Con los mismos argumentos que utilizó Cristina Kirchner, Lázaro Báez negó ayer ante la Justicia haber participado de una maniobra ilícita junto con la ex presidenta para que sus empresas fueran favorecidas con dinero de obras públicas viales. El empresario pidió ayer la misma medida en que se apoyó Cristina Kirchner: ampliar el objeto de la investigación a toda la obra pública durante los 12 años de kirchnerismo.
El empresario fue el primero que utilizó el argumento, allá por mayo, cuando declaró en la causa que investiga la «ruta del dinero K». En esa instancia, Báez señaló directamente a Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, como uno de los máximos beneficiarios del dinero que repartía el gobierno de los Kirchner. La misma lógica que utilizó el lunes Cristina Kirchner y que repitió el ex ministro de Planificación Julio De Vido.
«Es una especie de pacto de silencio», interpretaron fuentes judiciales que escucharon todas las audiencias.
En la indagatoria de Báez se rompió el clima políticamente correcto que reinaba en Comodoro Py. El ambiente se enrareció cuando su abogado, Maximiliano Rusconi, cuestionó el dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita, lo que motivó una acalorada respuesta del funcionario (ver aparte). Tuvo que intervenir el juez federal Julián Ercolini para calmar las aguas.
Báez presentó un escrito y permaneció callado durante toda la audiencia. Sólo confesó que no había dormido por la ansiedad que le generaba la indagatoria. No respondió preguntas y su defensa pidió que no se le leyeran las pruebas en su contra. Con su silencio, Báez evitó responder las acusaciones de los fiscales Pollicita e Ignacio Mahiques, que le imputan haber tenido un rol clave en lo que consideran una maniobra para desviar fondos públicos en su beneficio. El dictamen de los fiscales enumera una serie de hechos, que abarcan desde la constitución de su empresa cuatro días antes de que Néstor Kirchner asumiera como presidente hasta la adjudicación de 52 obras viales en Santa Cruz que no fueron controladas.
Las obras objetadas son tramos de la ruta nacional 3, de la nacional 288 y de la provincial 9, todas en Santa Cruz. Las tres fueron adjudicadas a la firma Kank y Costilla, una de las constructoras de Báez.
En silencio
La defensa del empresario, en cambio, negó todos los cargos, pidió que se detallara cuál es la prueba que pesa en su contra y aseguró que la Justicia quiere imputarle los mismos hechos que a Cristina Kirchner, aunque -sostiene- Báez nunca fue funcionario público. «El dictamen del fiscal que me involucra hace un relato de distintas circunstancias administrativas, procesos, controles, autorizaciones, pero lejos está de precisar, individualizar o mostrar algún acto u omisión atribuible, en algún momento temporoespacial, al suscripto», dice el escrito, al que accedió LA NACION.
Además de la auditoría sobre toda la obra pública kirchnerista, Báez sugirió distintas medidas de prueba, como citar a los actuales funcionarios de Vialidad Nacional para que expliquen cómo realizaron el informe que detectó irregularidades en las obras adjudicadas a Austral Construcciones y que forma parte de la prueba en la causa.
El empresario considera que la prueba ofrecida por los fiscales por el desvío de fondos públicos para la ejecución de obras viales en favor de sus empresas es «insuficiente», ya que se apoya en información aportada por la nueva gestión de Vialidad Nacional, a cargo de funcionarios macristas.
Por último, la defensa del empresario pidió que se realice un informe respecto de los costos de producción de obras viales asignadas a Báez y pidió comparar las licitaciones de dicho rubro adjudicadas en Santa Cruz con otras provincias.
El derrotero de Báez continuó en el despacho del juez federal Daniel Rafecas. El empresario se presentó como testigo para declarar por una denuncia realizada por el juez Sebastián Casanello cuando Báez dijo que se sentía «apretado» por la prisión preventiva que dictó el magistrado. Como era previsible, ante Rafecas, Báez ratificó estos dichos, vertidos en una entrevista periodística. «Terminó exhausto», dijeron fuentes judiciales que interactuaron con él hasta después del mediodía, antes de su traslado de regreso a la cárcel de Ezeiza.
La especulación sobre el posible cambio de estrategia judicial de Lázaro Báez quedó planteada ayer después de que sus hijos menores volvieron a expresar su intención de que el empresario pueda adherirse a la figura del arrepentido.
Casi como una herramienta de presión, Santiago Viola, abogado de los hijos, había protagonizado anteayer un fuerte contrapunto con Cristina Kirchner al afirmar que ambas familias tenían «negocios en común», vínculo que la ex presidenta había negado el lunes ante el juez Ercolini.
En diálogo con LA NACION, Rusconi, abogado de Báez, fue tajante sobre la posibilidad de que su defendido cambie de estrategia judicial: «Para que haya un arrepentido, hay que definir de qué hay que arrepentirse. Cuando me definan de qué tiene que arrepentirse, veremos si vamos a esa figura», declaró.
fuente LA NACIÒN
Relacionados
Resistencia y protesta mientras Milei dio discurso en el foro de Llao Llao
Tras el ascenso de Adorni, ahora Serenellini es ministro
La canasta de crianza aumentó un 50% este 2024