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Un fiscal pidió el procesamiento de Cristóbal López y Echegaray

El empresario kirchnerista Cristóbal López cumplió ayer 60 años. Pero no recibió el mejor de los regalos. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer su procesamiento y el de su socio y lugarteniente en el Grupo Indalo, como protagonistas de un presunto fraude al Estado por $ 8000 millones, a través de su petrolera, Oil Combustibles.

Pollicita también avanzó contra las ex autoridades de la AFIP Ricardo Echegaray y Rubén Ángel Toninelli, y 18 funcionarios y técnicos del organismo tributario. Los consideró responsables de facilitar esa evasión multimillonaria para beneficiar a López y De Sousa, a quienes les aplicaron estándares de fiscalización excesivamente laxos.
Pidió, además, que se embargue a López y De Sousa hasta cubrir la suma de $ 8926 millones para cubrir el potencial desfalco al Estado.

En un dictamen de 76 carillas, el fiscal desgranó cómo se habrían cometido las maniobras en presunto perjuicio del Estado, en línea con la investigación periodística que LA NACION publicó desde el domingo 13 de marzo, centrada en el desvío del llamado impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC).

«La maniobra que se tiene por acreditada -explicó Pollicita- abarca el período que se inicia en mayo de 2013 y se extiende hasta diciembre de 2015, período durante el cual Oil Combustibles omitió el pago de los conceptos correspondientes al ITC, abonando únicamente siete períodos de los 55 en cuestión.»

A eso se sumó, completó el fiscal en su dictamen, que «los ex funcionarios [de la AFIP] indagados no reclamaron oportunamente el pago de la deuda, a la vez que habrían permitido por acción en algunas oportunidades y por omisión en otras, un gran número de irregularidades en el tratamiento, el otorgamiento y la posterior gestión de regímenes de facilidades de pago».
Gracias a esa tolerancia extraordinaria de la AFIP, que no se repitió con otras grandes petroleras, Oil Combustibles pudo valerse «indebidamente de esos fondos [retenidos del ITC] para financiar a otras sociedades del Grupo Indalo, del cual la nombrada [Oil] formaba parte, en perjuicio del Estado nacional, que, como consecuencia, dejó de percibir más de $ 5000 millones en concepto de capital, los que al momento de solicitar esta parte la declaración indagatoria alcanzaban la suma de más de $ 8900 millones con los intereses incluidos».

Toda esta operatoria ocurrió, según reconstruyó LA NACION, en un período clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC el precio de las naftas comenzó a subir. Y le alquiló, al menos, dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la familia Kirchner, a cambio de varios millones de pesos, según reveló LA NACION en marzo de 2015.

También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.

Tanto López y De Sousa como Echegaray defendieron la legalidad de lo ocurrido, negaron haber cometido un delito y afirmaron que la investigación penal que protagonizan es una «causa política» promovida por el gobierno de Mauricio Macri.

Con el dictamen fiscal en sus manos, el juez federal Julián Ercolini deberá evaluar ahora si procesa a López, De Sousa, Echegaray, Toninelli y la «línea» de la AFIP involucrada en la maniobra -Guillermo Michel, entre otros- o si dicta su falta de mérito a la espera de más evidencias para procesarlos o sobreseerlos.

 

fuente LA NACIÒN

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