Como el viento, la estrategia para desplazar a Alejandra Gils Carbó cambia de dirección de manera imprevista y en cuestión de horas. Tras la constitución de la comisión bicameral que deberá controlar el funcionamiento de la Procuración General, el escenario de la destitución comenzó a perder terreno y todas las fichas, del Gobierno y de los sectores del PJ que no quieren a la funcionaria, estarán puestas en acotar su permanencia en el cargo, hoy vitalicio, a un período de cinco años mediante la sanción de una nueva ley de Ministerio Público.

Por otro lado, y con la mira puesta en agosto de 2017, cuando vencería el nuevo mandato de Gils Carbó, el Gobierno tiene previsto dar luz verde a la puesta en marcha en cinco provincias del nuevo Código Procesal Penal (CPP) en el segundo semestre del año próximo, tal cual lo impulsa la comisión bicameral de implementación del CPP que preside el senador Rodolfo Urtubey (FPV-Salta).
La señal será la presentación de un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia de Germán Garavano que modificará, para adaptarlo a los últimos cambios procesales convalidados o en camino de ser aprobados por el Congreso, el código sancionado durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
La fecha no es antojadiza. El nuevo CPP instaura el sistema acusatorio en materia penal, el cual otorga amplias facultades y deja la responsabilidad de la investigación en manos de los fiscales, reducto que maneja Gils Carbó. En otras palabras, la intención del Gobierno es que el cambio de paradigma encuentre a la funcionaria fuera de la Procuración.
Defendida sólo por el kirchnerismo ortodoxo, la jefa de los fiscales, sin embargo, se ha visto beneficiada esta semana que pasó por la pulseada política que rodea el tratamiento de un nuevo proyecto de ley de Ministerio Público, que busca modificar la sancionada en junio de 2015 por el kirchnerismo y que la oposición calificó entonces como un traje a medida para justificar las polémicas decisiones adoptadas por Gils Carbó desde que llegó al cargo, en agosto de 2012.

La pelea de fondo que se abrió ahora es entre Cambiemos y el Frente Renovador. En su intención por conseguir la nueva ley, el oficialismo realizó una serie de concesiones al sector liderado por Sergio Massa, sin obtener resultados por el momento.

Proyecto oficial
Sin embargo, en el bloque de diputados y senadores de Cambiemos se entusiasman con que el proyecto del Gobierno comenzará a destrabarse a partir de la última y más notoria de las concesiones otorgadas al massismo: la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público a la diputada Graciela Camaño (FR-Buenos Aires). Otros oficialistas, sin embargo, acusan a Massa de “correr el arco” todo el tiempo y aseguran que lo hace porque no quiere una nueva ley.

Pero los vientos cambian constantemente y en la semana que pasó el FPV no kirchnerista planteó cuestionamientos al procedimiento impulsado por el oficialismo en el proyecto de ley para destituir al procurador, que reemplazaba el juicio político (que requiere el voto de los dos tercios en ambas cámaras) por uno más asequible para el oficialismo, en el cual sólo se necesitaría de una acusación por mal desempeño de la comisión bicameral y el apoyo de los dos tercios en el Senado.

“No se puede aplicar ese sistema porque los senadores (que integren la bicameral) no pueden acusar y destituir; estarían prejuzgando. Por eso se va a mantener el juicio político”, explicó un senador del FPV.

De esta manera se cierra el camino a la destitución en la estrategia pensada por el Gobierno para conseguir la salida de Gils Carbó. Quedan en pie los otros dos escenarios: la renuncia ante la presión por las supuestas irregularidades que pueda encontrar la comisión bicameral o, nueva ley mediante, el acotamiento del mandato acinco años.

Mientras tanto, el ministro Garavano prepara un proyecto de ley que introducirá modificaciones al Código Procesal Penal.

Al contrario de lo que se especuló, no se tratará de una reforma integral, sino que será una actualización del texto sancionado en el kirchnerismo para introducir las herramientas procesales aprobadas o en camino de sanción por el Congreso, como por ejemplo la figura del arrepentido para los denominados delitos de corrupción.

Como contrapartida, la comisión bicameral a cargo de la instrumentación del nuevo CPP anunciará en las próximas semanas la puesta en marcha del Código en los distritos judiciales Norte (Salta y Jujuy) y Sur (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

Con ese fin, la comisión que preside el senador salteño Urtubey viene realizando seminarios en el interior (el último, este viernes en la localidad de Comodoro Rivadavia, en Chubut) para instruir a jueces, fiscales y funcionarios judiciales sobre los cambios que implicará el sistema acusatorio.

 

fuente LA NACIÒN

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