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Cristóbal López cosechó en la Corte un duro revés judicial

La Corte Suprema de Justicia decidió ayer que el empresario kirchnerista Cristóbal López no podrá retener en Comodoro Rivadavia, su pago chico, el concurso de acreedores de Oil Combustibles, la petrolera con la que le adeuda al Estado nacional casi $ 8000 millones en impuestos.

La decisión de la Corte se plasmó en apenas siete renglones, con la firma de cuatro integrantes: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, en tanto que no participó su más flamante miembro, Carlos Rosenkrantz.
«De conformidad con lo dictaminado por el señor procurador fiscal [por Víctor Abramovich, en reemplazo de Alejandra Gils Carbó ], se declara que resulta competente para conocer en el concurso preventivo de Oil Combustibles la Justicia Nacional en lo Comercial», falló el tribunal.
La Corte ordenó comunicarle su decisión al juez de Comodoro, Gustavo Toquier, quien se resistía a soltar el expediente, a pesar de los planteos coincidentes del juez nacional en lo Comercial Héctor Hugo Vitale, los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Procuración de Chubut.
El fallo de la Corte complica así la estrategia de López y de su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, quienes pretendían negociar con sus acreedores desde una posición de mayor fuerza, en Comodoro Rivadavia, aunque el «zar del juego» ganó al menos cinco meses y medio de tiempo para planear sus pasos, ante lo que se vislumbraba como un traspié inminente en el máximo tribunal del país.

La semana pasada, el dictamen de la Procuración le había marcado la senda a la Corte, al concluir que el concurso debía tramitarse en Buenos Aires.
«Del examen de las constancias de la causa surge que al momento de la presentación en concurso preventivo -30 de marzo- se hallaba subsistente la inscripción registral del domicilio de Oil Combustibles en la ciudad de Buenos Aires ante la Inspección General de Justicia con asiento en esta jurisdicción», estimó Abramovich.

«Si bien la sociedad había iniciado el procedimiento para cambiar su domicilio legal a la provincia de Chubut en julio de 2015 -abundó-, esa modificación no fue culminada con anterioridad a la presentación del concurso preventivo.»

Para López, de todos modos, el concurso de Oil es uno de sus varios frentes abiertos en los tribunales. También afronta una causa en el fuero penal económico por la evasión agravada de los impuestos a las ganancias e IVA, y los aportes previsionales de sus empleados, así como otra en el fuero federal por su supuesto rol como partícipe necesario en una presunta administración fraudulenta del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en perjuicio del Estado.

En el fuero Penal Económico, por lo pronto, López adelantó que quiere cerrar esa pesquisa. Informó que se acogerá a la moratoria, lo que conllevaría la suspensión de la acción penal, según establece la ley que aprobó el Congreso a instancias del gobierno de Mauricio Macri.

En el fuero en lo Contencioso Administrativo, mientras tanto, el juez Esteban Furnari ordenó una veeduría sobre varias empresas del Grupo Indalo, cuyos primeros informes son muy críticos de la operatoria montada por López y De Sousa, según reveló ayer el diario Clarín.

«Apropiación indebida»

Según el veedor Marcelo Manograsso, la deuda que acumuló Oil por casi $ 8000 millones es «una deliberada decisión empresaria, común a todas las firmas del grupo [Indalo], enderezada a justificar un estado de cesación de pagos revelador de una supuesta insuficiencia del patrimonio empresario para hacer frente a sus obligaciones presentes y futuras en forma normal y regular».

«Desde el punto de vista fáctico se observa un meditado despliegue de medios económicos y financieros para conformar en su faz exterior una empresa [por Oil] cuya actividad superficial era la explotación, industrialización, transporte, distribución y venta de hidrocarburos -explicó el veedor-, pero que en el fondo quedaba desnaturalizada por su real actividad que consistía en la apropiación indebida de recursos fiscales, valiéndose de condiciones especiales de ingreso (planes de facilidades de pago especialmente otorgados), y así derivarlos a otras operaciones y finalidades.»

Así, para Manograsso, toda la estructura del Grupo Indalo está en riesgo. «La profusa existencia de operaciones entre firmas controladas y/o vinculadas con transacciones cuyos resultados son contingentes e imprevisibles a futuro, conlleva a que la suerte de una empresa tenga un efecto de arrastre hacia todas las demás, contagiando y extendiendo el marco de incertidumbre respecto de la consideración de cada una de ellas como empresa en marcha

Destino no deseado

Estrategia

López pretendía que el concurso por la deuda de $ 8000 millones tramitara en Comodoro Rivadavia

Por unanimidad

La Corte sopesó que Oil Combustibles tiene domicilio en Buenos Aires

 

fuente LA NACIÒN

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