La obsesión del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo (Cambiemos), es ganarle la batalla a la delincuencia, pero también a la sensación de inseguridad de los ciudadanos.
Por eso, el mandatario quiere controlar por ley la información y difusión de la tarea de los fiscales. Pero su iniciativa encuentra fuerte resistencia de la oposición así como de entidades periodísticas, que aseguran estar frente a un “cepo judicial” que impactará en el “normal flujo” de datos, lo que podría resultar en menos casos policiales en los medios.

Luego de elegir como jefe de los fiscales a Alejandro Gullé, su hombre de confianza para comandar y vigilar las investigaciones judiciales, el mandatario avanza ahora con la reforma de la ley 8008, de Ministerio Público Fiscal, norma que quedó frenada en la Legislatura provincial por la polémica que desató el artículo número siete.
El nuevo apartado establece la prohibición a los fiscales de hablar con los medios de prensa y dispone que la información “será proporcionada por oficinas habilitadas al efecto por la Procuración General”. Además, estipula sanciones para los funcionarios judiciales que incumplan la restricción, entre las que figura la acusación de mal desempeño de sus funciones.

Así como había acuerdo en general y se avanzaba desde todos los sectores para modificar la estructura judicial y avalar el proyecto de ley en ambas cámaras, el enunciado sobre el control de la difusión de la información judicial hizo que todo se empantanara en Diputados.
Por eso, en la sesión de la semana pasada el Frente para la Victoria decidió no dar quórum para el tratamiento del proyecto, aunque el oficialismo cuente con los votos necesarios para su aprobación. El nuevo round será mañana en la Cámara baja provincial.

“Esto coarta el libre acceso a la información pública”, indicó la diputada justicialista Carina Segovia. Mientras, desde el radicalismo confirmaron que la postura, al menos por estas horas, es mantener la redacción del polémico artículo. Sin embargo, la presión crece con el correr de las horas.

Rechazo periodístico

Por su parte, mediante un comunicado, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se mostró preocupado por la posible aprobación del proyecto, que calificó como “cepo judicial”, que a su entender “implicaría una grave restricción al trabajo de los periodistas y un virtual condicionamiento de la garantía constitucional de la publicidad de los actos de gobierno”.

También desde el Sindicato de Prensa de Mendoza rechazaron la polémica iniciativa, que calificaron como “ley mordaza”. Al efecto, el sindicato sostuvo: “Rechazamos limitar la información oficial, pasible de recortes y manipulaciones funcionales a las necesidades oficiales, más aún en la actualidad, cuando de cuestiones de seguridad se trata”, indicaron.

“Este «cepo judicial» supone que toda información relacionada con la seguridad y con causas judiciales pasará por el «filtro» de un control político, lo que seguramente ocasionará demoras y distorsiones indebidas al ejercicio del derecho de informar, con perjuicio directo para la ciudadanía en lo que respecta a su derecho de recibir información con celeridad y precisión”, señalaron desde Fopea.

“Periodistas y fiscales son profesionales, cada uno en su ámbito de competencia, conscientes de la sensibilidad de los asuntos que conciernen a la seguridad y los casos que son motivo de investigación penal. Existe ya un marco jurídico que regula estos asuntos y pretender acotar aún más la cuestión implica transgredir el espíritu y la letra de la Constitución y el derecho a la información”, sostuvo el foro de periodistas.

 

fuente LA NACIÒN

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