Los jueces de la Cámara de Casación Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos tienen previsto realizar hoy una audiencia oral en la que las partes argumentarán a favor y en contra de desarchivar la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner, a la que acusó de encubrir a Irán en la causa del atentado contra la AMIA.

Los jueces tienen 20 días hábiles para expedirse, aunque tal vez lo hagan antes de fin de año.

Es probable que el tribunal, por mayoría, con los votos de Borinsky y Hornos, se pronuncie por reabrir el caso. Y que, además, decida separar de la causa al juez federal Daniel Rafecas, que ya se pronunció por tener el caso archivado, y a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, que también expresaron que no hay delito en lo que denunció Nisman cuatro días antes de morir. Éstos son los tres pedidos que hizo la DAIA en esta causa.

Lo que parece una simple incidencia no lo es, pues para el kirchnerismo fue una cuestión de Estado enterrar esta causa. La pelea fue tal que generó enfrentamientos en tribunales entre funcionarios identificados con el kirchnerismo y otros críticos del gobierno anterior.
El fiscal Germán Moldes, por ejemplo, cargó contra el fiscal Javier de Luca y el camarista Eduardo Freiler. Y argumentó que la muerte de Nisman estaba vinculada con esta denuncia.

La puja que se comenzará a cerrar el lunes arrancó el 14 de enero de 2015, cuando Nisman denunció a Cristina Kirchner; a su canciller, Héctor Timerman; al diputado camporista Andrés “Cuervo” Larroque; a los piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche; al supuesto agente inorgánico de la SIDE Allan Bogado, y al ex juez Héctor Yrimia.

Sobre la base de escuchas telefónicas, los acusó de haberse asociado en un plan de encubrimiento a Irán por su responsabilidad en el atentado a la AMIA, que iba a disolverse a través del memorándum firmado en 2013 entre Buenos Aires y Teherán.

La hipótesis del fiscal era que el pacto preveía dar de baja los pedidos de captura que pesan sobre funcionarios del régimen iraní. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó el caso y pidió 50 medidas de prueba, pero el juez Rafecas entendió que no había delito y archivó las actuaciones.

Las apelaciones del fiscal Germán Moldes llevaron el caso a la Cámara Federal, pero la Sala I del tribunal, con el voto de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, confirmó lo dicho por Rafecas. En la Casación, el caso no tuvo el impulso del fiscal Javier de Luca, que entendió que no había delito, y el caso quedó a punto de morir.

Lo resucitó este año la DAIA al presentarse con nuevos hechos. Volvieron Rafecas y la Cámara Federal a reiterar su convicción de que no había delito, y el asunto llega ahora, nuevamente, a la Casación.

El fiscal De Luca reiteró que no hay delito y fue muy crítico con la DAIA: “No es posible que unos jueces o fiscales, a pedido de un puñado de personas, sean éstas imputadas, víctimas o representantes de ellas, manejen las relaciones exteriores del país”, sostuvo. Sin impulso fiscal, el caso no tendría vida, pero la DAIA, que pretende ser querellante, pidió reabrir el caso.

Por eso, ahora la Casación convocará por primera vez a una audiencia oral y pública para que las partes puedan exponer sus argumentos a favor y en contra.

De Luca ya anticipó que no estará presente porque tiene licencia y presentará unas breves notas con sus argumentos. Así que expondrán la DAIA yel representante de Timerman.

 

fuente LA NACIÒN

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