Aun si la convocatoria no llegara a ser masiva, la marcha de hoy cumplirá con su cuota de excepcionalidad.

Será la primera vez que la CGT y el triunvirato piquetero -conformado por la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)- confluirán en la calle, tras meses de acercamientos. Pero además, el llamado a la protesta surgió, en esta oportunidad, de las organizaciones sociales. La central obrera decidió luego acompañarlas en su reclamo por la emergencia social.
“Todos los gremios se van a movilizar”, aseguró anteayer Juan Carlos Schmid , uno de los jefes del triunvirato cegetista y quien cerrará el acto. Despejó, así, las dudas sobre el poder de movilización que desplegará la CGT. Todo parece indicar que la plaza del Congreso estará colmada, en la que será seguramente la protesta más convocante del año.
El reclamo principal es la sanción de la ley de emergencia social, un proyecto que contempla un aumento del 15% del monto de la Asignación Universal por Hijo, la creación de un millón de puestos de trabajo para las cooperativas sociales y un “salario social complementario” para los trabajadores de la economía informal.

Las organizaciones sociales se mantienen con la guardia en alto, ante la posibilidad de que su proyecto bandera no sea aprobado este año. Más allá de que están en alerta por lo que pudiera resolver el Poder Ejecutivo una vez convertido en ley el proyecto, contemplan que el apuro del oficialismo por bajar la persiana en Diputados y dilatar el tratamiento hasta el año próximo podría frustrar sus planes, sin la necesidad de que Mauricio Macri recurra a un veto. Por eso, advierten, redoblarán las protestas “si la ley no sale este año”.

Si bien mantienen un diálogo fluido con el Gobierno, canalizado sobre todo con el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley , las organizaciones consideran que las concesiones que les dio el macrismo hasta ahora fueron “meros paliativos” y no medidas de fondo para enfrentar la severa crisis económica.
Durante todo el año, el papel de las tres organizaciones sociales creció exponencialmente, consolidándose como referentes de una masa de trabajadores informales, huérfanos hasta ese entonces de interlocutores “formales” con el Gobierno.

El 7 de agosto, en el Día de San Cayetano, Barrios de Pie, la CTEP y la CCC confluyeron en un mismo reclamo por “pan, techo y trabajo”. A partir de esa jornada masiva se convirtieron en un actor protagónico y en el articulador de las demandas de su sector con funcionarios del Gobierno. A imagen y semejanza de la CGT, entablaron su propia mesa de diálogo, que el lunes volverá a reunirse con Stanley para definir mejoras para fin de año.

Doble vía

En septiembre, el rol de las agrupaciones dio un salto cualitativo. Comenzó a tender puentes hacia el sindicalismo y así comenzó a forjarse la alianza novedosa que hoy dará una muestra de su fuerza.

Al mismo tiempo construyó lazos con bloques opositores en el Congreso -a partir de legisladores propios del Movimiento Evita que integra la CTEP- y del GEN, cercano a Libres del Sur, cuya expresión territorial es Barrios de Pie. El trabajo en el Congreso se tradujo en la presentación y el avance del proyecto de emergencia social: la gran obsesión de los grupos piqueteros que se convirtió en un dolor de cabeza para el Gobierno por el elevado costo fiscal.

El triunvirato piquetero se convirtió en un actor clave para la gobernabilidad y la contención del clima social. En los últimos tiempos participó de las mesas de diálogo con los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo. Las organizaciones lograron allí diversas concesiones respaldadas, en parte, por la investidura del triunvirato cegetista.

La más reciente fue la realización del “relevamiento de barrios populares” para localizar a niños que no reciben hoy la AUH. El sondeo, a cargo de delegados de los grupos piqueteros, implica al Estado un desembolso de $ 55 millones, cuyo 10% percibirán directamente la CTEP, Barrios de Pie y la CCC.

En paralelo se desarrolla una mesa de diálogo en la cartera de Desarrollo Social, donde se les ofreció un bono de fin de año de $ 1000 por cada grupo familiar que perciba la AUH. El acuerdo fue rechazado y el lunes próximo, el Gobierno formalizará una nueva oferta. La postergación de la reunión, prevista originalmente para la semana pasada, agitó los ánimos en las organizaciones, que lo interpretaron como un “apriete”.

¿El diálogo con el Gobierno podría terminarse? Las organizaciones no están, por ahora, dispuestas a ceder en la concreción de su proyecto. Amenazan con que el entendimiento construido con el oficialismo podría implosionar.

“Sería una locura, una irresponsabilidad política vetar esta ley para las Fiestas. Habría un plan de lucha mucho más contundente”, advirtió ayer Emilio Pérsico, líder de la CTEP. Envalentonados por el apoyo de la CGT y el aval que transmitió la Iglesia, enviarán un mensaje al Gobierno, que quiere ahuyentar el fantasma de un diciembre conflictivo.

 

fuente LA NACIÒN

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