Justo cuando la discusión del Presupuesto 2017 comenzó a dar los primeros pasos en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia saldrá a mostrar chapa de administradora eficiente de sus recursos. Difundirá cifras que, de alguna manera, aportarán elementos para un debate adicional: cómo garantizar una autarquía verdadera para el Poder Judicial de la Nación.

Entre otros datos, destacará que cumplió 104 meses consecutivos con superávit que le permiten en la actualidad contar con reservas propias por casi 11. 000 millones de pesos.

De acuerdo con un informe de gestión -al que tuvo acceso Clarín- elaborado por la Secretaría General de Administración, a cargo del contador Héctor Daniel Marchi, las reservas mencionadas están depositadas en los bancos Nación y Ciudad de Buenos Aires en colocaciones a plazo fijo. Y suman exactamente 10.495.200.140 pesos.

Si a este total se le suman los créditos por cobrar que tiene la Corte (por dinero que le prestó a la Magistratura para pagar sueldos y otros rubros) la cifra trepa a 13.962.557.983 pesos.

Desde 2008 hasta la fecha, el plan de gestión apuntó a la generación de superávits y la creación de fondos de reserva. Para lograrlo, estableció un estricto control de gastos, fijó límites al endeudamiento (de hecho, la Corte en estos 104 meses no recibió préstamos de ningún origen ni anticipos del Tesoro Nacional) y redujo la planta de personal por la vía de no cubrir las vacantes que se produjeron por jubilaciones.

De hecho, en 2008 mantenía un 77% sobre el total de su planta de personal potencial y esa relación bajó a 63% en 2016. En el mismo período la dotación de la Administración Pública Nacional, por ejemplo, registró un crecimiento de 36%, según los registros oficiales.

En términos anuales, el superávit propio de la Corte vino registrando una evolución ascendente, aunque en pesos nominales, arrancando con 578.631.221 pesos en 2008 hasta los 1.473 millones de pesos acumulados entre enero y agosto de este año. El resultado sólo tuvo un marcado bajón en 2013, cuando la Corte tuvo que transferir $ 810 millones al Consejo de la Magistratura para pagar sueldos y cargas sociales.

En ese sentido, los expertos remarcan una diferenciación clave: la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura operan como dos órganos independientes entre sí que tienen sus propias administraciones, sus propios presupuestos y sus propios criterios de gestión.

La eficiente administración de sus recursos le da a la Corte Suprema espaldas para sostener su autonomía respecto del poder político de turno, coinciden los expertos.

Una simple cuenta pone en evidencia esta afirmación: el superávit acumulado le permitiría a la Corte “sobrevivir” con recursos propios durante cuatro años, aun en el caso de no recibir del Tesoro Nacional ni un sólo peso de su presupuesto.

Son cuatro años que, no por casualidad, coinciden con un período presidencial. Y esa fortaleza económica sería un elemento clave para garantizar el ejercicio independiente de la administración de Justicia, explican.

Por eso, la salud financiera lograda por la Corte a partir de 2008 ha reavivado un debate sobre la necesidad de reformar la Ley de Autarquía del Poder Judicial de la Nación, que “establece sólo la independencia financiera pero no presupuestaria”.

Es decir, aunque cuenta con recursos propios que provienen de la afectación específica de una parte de la recaudación impositiva y del cobro de la tasa de Justicia, -y gasta menos de lo que recibe- no puede elaborar directamente su Presupuesto y enviarlo al Congreso para su aprobación. Debe pasar el filtro de la Secretaría de Hacienda, tanto para la determinación de las partidas como para la ejecución de la mismas a lo largo del año.

Para 2017, la Corte Suprema presupuestó un total de $ 6.688 millones, a sabiendas de que Hacienda le asignaría un poco menos de la mitad de los recursos pretendidos.

En la acordada firmada el 2 de septiembre último, donde establecieron sus necesidades presupuestarias para el año próximo, los ministros de la Corte advirtieron que “los techos presupuestarios… resultan insuficientes para el nivel de necesidades mínimas” del Tribunal. Y reclamaron además “la incorporación de los remanentes de ejercicios anteriores”.

 

 

fuente CLARÌN

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