Carreras de galgos: los criadores desafían al Congreso

MARCOS JUÁREZ, Córdoba.- Los galgos volvieron a correr como lo hacen cada 15 días en el canódromo de Marcos Juárez, Córdoba, el Palermo de los perros. Ayer a la tarde, bajo un cielo amenazante cubierto de nubes oscuras, se reunieron más de 2000 personas de distintas partes del país para participar de lo que, temen, podría ser la última competencia, tras la sanción, la semana pasada, de la ley que prohíbe ese tipo de actividad por considerarla «maltrato animal».
En el aire enrarecido de la tarde, cargado por la bronca de los galgueros contra esta ley, flotaba el interrogante sobre qué pasará en el futuro con estas carreras. Nadie tiene la convicción de que la ley acabará con los canódromos «oficiales». Algunos piensan, como confió Rubén Andrada, de Granadero Baigorria, Córdoba, que la prohibición de las carreras «forzará a que las competencias se realicen en la clandestinidad, como ya ocurre en provincias como Santa Fe, donde están vedadas». «Eso será muy malo», reconoció.

La ley que aprobó el Congreso el jueves pasado, impulsada por la senadora Magdalena Odarda, prohíbe «en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza», y establece penas de tres meses a cuatro años de prisión, con multas de hasta 80.000 pesos, contra aquellos que «faciliten o realicen carreras de perros».
Los galgueros se atajan de las críticas de las asociaciones protectoras de animales que señalan que muchos animales son drogados para correr y sometidos a entrenamientos tortuosos para competir. Niegan que muchos perros sean trasladados en los baúles de los autos.

Alejandro Sánchez Kalbermatten, letrado que representa a las asociaciones de galgueros, confirmó -como anticipó LA NACION la semana pasada- que presentarán un recurso de amparo ante la justicia cordobesa para que se pueda realizar la competencia final el 10 y el 11 del mes próximo. El abogado señaló que cuestionarán la constitucionalidad de la ley, que consideran «discriminatoria y abusiva», y que «viola la autonomía de las provincias».
El ritual de las carreras de galgos tiene una larga tradición en la Argentina, explicó Alberto Magne, titular de la Asociación de Galgueros de Buenos Aires. Desde hace más de 60 años comenzaron a realizarse competencias con galgos, una actividad que está en el ojo de las críticas, pero que agrupa -según el dirigente- «a más de tres millones de personas».

Las semifinales del torneo nacional comenzaron después de las 9.30, pero desde el alba empezaron a llegar de distintos puntos del país al «Palermo de los galgos» autos con trailers con caniles. Desde temprano cada criador comenzó con el ritual del asado, mientras los perros esperaban atados a los árboles su turno para correr.

Sonia Rebelli vende desde hace una década remeras, toallas y muchos más recuerdos de galgos. La mujer, oriunda de Villa Huidobro, San Luis, única provincia donde las carreras están reguladas y autorizadas, explica que «hay cientos de familias que viven de este negocio durante todo el año». Cada galguero trae entre tres y cinco perros a las carreras.

La mayoría de los criadores viven en pueblos y localidades pequeñas del país y pertenecen a un estrato social medio hacia abajo. Los animales que compiten tienen entre dos y cinco años, una vida corta dentro del canódromo, donde si ganan algún gran premio aumenta su cotización.

Raúl Castro, criador santafecino, explicó que «un buen perro puede venderse entre 50.000 y 150.000 pesos». Enseguida agregó, como si las imágenes le hubieran aparecido de pronto: «Si un perro vale ese dinero, cómo lo vamos a maltratar, a alimentar mal y a golpear, como dijeron algunas personas la semana pasada cuando se trató la ley».

Antes de cada carrera, que se realiza sobre piso de tierra que riegan para ablandarlo, los perros pasan por una rotonda, que es como un escenario para que los apostadores elijan cuál puede ganar de acuerdo con su aspecto.

Las apuestan van de los $ 100 a los $ 500. Un rematador junta los boletos que vende voceando los nombres de los galgos con un tono aguardentoso. En esa rotonda, donde les ponen las pecheras con los números que los identificarán en la competencia, los examinan tres veterinarios. Uno de ellos, Lisandro Hernández, cuenta que les hacen un examen clínico y si perciben que algún animal está agitado le realizan una revisión cardiológica y le miden la temperatura.

«Si se sospecha que a algún animal le dieron un estimulante, no corre», apuntó. El veterinario desmitifica el argumento de que se les suministra cocaína para competir. «Si un animal toma esa sustancia no puede correr ni 10 metros», afirmó.

También se controla, según señalaron los médicos, que cada perro tenga el microchip que se le pone para llevar un registro. Desde esa rotonda, donde masajean a los perros con Átomo Desinflamante, los galgos y sus dueños se encaminan hasta la pista. Y tras un breve calentamiento, cada «soltador» mete a su perro en la gatera. Unos segundos después las puertas se abren y los animales salen disparados como un rayo detrás del rústico señuelo, que sólo tiene aspecto de liebre para los galgos.

Pedro salta y sale disparado, mientras Simón, un galgo blanco, se encamina en ventaja hacia la meta. Pedro, sus amigos y parientes corren a abrazar al perro que acaba de ganar. El muchacho abraza al perro y lo besa. Le toma la cabeza y lo mira fijo y le dice: «Por fin te decidiste a correr». «¿Viste, que esta vez corrió?», le grita a su mujer emocionada.

Al final de la carrera se realiza un examen de dopaje de orina al perro ganador para verificar si corrió estimulado por alguna sustancia. Hernández argumentó que «correr no genera maltrato, sino lo que le puede hacer el humano al perro».

«En esta actividad si un perro se quiebra se puede recuperar. En cambio en el turf o en el polo si un caballo se fractura va al matadero», concluyó.

Reclamo de las Madres del Dolor

«En poco tiempo» se trató el proyecto para prohibir las carreras de galgos con apoyo mayoritario en el Congreso, ley que incluye «penas de hasta cuatro años de prisión», pero «nada se hace» por aumentar las sanciones a quienes provoquen accidentes de tránsito que dejen víctimas mortales. El planteo lo hizo ayer Viviam Perrone, presidenta de Madres del Dolor, al reclamar un compromiso de los políticos ante los accidentes y sus consecuencias. «El mensaje que estamos dando es que en la Argentina la vida no vale nada, que la vida no importa», afirmó en un acto en el Obelisco, para recordar el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito. En 2015, según Luchemos por la Vida, hubo 7472 muertos en accidentes viales en el país.

fuente LA NACIÒN

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