron este año. Los datos, de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, reflejan un malestar con las decisiones de jueces nacionales y federales que, en la mayoría de los casos, no se traducen en expedientes que vayan a prosperar. Casi la totalidad de las denuncias que llegan al Consejo terminan desestimadas o archivadas.
Más de la mitad no pasa siquiera el primer control de admisibilidad, advierten los funcionarios que las reciben. Se desestiman in limine, es decir, sin darles trámite, por «manifiestamente improcedentes»: son incomprensibles, relatan hechos ajenos a la competencia del Consejo o sólo responden a la indignación de quien perdió en los tribunales y busca en el sistema disciplinario una instancia más para su caso.
En la actualidad, hay 213 expedientes en trámite, según el sitio del Consejo. Desde 2002 hubo 29 jueces sometidos a juicio; 16 fueron destituidos, cinco absueltos y ocho renunciaron antes de que los echaran (como Norberto Oyarbide).
En total, en la historia argentina fueron 58 los juicios políticos a nivel nacional y 45 las destituciones; 27 de ellas (más del 60%), de los últimos 25 años, según un informe de la Universidad Austral, que comparó los datos con los de Estados Unidos, donde en 230 años de vigencia de su Constitución «sólo se han destituido 13 jueces».
Según el profesor Alfonso Santiago, responsable del informe de la Austral, «se advierte un incremento de los juicios políticos a jueces en los últimos 25 años», que se debe, por un lado, «al aumento de las situaciones de mala conducta y mal desempeño» y, por el otro, a un «relativo mejor funcionamiento de los procesos de remoción a partir de la reforma de 1994». Esa reforma constitucional creó el Consejo de la Magistratura y puso en manos de este organismo el control de la conducta de los jueces, la evaluación por concurso de los aspirantes a magistrados y la administración del Poder Judicial.
Hoy, el Consejo recibe las denuncias, las investiga y decide si un juez debe ser sometido o no a juicio político. Si considera que sí (para eso requiere una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes del plenario) envía el caso al Jurado de Enjuiciamiento, que está integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal.
Este tribunal es el responsable de llevar adelante el juicio político. Las causales para remover a un juez están previstas en la Constitución Nacional y son «mal desempeño», «delito en el ejercicio de sus funciones» o «crímenes comunes». Antes, todo el proceso se desarrollaba en el Congreso de la Nación. El rol que hoy tiene el Consejo le correspondía a la Cámara de Diputados y el juicio, al Senado.
Según la información provista a LA NACION por fuentes oficiales, desde 2002 el Consejo elevó al Jurado de Enjuiciamiento 29 acusaciones contra jueces.
La presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, la abogada Adriana Donato, afirmó que el alto número de denuncias que se registra se debe a que la gente hoy se involucra y reclama más. «No necesariamente hay más jueces malos -advirtió-. La prueba está en que hay un alto índice de desestimaciones, pero con la consolidación de la democracia es razonable que la gente reclame más. Antes no se sabía siquiera que había un Consejo de la Magistratura.»
Donato explicó asimismo por qué la mayoría de las denuncias se desestiman. «Nosotros no somos una instancia revisora», dijo, y advirtió que incluso en los casos de error judicial, es a los tribunales y no al Consejo a quienes les corresponde intervenir y revisar las sentencias, en aquellas ocasiones que corresponda.
El camarista Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, coincidió en que «en materia de remoción el sistema funciona mejor» que antes porque -dijo- «se consigue remover a los jueces que realmente deben ser removidos, lo que no pasaba cuando era la Cámara de Diputados la que investigaba, con más influencias políticas».
«En los últimos diez años, cuando se le inicia un proceso en general se trata de jueces que son culpables, salvo raras excepciones», afirmó Recondo. Dijo, en cambio, que el Consejo funciona peor en materia de selección. «Más allá de las influencias políticas, los concursos no son aptos para determinar quién va a ser un buen juez. Ser bueno académicamente no es suficiente.»
La camarista de la Casación María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la agrupación Justicia Legítima, coincidió en que gran parte de las denuncias presentadas ante el Consejo no tienen que ver con la competencia de este organismo y consideró que se multiplican porque «la gente entiende el fallo en su contra como una prevaricación».
«Es muy difícil entender que es razonable lo que no te da la razón. He conocido denunciantes que tenían denunciados a todo el fuero? Uno que había incluido en su denuncia incluso a los jubilados», relató. «Los jueces no solemos estar pendientes de las denuncias que tenemos, porque no podríamos trabajar. En general nos enteramos de una denuncia cuando nos mandan la copia de la desestimación.»
El proceso ante el Consejo prevé varias instancias de participación del juez denunciado, que puede presentar descargos en persona o por escrito. En cualquier momento del trámite, el acusado puede presentar su renuncia y es facultad del Poder Ejecutivo aceptarla o no. Si la acepta, el proceso se cierra y el juez abandona el cargo. Este suele ser el camino elegido por quienes saben que no van a sobrevivir al jury, pero aspiran a conservar su jubilación de jueces.
Cómo se controla a los magistrados
Los encargados
Desde que entró en vigencia la reforma constitucional de 1994, los juicios políticos de los jueces (salvo los de la Corte Suprema) los hace el Jurado de Enjuiciamiento, previa acusación del Consejo de la Magistratura, que puede también suspenderlos
La denuncia
Cualquiera puede denunciar a un juez ante el Consejo, que decide si abre el jury, sanciona al juez con un castigo menor o desestima la denuncia
Más acusaciones
En lo que va del año ya se recibieron 275 denuncias, más que en cada uno de los cinco años anteriores
Las sanciones
Casi todas las denuncias terminan desestimadas. Sin embargo, los juries son muchos más que en EE.UU., según un informe de la Universidad Austral.
fuente LA NACIÒN
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