La colección de ideas nobles y proyectos progresistas arruinados por la codicia y la corrupción kirchnerista suma otro caso desde hoy: el programa Capital Semilla, del ministerio de Industria que conducía Débora Giorgi fue lanzado en 2010 para empujar con “préstamos de honor” de entre 15.000 y 60.000 pesos a emprendedores y pequeños empresarios huérfanos de crédito y apoyo. Indudablemente necesario. Pero según descubrió la unidad de auditoría interna del ministerio de la Producción (sucesor de Industria), hasta el año pasado el programa entregó más de 360 millones de pesos sin ningún tipo de control. Sólo 18,4 millones fue rendido como corresponde: el 5% del total. No es todo: se le dio dinero a varias personas que presentaron el mismo proyecto, hubo ganadores y préstamos “duplicados”, transferencias de montos más grandes de los que correspondía, pagos a personas que no se habían inscripto en el programa y ganadores que jamás recibieron el dinero. La Oficina Anticorrupción presentará hoy una denuncia penal acusando de defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario a los encargados del programa.

Otra vez, volvamos al principio. La idea de sostener a los emprendedores jóvenes de todo el país y “generar peqeñas y medianas empresas de capital nacional” desde el Estado además de positiva y necesaria es casi obligatoria. Justamente por naturaleza y las características de los destinatarios, el mejor modo de ejecutar ese apoyo es a través de asignaciones directas de dinero. Para decidir quiénes recibirían esas pequeñas –pero para muhcos proyectos indispensables– inyecciones de plata, había dos instancias de evaluación. Los ganadores recibían el dinero y tenían seis meses para gastarlo en lo que habían propuesto. Bajo el gaseoso paraguas de un “préstamo de honor”; el monto solicitado debía ser devuelto, sin intereses ni gastos, sólo si el proyecto era exitoso. Si no, nada. Para evaluar los proyectos y “bajar” la plata, el ministerio de Débora Giorgi firmó un convenio con universidades nacionales.

Hasta ahí, bien. Pero no quedaba claro cómo se controlaría el uso del dinero. Sólo a través de dos resoluciones, de 2013 y 2015 se estableció que quienes recibían el préstamo, tras los seis meses para gastarlo, tenían 30 días de plazo para presentar facturas y comprobantes de los gastos. Según los auditores de Producción, “era la única manera que poseía el Estado Nacional para controlar que los beneficiarios aplicaran los gastos al destino propio, y para evaluar si el préstamo había o no generado ganancias al empresario.” Ahora vamos a la cancha. Entre 2010 y 2015, el programa Capital Semilla entregó 360.418.608 pesos. Pero según los papeles encontrados, sólo hay rendiciones presentadas por 18,425.849 pesos, es decir un 5,1% del total. Y esa propina sólo fue justificada sobre un 30% de la plata entregada en 2014. Sobre el resto del dinero, ése y los demás año, no hubo noticias. Ni nadie las reclamó nunca. “Puede afirmarse que el Estado Nacional, a través del Programa Capital Semilla, sencillamente ‘regalaba’ dinero sin control alguno”.

Esta alegre verbena con fondos públicos pronto alumbró más irregularidades. Los auditores detectaron préstamos a dos personas de San Juan que despúes se asociaron en un mismo proyecto (es obvio decir que esa trampa estaba prohibida); un porteño que en 2014 recibió dos préstamos de casi 40.000 pesos cada uno; otros dos beneficiarios que cobraron doble porque se presentaron en dos ventanillas distintas de la región Patagonia y Cuyo; ganadores que recibieron más plata de la que les había sido otorgada; 102 beneficiarios a quienes les transifrieron dos veces el monto acordado; otros 41 ganadores que no recibieron un peso aunque fueron legítimos ganadores; y en 2013 se aprobaron préstamos por diez millones, aunque sólo se transfirieron 7,4 millones. ¿Y el resto?.

 

fuente CLARÌN

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