Sociedades offshore. Acciones prendadas a favor del prestamista. Tribunales estadounidenses y franceses para dirimir conflictos. Posibilidades de solicitar cancelaciones de dinero de un préstamo. Todo esto fue firmado por YPF a mediados de 2013 para cerrar un acuerdo con la estadounidense Chevron. El presidente y CEO de esa época, Miguel Galuccio, hizo una serie de concesiones para conseguir esa inversión, con el aval de la entonces presidenta Cristina Kirchner.

Por un fallo judicial -logrado luego de un pedido de acceso a la información promovido por el ex senador Ruben Giustiniani- YPF tendrá que mostrar el pacto comercial con la petrolera estadounidense. No es un contrato, son 26, divididos en 12 “principales” y 14 “complementarios”.

Si el Gobierno anterior inflamó su discurso de críticas a las sociedades offshore, a los tribunales internacionales y a las concesiones de un Estado nacional a las corporaciones, Miguel Galuccio -presidente y CEO de YPF en julio de 2013- no se dio por enterado. El convenio YPF-Chevron está lleno de cláusulas especiales. En YPF todavía las defienden como “habituales” en el negocio. Sin embargo, ejecutivos y abogados del sector las consideran que son “excepcionales”.

Para invertir en Vaca Muerta, Chevron no le envió dinero a YPF en la Argentina. La plata fue dirigida a una filial de YPF en EE.UU, llamada YPF Shale Holdings. Esta sociedad está conformada en el estado de Delaware, una práctica usual en las corporaciones porque allí hay beneficios impositivos.

En el medio, el dinero también podía cobijarse en sociedades offshore de YPF en Bermudas y Uruguay. “Fue la época de los embargos de los fondos buitre a la deuda argentina, de la fragata Libertad (quedó detenida por una orden de la justicia estadounidense) y problemas judiciales de Chevron con Ecuador”, justifica Daniel González, director de Finanzas de YPF por entonces, que continúa.

YPF ya presentó el contrato en la justicia, pero lo hizo con “tachaduras”. Por eso, Giustiniani lo rechazó y exigió que se lo informe por completo. En los acuerdos firmados, Chevron es denominado “prestamista” e YPF en “tomador” de ese préstamo, que es el dinero desembolsado por Chevron.

El prestamista -Chevron- le impone a YPF condiciones. Para cubrirse de supuestos incumplimientos, YPF tuvo que prendar las acciones de YPF Uruguay (una de las sociedades del contrato) en favor de Chevron. También tuvo que hacerlo con la otra offshore de la operación, YPF Bermudas, donde se estableció un contrato de “prenda sobre la participación de un socio a favor del prestamista”.

Si había desacuerdos judiciales, los mismos se dirimirían en tribunales de Nueva York y la Corte internacional de París. No en Buenos Aires. Igual, en otra claúsula, Chevron se aseguró la facultad de cambiar la jurisdicción del préstamo a otra sede.

Frente al potencial que la Argentina impusiera nuevos impuestos, YPF le garantizó a Chevron que no habría nuevos tributos. Y que si los imponían, la petrolera estatal se haría cargo.

Si surgía algún problema en la concesión, YPF le otorgó facultades a Chevron para rescindir el contrato por “incumplimiento”. También el prestamista posee el derecho a modificar el proyecto de inversión si existe un “efecto sustancial adverso”, que es un “cambio sustancial adverso en las actividades comerciales”. En ese caso, también estaba en condiciones de solicitar “cancelaciones anticipadas”. Ejecutivos y abogados del sector petrolero consultados por Clarín explicaron que la cantidad de concesiones es “inusual” para un contrato de esas características.

fuente CLARÌN

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